¿Nos escuchan nuestros representantes? Sobre la marcha del 27 de julio de 2013

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Por : Gonzalo Monge Morales
Practicante del Área Constitucional del Estudio Echecopar Abogados.

En el contexto político en el que nos encontramos, lo acontecido el día de hoy no fue una protesta más. Mucho menos una típica actuación de la Policía Nacional para responder ante una marcha. Como bien ha señalado Nelson Manrique, ésta puede haber sido la segunda movilización ciudadana más importante desde la recordada “Marcha de los Cuatro Suyos”, en la que también la represión policial fue exagerada frente a lo que se desarrollaba como una protesta pacífica

Quizás no compartíamos las mismas consignas ni los mismos reclamos, pues muchos marchamos en rechazo a la decadencia de nuestra clase política, mientras que algunos salieron en contra de la Ley del Servicio Civil o la Ley Universitaria. Sin embargo, todos y cada uno de los presentes compartíamos el mismo sentimiento: indignación. Una indignación que se tradujo en la movilización pacífica de aproximadamente veinte mil ciudadanos, en la que le dimos a nuestros representantes un claro mensaje de que nuestro país no puede seguir andando por el mismo rumbo perdido y decadente. O, por lo menos, no los dejaremos llevarnos por ese camino.

Lamentablemente, pese al carácter pacífico de la marcha de hoy, los efectivos de la Policía Nacional no dudaron en lanzar cuanta bomba lacrimógena estuviera a su alcance. En mi caso, estaba marchando junto a varios compañeros que llevaban la banderola de la Federación de Estudiantes de la PUCP (FEPUC) cuando comenzaron a caer las bombas lacrimógenas con su terrible contenido, que hacen que te queme la cara, tus ojos ardan y se humedezcan, así como que no puedas respirar.

En las redes sociales se pueden apreciar los testimonios de vecinos de la Av. Abancay, quienes pedían clemencia a los Policías, pues sus familias (incluyendo niños y ancianos) también respiraban ese gas lacrimógeno que no dejó de caer en ningún momento, uno tras otro. También, desde sus ventanas corroboraron que no hubo ningún acto de violencia de parte de los que protestábamos que mereciera una reacción de tal magnitud. ¿Tenía que actuar así la Policía? No. ¿Teníamos derecho a congregarnos y marchar pacíficamente? Por supuesto que sí.

Reconocido en el numeral 12 del artículo 2 de nuestra Constitución Política y en diversos tratados internacionales, el derecho de reunión es probablemente uno de los derechos fundamentales más importantes en una democracia y en un Estado Constitucional. ¿Por qué? Pues porque se convierte en una forma efectiva de canalizar las ideas y los sentimientos de la ciudadanía, en estrecha vinculación con el derecho a la libertad de expresión. Ya en la Sentencia recaída en el Expediente N° 4677-2004-PA, nuestro Tribunal Constitucional ha desarrollado su contenido. Ahora bien, toda vez que ningún derecho es absoluto, el derecho a la reunión (que en este caso se expresa como protesta) no es la excepción: su más fuerte límite es el carácter pacífico que debe tener.

Resulta evidente que frente a una protesta violenta, donde la agresión se encuentre acreditada, la Policía Nacional tiene la obligación de responder razonablemente para garantizar la seguridad ciudadana y proteger la integridad de quienes podrían verse afectados. Sin embargo, en una marcha pacífica como la de hoy, ¿había algún motivo para lanzar una cantidad exagerada de bombas lacrimógenas? La reacción de la Policía Nacional el día de hoy fue una vulneración al derecho de reunión de veinte mil ciudadanos, una burda represión a quienes teníamos todo el derecho a expresar nuestra indignación por la actuación del Gobierno y del Congreso.

Ya en el plano personal, sentí muchísima satisfacción cuando me encontré con ciudadanos (casi todos jóvenes) conscientes de la importancia de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional como instituciones vitales para el fortalecimiento de nuestra democracia y del Estado Constitucional. ¿Nos merecíamos tener a Pilar Freitas, una abogada que ha dejado sombras por todos sus anteriores cargos, en la Defensoría del Pueblo que antes ocuparon los intachables Jorge Santistevan de Noriega y Beatriz Merino? ¿A Rolando Sousa, Cayo Galindo y Víctor Mayorga como magistrados del Tribunal Constitucional? Su nombramiento hubiese sido tremendo insulto a juristas de la talla académica y ética de Delia Revoredo Marsano, Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry, Javier Alva Orlandini y César Landa Arroyo. Nuestra democracia necesita gente proba y honesta en dichos cargos, no a los elegidos por repartija.

A modo de conclusión, solo me queda señalar que la lección que deben aprender todos nuestros representantes políticos es que con las instituciones democráticas del país no se juega. Ni mucho menos con las expectativas de una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos. Do you hear the people sing?

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