Publicado originalmente en el diario El Comercio. Todos los derechos del texto reservados. Republicado con permiso del autor.

No me siento cómodo con los sistemas previsionales obligatorios. La razón es muy sencilla: sé mejor que nadie en qué gastar el dinero que produzco y cuál es la manera más útil de ahorrar para mi vejez. Me saldría más a cuenta, por ejemplo, utilizar parte de mis ingresos para obtener un crédito hipotecario que ahorrarlos en un fondo previsional. No solo porque basta un poco de sentido común para notar que una de las cosas más importantes para asegurar mi vejez es contar con casa propia, sino porque, además, una casa es un bien cierto, real, tangible, seguro. Mi fondo previsional, en cambio, es una promesa incierta que depende del éxito de la AFP y de que, en mi caso, en los próximos 33 años no sea elegido un presidente que se anime por su nacionalización (elegante palabra que describe un robo donde el ladrón es el Estado).

Los ejemplos de que guardar para la vejez no siempre es la mejor opción, por supuesto, no terminan con el de la casa propia. En vez de hoy día ahorrar para poder tener una pensión, ¿no le conviene a algunas personas invertir más en su educación con la finalidad de aumentar sus ingresos en el mediano plazo y, así, poder estar más tranquilos hoy y mañana? O, incluso, ¿no le conviene más a algunos padres invertir en la educación de sus hijos para permitirles un mayor nivel de vida y, de paso, que cuiden de ellos en el futuro?

Hay muchas inversiones en el presente que son tanto más convenientes para nuestra vejez que entregarle nuestro dinero a las AFP o a la ONP. La ley, sin embargo, nos obliga a apostar por el futuro lejano. ¿No es curioso que se llame «previsional» a un sistema que prohíbe la decisión más previsora?

Hay quienes sostienen, sin embargo, que son muchos los que comparten la creencia de que se llegará a la ancianidad en mejores circunstancias económicas de las que en promedio se llega. Por eso sostienen que las personas necesitan que las obliguen a invertir en un fondo previsional.

Supongamos que eso es cierto (y que el gobierno tiene el derecho a tratar a los adultos como niños y evitar que cometan errores). ¿Por qué obligarme a ahorrar el 10% de mi sueldo? En todo caso, que me obliguen a ahorrar solo lo suficiente para cubrir una canasta básica que asegure mi manutención (es decir para garantizar una pensión equivalente al sueldo mínimo) y que se me permita disponer del resto de mi dinero como me plazca. ¿O es que también es labor del Estado preocuparse de que, quien pueda, pase su vejez en un club Med?

Ahora último, además, se la ha ocurrido al gobierno que a los nuevos afiliados se los debería quedar la AFP que ofrezca comisiones más bajas. ¿Nadie se ha puesto a pensar en que los consumidores a veces eligen por calidad y no necesariamente por precio? ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo prefiero pagar una comisión más alta a cambio de una mayor rentabilidad o a fin de ahorrar en una AFP que me parezca más segura? La propuesta tiene tanto sentido como obligar a los automovilistas a comprar solo Tico porque son los más económicos.

La reforma de las AFP, lamentablemente, camina justo en el sentido contrario de hacia donde debería ir: en vez de hacer ciudadanos más libres crea más clientes a la fuerza.

2 COMENTARIOS

  1. Interesantísimo punto de vista, aunque creo que el mismo ya fue planteado en un artículo de otro portal jurídico (Ius et veritas 360)

  2. Estimado Enrique,

    Qué bueno ver tu regreso al blog. A continuación formularé algunos comentarios a tu post:

    1) “Yo sé qué es lo mejor para mí”. Esto, si bien es un principio liberal válido, su uso excesivo lo ha convertido en cliché y, lo que es peor, en un dogma incuestionado por los neoliberales (ojo: no uso el término neoliberal peyorativamente).
    2) «Por sentido común una persona decide invertir ese dinero quitado por el Estado en una casa, lo cual es más seguro, considerando riesgos de nacionalización». Bueno pues, parece que no es de tan sentido común realizar estas inversiones. ¿Verdaderamente podemos esperar que la mayoría de la población sea lo suficientemente «racional» para tomar semejantes precauciones, considerando además el nivel educativo en un país como el nuestro? Hay que considerar los estudios hechos desde el Behavioral Law and Economics acerca de la racionalidad e intencionalidad acotada, las limitaciones cognitivas y de información, la tendencia a los razonamientos heurísticos, la toma de atajos que producen errores, etc. Todo lo dicho sirve para cuestionar la teoría de la elección racional y el estereotipo de hombre maximizador de beneficios que religiosamente defiendes.
    3) Considero que es ingenuo sostener sin más la abolición de un sistema nacional de pensiones. Si bien hay otras posibilidades (por ejemplo, intensificar educación en materia pensionaria para reducir asimetrías informativas, y así las personas puedan acceder a las AFP que consideren convenientes, lo cual debería ir acompañado de una mejor regulación de las AFP para estimular la competencia, eliminar las clausulas leoninas y evitar los muchos abusos que han escandalizado al país y que les ha traído mala fama), es menester analizar los costos de las mismas y la viabilidad de la existencia conjunta entre un sistema privado y público (para empezar).
    4) El decir que hay un inminente riesgo de nacionalización no me parece serio. Creo que sólo estás metiendo miedo, lo cual muestra cuán ideologizado eres.
    5) Estoy de acuerdo contigo en la necesidad de reducir el porcentaje a descontar (10% es demasiado). Creo no equivocarme al decir que el Estado debe exigir que se provea información adecuada a los ciudadanos a fin de formar una cultura pensionaria y de ahorro, además de revisar el régimen de las AFP para evitar repetir situaciones no deseadas y viabilizar su opción para la mayoría de ciudadanos.

    Saludos cordiales,

    Giancarlo Torres Toledo.

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