Enfoque Derecho entrevista a Fernando Cáceres, abogado y Director Ejecutivo de Contribuyentes por Respeto

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Por: Milagros Mutsios, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho y Josefina Miró Quesada, directora de Enfoque Derecho.

ED: Para empezar, creo es menester que el lector conozca a qué se dedica la ONG “Contribuyentes por Respeto”. Cuéntanos, ¿cómo nace esta iniciativa y con qué finalidad?

FC: Contribuyentes por Respeto nace con un grupo de amigos que buscábamos incidir en las políticas públicas. Veíamos que el tema de las políticas públicas era un tema tocado esporádicamente, tal vez un medio hablaba al respecto, un empresario o un político, pero no veíamos que hubiera algo desde la sociedad civil organizado que impulsara esas ideas desde varios frentes. Frentes para hacer una especie de activismos de estas ideas, que pueden ser desde campañas educativas, análisis a partir de una mezcla entre Derecho y Economía, talleres con los empresarios sobre una serie de herramientas de políticas públicas que uno puede utilizar para incidir en ellas, y a través de varios canales distintos, sea televisión radio, etcétera

Frente a este escenario, lo que dijimos fue: vamos a buscar referentes internacionales que en mayor o menor medida hagan algo similar a lo que nosotros queremos desarrollar. Entonces, vimos al “Cato Institute a Atlas”, por mencionarte unos ejemplos. Así, algunas organizaciones se enfocan más en hacer análisis, dando a conocer la información con un lenguaje bastante técnico; y otras por el contrario, son más activista y usan un lenguaje más empático. Nosotros dijimos hay que hacer un poco de ambas. Es decir, buscar hacer el análisis, pero con un lenguaje lo más fácil posible. Entonces surgió así entre Mario Zúñiga y yo. Concebimos la idea de forjar un movimiento que incida en las políticas públicas desde varios frentes y la  idea era ir conociendo en el camino cómo hacerlo. Porque, claro, uno puede salir un  día hacer un artículo pero si no tiene fondos no podrá tener llegada. Poco a poco le fuimos dedicando más tiempo para convertirla en una institución.

ED: A partir de lo que me dices sobre el análisis que realiza Contribuyentes por Respeto sobre las políticas públicas, ¿ha habido alguna oportunidad en la cual una institución pública se haya acercado a pedirles un servicio o consulta?

FC: Sí, ha pasado que hemos empezado a tocar un tema en profundidad, por ejemplo, con pensiones públicas y temas de agua y así, hemos tenido acercamientos positivos o a veces no tan positivos de parte de los que estamos criticando. La ONP, por ejemplo, se nos acercó e intercambiamos bastantes ideas. Lo que pasa es que es una institución que está tan mal llevada no por este gobierno, sino por gobiernos anteriores que es muy difícil cambiar algunas ideas, por más que tu hagas desde el punto de vista de la ONP un buen plan de restructuración. En el caso de la SUNNAS, por otro lado, se nos acercó y tuvimos un intercambio de información cuando hablamos del desempeño de las EPS.

También ha ocurrido que entidades se molestaban porque habíamos tratado temas que los involucraba. Pero como nosotros nos sustentamos en datos exactos, una entidad puede no estar de acuerdo contigo, pero no puede decir que estás difamando. El reto está en decir las cosas sin la necesidad de personalizar o llevarlo más allá de lo estrictamente cierto.

ED: Uno de los programas que mayor atención me ha causado es el de la “Alerta Regulatoria”. Tengo entendido funciona como una especie de intermediación entre el ciudadano (o mejor dicho, contribuyente) y el congresista para transmitir su disconformidad respecto a una determinada iniciativa legislativa. A partir de esta experiencia, ¿cuáles podría decir son las principales quejas o reclamos que tenemos para con quienes nos representan en el Congreso?

FC: Yo creo que en el Perú hay mucho que desarrollar en términos de ciudadanía. Normalmente, los peruanos somos muy pasivos, a veces eso es crédito de la política misma que nos hace creer que nadie nos va a escuchar. En ese marco, la “Alerta Regulatoria” no es una herramienta que nosotros consideremos que ha funcionado como quisiéramos hasta ahora, pero sí creemos que, en la medida en que se logre un mayor desarrollo de ciudadanía, a nivel por ejemplo de estudiantes, se pueda llegar a impulsar el cuestionamiento de proyectos de leyes con medidas más eficientes. De hecho siempre hemos tenido en mente el cómo acercarnos más a los estudiantes, y hacer crecer la base de la asociación para que represente a una mayor cantidad de gente. Este grupo, de repente no va a aportar con trabajo o con dinero, pero sí aportará con algunas acciones que marquen la diferencia, como la movilización de la Unión Civil, por ejemplo. Una de las cosas que buscamos a futuro es desarrollar mayores alianzas con alumnos que nos den mayor representatividad. La idea es representar a gente que tiene una visión común; es decir, si tú crees en las libertades, si crees en los mercados competitivos, en un Estado de Derecho, en la responsabilidad de las personas, vamos a estar de todas maneras sincronizados; entonces, sería perfecto tener una mayor base para poder incidir en lo que hagan los políticos.

ED: ¿Existe alguna tendencia manifiesta en estas iniciativas? ¿Bajo qué criterios califican estos proyectos de ley? Porque da la impresión que lo que más suele resaltar es el tinte populista que la mayoría presenta. Digamos, ¿cuándo un proyecto de ley califica como bajo “alerta”?

FC: La alerta misma viene por una revisión de la página web del congreso y el cruce de información que  hacemos con gente que trabaja en el Congreso para saber con qué fuerza algo viene, pero también lo mezclamos con algo llamativo. Hasta ahora, los temas de “alerta” no se han estructurado como algo tan técnico, como sí “Plaza Bolívar” que refiere a un análisis semanal que es llevado en diferentes formatos como Gestión, Exitosa, y eso mismo lo vamos a convertir en un trabajo conjunto con el IPE y Reflexión Democrática, en un índice de buenas prácticas legislativas.

Por ahora, lo único que puedo mencionar es que hay ese trabajo, pero ahí si es una labor más técnica. La elección del proyecto no sólo va por el tema de qué nos parece o no interesante, sino que evaluamos tres aristas: la primera es hacer una lectura política, es decir, vemos el índice de aprobación de un determinado proyecto, y si concluimos que este es bajo, no lo tocamos. Las otras dos aristas ya vendrían que ser la coyuntura y el efecto socio-económico.

ED: No hace mucho salió un artículo de The New York Times sobre el salario mínimo (http://www.nytimes.com/2014/02/09/opinion/sunday/the-case-for-a-higher-minimum-wage.html?_r=0); un piso salarial que funciona como un eficaz medio que sustituye el débil poder de negociación de los trabajadores de bajos salarios, señalando que en la medida que éste se eleve, la pobreza y la desigualdad disminuirán. De hecho, es un clásico argumento de los laboralistas. Frente a ello, hay quienes aducen que los efectos que generan en la práctica son contrarios a los que se pretende perseguir, que se genera informalidad, mayores trabas para las Mypes, y demás. ¿Podría explicar más a fondo cuáles serían éstos?

FC: Justo el otro día veíamos unos documentos del Cato Institute donde hacían un análisis de lo que había pasado en los Estado Unidos en los años 50, 60s cuando se aumentó el salario mínimo y este paper concluía que se había generado desempleo. Porque, nos guste o no, hay personas que están capacitadas por debajo de este sueldo mínimo. Además veíamos que el porcentaje que representa nuestro sueldo mínimo del salario medio está por debajo, a diferencia de otros países que lo tiene parejo. Entonces existe una diferencia entre lo que suena bonito y lo que verdaderamente es bueno. De repente una visión más intervencionista, al ver fallas en el mercado, suele apresurarse a lanzar una propuesta sin necesidad de evaluar si hay una falla de Estado; es decir si la medida puede ser implementada, o si es que no va a generar más informalidad o más costos que beneficios.

Creo que el sueldo mínimo debe ir de la mano con la productividadl; si es que va a cumplir una función tendría necesariamente que ser de esa manera, sino es muy poco lo que el sueldo mínimo podría aportar. Yo creo que se podría hacer mucho más por los trabajadores con esquemas de exoneración y facilitación en la contratación que siempre tiene que ser temporales para que entren a la base formal del país. En ese sentido, si es que de una negociación mutuamente beneficiosa, en donde, tomando en cuenta las capacidades del trabajador, se acuerda que el sueldo es de 700 soles, quien quiera contratarlo no va a poder si es que quiere permanecer dentro de lo formal. Entonces, creo que el sueldo mínimo en general no es una medida muy sensata, lo que habría que hacerse es promover que se pueda contratar a una persona en vez de preocuparnos por fijar pisos a nivel de Estado.

ED: Hoy en día, ¿cómo evalúa la situación en el Perú respecto a temas de barreras burocráticas, simplificación de trámites, creación de un terreno propicio para atraer inversiones? El tema por ejemplo, de los diversos tipos de permisos o licencias que son necesarias para operar determinada actividad…

FC: Se han buscado atacar las barreras burocráticas a través de medidas, como por ejemplo, seguir procedimientos sancionatorios a funcionarios que traben las inversiones. Sin embargo, muchas veces estos medios no han sido efectivos a pesar de que se iniciaron como medidas positivas. Lo que no se ha hecho, por ejemplo, es impulsar desde el Estado la facilitación de una serie de mercados que son claves como por ejemplo, en el sector infraestructura. En este sector hay muchas inversiones embalsadas, aproximadamente 80 mil millones dólares embalsados.

ED: ¿Eso va por el tema de la entrega de las licencias?

FC: Cada Municipalidad es un feudo, estas no te dan permiso por un tema de creencias de riesgo para la salud, por más que la OMS te diga que no. La clave no está en interpretar que nunca vas a poder tener un riesgo cero, sino tratar de reducir el riesgo, vivir bajo límites máximo permisibles. En el mismo sector infraestructura no solamente hay problemas de barreras burocráticas, sino también hay muchos problemas de informalidad que, finalmente, puede convertirse en una gran barrera. Esa informalidad que primero viene del privado que hace competencia desleal o del usuario que realiza prácticas informales, pero que después viene del mismo Estado cuando no combate esas prácticas informales. Ese tema, definitivamente, es uno de los mayores agresores para el cierre de las brechas de infraestructura.

Hay una serie de medidas que están de lado del usuario, que ciertamente son responsabilidad de las personas, pero que si el Estado no entra a sancionar se convierten en una barrera burocrática que nunca acaba. No solamente es no concesionar la banda tal o la banda cual o sí hacerlo, también es que una vez que esto ya esté andando te preocupes porque se mantenga una ecuación económica financiera en el contrato que permita que la infraestructura llegue a más personas. Entonces, simplemente está en piloto automático, esto solo sigue para adelante, pero no se ven esfuerzos de parte de los Ministerios o reguladores por mejorar esta situación. Sí se ve -y mas bien esto es posible que tenga que ver con la orientación del gobierno de Humala- el enfrentar cada falla del mercado con una regulación o con una sobreregulación. Cada vez que hay un problema plantean una nueva regulación para solucionarlo. Tienen una noción de competencia que es más una noción de “la competencia que yo quiero que exista” y no el de una competencia libre, como ocurrió con las AFP’s. Es una idea medio intervencionista de la libre competencia que genera un montón de distorsión.

ED: Punto aparte, tengo entendido la Oficina Nacional de Gobierno Interior (ONAGI), que está adscrita al Ministerio del Interior, tiene entre sus funciones “garantizar el buen desarrollo de las promociones comerciales” y además, la facultad de imponer sanciones a sus impulsores si éstas no se desarrollan con la autorización que se requiere. Es decir, si una empresa saca una promoción 2×1 o 3×2, necesita una previa autorización por parte de esta entidad. Ahora, ¿qué hace un organismo adscrito al Ministerio del Interior regulando las ofertas de los supermercados o tiendas por departamentos? Más aún, sabiendo que estamos en un país con altos niveles de inseguridad y tantos deberes en dicha materia que priorizar…

FC: La ONAGI lo que hacía era coordinar que los gobernadores del Ejecutivo vengan a Lima a hacer actos proselitistas. Pero a su vez, tiene la facultad de autorizar todo lo que son sorteos, a través de una Resolución Directoral, lo cual es una facultad que en sí misma uno podría discutir. ¿Cuál es el sentido de que cada vez que se haga algún tipo de sorteos se tuviera que regular? Si es que hubiese transparencia, por ejemplo, en la misma página web de la empresa sobre cuánto es lo que se ofrece y cuántos productos, si alguno ya se agotó, una fiscalización ex post no tendría mucho sentido ni siquiera en caso se metan a ver si llegaron a entregar la cantidad de premios ofrecidos. Lo que están haciendo es una interpretación analógica, por la cual ahí donde dice “premios” debemos entender que el 2×1 o el 3×1 entra también en esa categoría. Creo que incluso la misma facultad de autorizar previamente vía Resolución Directoral los sorteos también es discutible, no pareciera ser una prioridad del Ministerio del Interior…Además, para eso está el INDECOPI.

ED: Lógico, a esa iba, ¿no debería el INDECOPI ser el encargado de regularlo?

FC: En un caso como ese, uno debería partir de analizar si el trabajo del INDECOPI está siendo eficiente o no, cosa que no estoy seguro se haya hecho. Si se encuentra que el trabajo de INDECOPI es defectuoso no necesariamente la medida más idónea sea irse al Ministerio del Interior; sí de repente crearle más facultades o darle más recursos al INDECOPI.

Si uno hace un cálculo sobre la probabilidad de detectar algún tipo de problema en algún trámite de manera ex post versus ex ante, uno incluso podría llegar a concluir que si tu haces suficientes fiscalizaciones ex post la probabilidad de encontrar un problema es mayor que si buscas controlar todo ex ante. Además, en un caso como ese lo que puedes hacer es trasladar la responsabilidad a las empresas para que cumplan con ciertos requisitos y si es que lo han incumplido en una fecha ex post, entonces, sí podrías aplicar sanciones masivas.

ED: Ahora, quisiera hablar un poco del tema de la piratería. El discurso típico es que se trata de un fenómeno nocivo para los derechos de autor, sin embargo, es algo paradójico que frente a ello las autoridades parecen no tomar el toro por las astas, y simplemente sea casi nula la acción por reprimirla. ¿Qué medidas podrían darse para combatir este fenómeno? ¿Cuáles son los costos sociales para reprimir esta práctica?

FC: El tema del contrabando y de la piratería más que sea un tema cultural, tiene mucho que ver también con las fronteras que tenemos, sobre todo en Tumbes y Puno, que son lugares en gran medidas liberados y tienen una policía que, como se ha visto en los videos, es parte de la misma red que cuida incluso que puedan pasar este tipo de mercadería. Hay poblaciones enteras en Puno que viven de eso. Algunas estrategias trazadas para luchar contra esto es: “olvídate de Puno, tienes que poner tu cerco para que no entren los productos pirateados al Perú en Arequipa”. Y no se pone en Puno porque la principal actividad es el contrabando, la pirámide está tan asentada en esta actividad informal ilegal que si tú te metes contra eso tienes todas las vías bloqueadas, autoridades atacadas, tienes las garitas de los supervisores atacadas, es muy complicado luchar contra eso en regiones donde se ha dejado estar el tema por tanto tiempo. Eso, digamos, en cuanto a la entrada al país de las culebras o del contrabando hormiga.

En el otro lado, por ejemplo, de Ecuador donde éste subsidia diversos productos, por medidas populistas, hay todo el incentivo para poder traerlos hacia Tumbes de manera más barata. Ocurre algo parecido con lo que ocurre en Tumbes.

El tema de la informalidad en general es que, por un lado el problema está demasiado arraigado y por el otro, al ser un país con altos índices de pobreza todavía hay mucha gente que vive de eso y para los políticos es muy difícil levantar banderas de “todos juntos contra eso” porque hay tanta cantidad de gente viviendo de esto que van a haber políticos del otro lado, ya sea porque han llegado al Congreso aliados o porque ven la oportunidad de ganarse votos que entorpece procedimientos. Una medida específica podría ser fortalecer al Indecopi o a entidades que sancionan las conductas.

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