Publicado originalmente en el diario El Comercio. Todos los derechos del texto reservados. Republicado con permiso del autor.

Conga tiene un espejo en el pasado. Concretamente, poco más de diez años atrás, en Piura, cuando bajo situaciones similares se detuvo el proyecto minero de Tambogrande.

En 1999, el gobierno le otorgó licencia a una minera para realizar operaciones en la localidad. Un grupo antiminero, sin embargo, se opuso al proyecto aduciendo que terminaría con las plantaciones de limones y mangos, unas de las principales actividades económicas de la zona. En aquel momento uno de sus líderes declaró que «nadie vive de comer oro». A pesar de que la empresa ofreció nuevas viviendas, servicios públicos y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, las protestas violentas no demoraron en llegar. Un grupo de manifestantes incendió las oficinas y vandalizó la maquinaria de la compañía. El Estado, como es usual, fue incapaz de hacer cumplir la ley y resguardar los derechos de las personas. El 22 de junio del 2002, se realizó en la localidad un referéndum ilegal en el que la población, que había sido convencida de que la mina atentaba contra sus intereses, votó por impedir sus operaciones. La empresa, finalmente, abandonó el proyecto.

En ese momento el movimiento antiminero celebró su victoria como un triunfo de David contra Goliat. Pero, ¿dónde está David 10 años después? Tambogrande sigue siendo una localidad pobre que vive sobre una montaña de oro, en la que muchos niños carecen de una alimentación apropiada, de servicios de salud adecuados y de una educación decente. ¿Conservó por lo menos sus limones y mangos? No. Hoy Tambogrande está plagado de mineros informales que extraen el oro de la zona de la forma más nociva: contaminan a la población y destruyen la naturaleza al incumplir todo estándar ambiental, emplean mano de obra infantil, usan equipos precarios que ponen en riesgo a sus trabajadores, no pagan tributos que podrían servir para mejorar la vida del resto de peruanos y corrompen autoridades que se hacen de la vista gorda frente a sus actividades.

No seamos ilusos. Si logran parar Conga, los Santos, Saavedras y Aranas no estarán ahí para defender a Cajamarca de la minería informal. ¿O es que alguien los ha visto organizando manifestaciones contra ella en lugares como Tambogrande? Y es que la ecología, a fin de cuentas, para ellos es lo de menos. Se trata, en palabras del mismo Santos, de una lucha por cambiar el modelo económico. Además, cuando los minerales preciosos se encuentran literalmente en el suelo, nunca falta alguien que se aproveche de que el Estado aún no tiene cómo proteger esas remotas zonas para recogerlos.

Por eso, la mejor forma de salvaguardarnos de la minería informal es permitir que mineras que respetan la ley, cumplen con estándares ambientales internacionales y tributan en beneficio de todos sean quienes exploten estos recursos. Y, en el futuro, consideremos cambiar la ley para que las comunidades se lleven, directamente, buena parte de los beneficios de la explotación, convirtiéndolas en dueñas de los minerales y haciendo que las empresas mineras les paguen a ellas por los mismos en vez de al Estado (y reduciendo proporcionalmente su actual carga tributaria). Esto no solo sería una manera de legitimar socialmente las actividades extractivas, sino además una forma de luchar contra la pobreza. Así, para nadie será una opción permanecer sentado en una montaña de oro, pero viviendo en la pobreza entre mangos y limones.

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