Editorial: Cultura viva y letra muerta

0
393

Es muy fácil anunciar intenciones gubernamentales o legislar a favor de metas abstractas. Lo difícil es que tal legislación se haga realmente eficaz. Lo cierto es que la función administrativa del Estado es indispensable, lo cual implica que deban existir órganos de gestión pública que realicen los fines y proyectos que plantee el Estado. El ejercicio de tales funciones administrativas, sin embargo, debe ser al menos justificado en términos de eficacia. Es decir, la existencia de un órgano de regulación y ejecución de la política gubernamental hacia cierto sector debe producir efectos y alcanzar metas, y ser idóneo para el fin que se planteó. Cuando se determina algo que el Estado debe promover (el deporte, la ciencia o la cultura), todos se alegran cuando se crean organismos especializados para ello (incluso muchos proponen la creación de ministerios para esos casos). Pero pocos se preocupan de que ello tenga algún resultado positivo real.

El Ministerio de Cultura (MINCU) se creó en el 2010, 8 meses antes de finalizar el gobierno de Alan García, mediante la ley 29565 para potenciar y manejar las riendas de lo que debería ser determinado como cultura. Esta ley estableció 4 “áreas programáticas” del ministerio que guían sus fines metas. Sin embargo, luego de tres años no vemos ningún tipo de avance destacable.

Para empezar, uno de los pilares del MINCU es la promoción del patrimonio cultural material e inmaterial. Sin embargo, hoy sigue vigente la ley 24047 del año 1984, época en la que el encargado de la labor era el Instituto Nacional de Cultura, que no ha sido actualizada hasta la fecha. Esta ley, por ejemplo, desincentiva la propiedad privada de patrimonio cultural inmueble ya que al hacerlo, el dueño, según el artículo 300, no es capaz de realizar obras de conservación sin pasar por la burocracia y obtener una autorización del MINCU. Es decir, acaba viendo desmoronarse su propiedad declarada “patrimonio cultural” por esperar un papel que nunca ve la luz del día.

Una segunda gran labor de este ministerio se basa en la promoción de la industria cultural. La iniciativa más sonada hasta ahora ha sido el proyecto de cuotas de cine peruano. El reciente éxito rotundo de la película “Asu Mare”, que acaba de convertirse en la película más vista de todos los tiempos en el Perú, ha dejado sin fundamento a quienes decían que el cine peruano no tenía éxito por falta de apoyo. La propuesta de imponer una cuota a las empresas privadas de cines para la proyección de películas que han demostrado no tener éxito simplemente por no ser del agrado del consumidor peruano es muy criticable. Aplicar una normativa como la mencionada va en contra de aquel principio que rige la creación artística en nuestra legislación, la libertad, tanto de los que ofrecen y proyectan las películas como de los consumidores que eligen qué películas ver.

Un tercer pilar del Ministerio de Cultura es el apoyo a la gestión cultural y las industrias culturales. Sin embargo, luego de tres años de su creación muy poco se ha hecho en este rubro. El MINCU reconoce claramente en el documento Lineamientos de Política Cultural, 2013-2016 que “las escuelas de formación artística siguen afrontando graves problemas”. Ellos mismos trataron de unir a las 5 escuelas públicas en una sola a través de un decreto legislativo que desaparecería la personería jurídica de estas instituciones y que no presentaba ningún estudio técnico sobre su implementación, estableciendo únicamente al Estado como dueño de todo su patrimonio. Esta ley fue modificada y luego retirada por el mismo ministerio, debido al reclamo de su derogatoria por parte de las escuelas.

El cuarto pilar del MINCU es la protección de la pluralidad étnica y cultural. En este aspecto también existen graves falencias. A pesar de que la ley de Consulta Previa está vigente desde el 6 de diciembre de 2011 y que el reglamento de la norma  se encuentra vigente desde el abril del 2012, hasta el momento no se publica la lista de comunidades indígenas y originarias que pueden acogerse a la misma. La no existencia de esta lista imposibilita determinar quiénes son los verdaderos acreedores de este derecho, es decir, aquellos quienes realmente pueden decir “no” a la aprobación de los proyectos. De este modo, se acrecienta un escenario lleno de incertidumbre que acaba de causar la renuncia del viceministro de interculturalidad, un hecho que demuestra las barreras o problemas con los que nos encontramos.

Para concluir, es simplista creer que la forma en la que el gobierno debe promover la cultura es simplemente creando un ministerio. Si el Estado determina que entre sus funciones está gastar el dinero de los contribuyentes en la promoción de la cultura, debemos exigirle dos cosas. En primer lugar, que tal promoción se haga con mucho cuidado en definir qué es lo que se debe promover y cómo. “Cultura”, finalmente, es algo que difícilmente se puede definir; en gran medida, es algo que no se puede definir, en tanto que lo que es cultura y lo que no, a fin de cuentas, puede ser apreciado por las mismas personas. Sobre todo vivimos en un país donde lo que es “cultura” se determina por ideologías, usualmente según los planes políticos del partido que el presidente representa. Ciertamente, no es algo que deba ser definido por el Estado. Desde esta redacción esperamos que nunca llegue el día en que nuestro Estado decida qué es cultura y qué no por nosotros. En segundo lugar, debemos exigir que la creación de un ministerio (en realidad, de cualquier órgano estatal) venga siempre acompañada de políticas bien planteadas, lineamientos serios, y logros y avances concretos que demuestren su eficacia. De otro modo, la creación de ministerios será simplemente un recurso facilista y en gran medida populista que no servirá para los fines acometidos, sino solamente para engordar el Estado y poco más. En el fondo, será poco más que letra muerta.

___________________________________________________________________

Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

Compartir
Artículo anteriorDinero por arte de magia
Artículo siguienteProblemas en el paraíso: sobre la incertidumbre en el Tribunal Constitucional
Director: Marcelo Castilla | Consejo Editorial: Astridt Chuy, Darío Rodríguez, Flavia Martínez, Julio Casma, Kiara Bazán, Natalia Martinez, Roy Irribarren. Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

No hay comentarios

Dejar respuesta