¿Un avance decisivo en la guerra contra las drogas? – Posner

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Traducido por Josefina Miró Quesada. Republicado y traducido con permiso de los autores. El artículo original se encuentra aquí

No. No hay un avance. Es cierto que a comienzo de esta semana, la Casa Blanca publicó su “Estrategia Nacional sobre el Control de las Drogas 2013”, anunciada por algunos como un gran avance porque calificó a la drogadicción como una enfermedad y se comprometió a destinar un mayor porcentaje de los fondos federales, a comparación de años anteriores, para el tratamiento y la prevención del abuso de éstas. Pero, gran parte de estos fondos (58%) seguirá siendo destinado a la aplicación de las leyes penales federales, con salvajes sentencias contra quienes participen en los mercados ilegales de drogas.

La publicación de la “Estrategia Nacional de Control de Drogas” de la Casa Blanca es un evento anual, que en palabras (la versión 2013 es 95 páginas de largo) anuncia un avance inexistente y hace falsas promesas de lo mucho que se viene. La Oficina de Contabilidad General ha evaluado la versión del 2013 y encontró ineficiencias, señalando la falta de progreso del gobierno para lograr las metas indicadas en la versión del 2010 sobre la disminución de consumo de drogas.

Esta nueva (o aparentemente nueva) estrategia le da gran importancia continuamente a la “guerra contra las drogas”, que mejor describe la ley criminal y las campañas (extranjeras) paramilitares contra el tráfico de drogas. Nadie piensa que estas campañas vayan a erradicar las drogas ilegales. El objetivo aparentemente realista es que al aumentar el costo de los castigos esperados y sacar de la circulación (mediante prisión) a los que no estén disuadidos por el costo, la guerra contra las drogas elevará los precios de las drogas ilegales. Sin embargo, esos precios siguen siendo muy bajos. La razón parece ser la muy alta elasticidad de la oferta de los traficantes de droga. Es como el “ejército de reserva de los desempleados” de Karl Marx; si no hay escasez de personas dispuestas a ser traficantes de drogas con salarios modestos, el principal efecto de aplicar la ley puede ser que incremente la rotación del personal, al enorme costo de los recursos policiales y fiscales y sobre todo del encarcelamiento: la mitad de la población de la prisión federal en los Estados Unidos consiste en delitos relacionados con drogas. 1,7 millones de personas que están en prisión o en la cárcel (estatal o federal) o en libertad condicional (o su equivalente federal, libertad supervisada) se encuentra en esas situaciones de confinamiento o restricción a causa de los delitos de drogas. Sin duda, el mero hecho de que las drogas sean ilegales disuade a algunos consumidores-, pero ¿cuántos en relación con el gran número de personas que no tienen interés en el consumo de drogas alucinógenas, legales o ilegales?

Cada vez más la guerra contra las drogas parece ser un costoso fracaso. Pero el tratamiento y la prevención (prevención que no sea a través de la amenaza o la realidad de la prisión) no son en lo absoluto, panaceas. Hay varios problemas. La primera es la dificultad de distinguir entre el uso nocivo e inofensivo de drogas. Un gran parte del consumo de drogas ilegales no es ni dañino para el usuario, o no es más dañino que los sustitutos legales (como los cigarrillos y las bebidas alcohólicas) que los consumidores de drogas alucinógenas, probablemente, podrían consumir si los medicamentos ilegales estuviesen disponibles o fuesen muy caros. Sería una locura romper la adicción de una persona cocainómana sólo para verlo convertirse en un alcohólico.

Por otra parte, no todos los usuarios de drogas son adictos, y no todas las adicciones son perjudiciales. Muchos de estos comportamientos son habituales, pero no hacen daño; la “adicción” es simplemente un término peyorativo para el comportamiento habitual.

No hay duda de que gran parte del uso de drogas es perjudicial para el usuario. Pero tratar de prevenir un comportamiento autodestructivo (al menos por los adultos) es problemático. No sólo es a menudo muy difícil de identificar este tipo de comportamiento, pero a menos que imponga costos externos se trata de un objetivo cuestionable que merezca la atención del gobierno. El comportamiento autodestructivo de una persona es el mayor placer de la otra persona en la vida. Y por tanto, generalmente, a la gente se les permite participar en un comportamiento autodestructivo, ya sea a través del fútbol, parapente, montañismo, fumar cigarrillos o beber refrescos azucarados. Obligar a alguien a ser saludable no es un objetivo viable de la política pública, especialmente si se le obliga a la gente a evitar sólo un tipo de hábito poco saludable, invitándolo así a adquirir otro hábito poco saludable que casualmente, pasa a ser legal. Existen externalidades respecto a la conducta auto-destructiva, pero a menudo puede limitarse a través de la retención de los beneficios públicos. Por ejemplo, una persona incapaz de trabajar debido a la adicción a las drogas no será elegible para los beneficios de Seguro Social por incapacidad.

“Prevención” y “tratamiento” suena bien, especialmente en contraste con “persecución” y “prisión”. Sin embargo, hay una grave cuestión respecto a su eficacia. No sé qué tan factible sea romper la adicción de las drogas en las personas, pero supongamos que es bastante factible. Pese a ello, a menos que se hayan convertidos en adictos accidentalmente, es posible que caigan otra vez en la adicción una vez que se haya completado el tratamiento. Se convertirán otra vez en adictos por la misma razón por la que se convirtieron en el primer lugar. Serán como las innumerables personas con sobrepeso que hacen dieta, una tras otra, para nunca lograr una pérdida de peso duradera.

Se ha observado con desaprobación que la estrategia de la Casa Blanca en el informe del 2013 no menciona la legalización del uso recreativo (a diferencia del simplemente medicinal) de la marihuana por los estados de Colorado y Washington. Por el contrario, la estrategia anuncia ambiciosos planes, aunque probablemente quijotescos para extirpar el cultivo de la marihuana en los Estados Unidos. (¿Cómo podría eso lograrse? La marihuana puede cultivarse en el jardín de quien sea, o en interiores. No se necesita la importación o la fabricación.)

Por supuesto, un Estado no puede anticiparse a una ley federal. Pero, ¿no sería un experimento ideal que el gobierno federal conduzca el suspender la aplicación de las leyes federales sobre la marihuana en Colorado y Washington (excepto para prohibir la exportación de marihuana de esos estados a otros estados) y ver cuáles son las consecuencias? Y si resulta que las consecuencias para la salud son nulas, ¿no debería apuntar a la posible derogación de las leyes en todo el país? De todos modos, si Colorado y Washington quieren permitir el uso recreativo de la marihuana por parte de sus ciudadanos, ¿por qué debería importarle al gobierno federal?

Tenga en cuenta, finalmente, que la despenalización podría ir acompañado de impuestos sobre el consumo específico para la elaboración de drogas ilegales, como el alcohol y los cigarrillos, para hacer de estos una fuente de ingresos que el gobierno tanto necesita. La despenalización junto con los impuestos podría ser una alternativa superior a la prohibición. Al igual que con el licor, el consumo de drogas por los niños seguiría prohibido y se impondrían fuertes castigos a los distribuidores que les vendiesen a los niños.

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