Editorial: ¿Penales o infiernos?

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Un reciente informe elaborado por el Instituto Nacional Penitenciario ha revelado datos que nos recuerdan, una vez más, de la mísera condición en la que se encuentra la situación penitenciaria del país. Dicho informe reveló que entre los años 2011 y 2013 la población penitenciaria creció en un 32%, de modo que el número de peruanos que actualmente se encuentran recluidos en penales pasó de 48,789 a 64,418 internos. Lo escandaloso es que la capacidad que tienen las cárceles peruanas es actualmente de alrededor de 29,000 presos, con lo cual en promedio las cárceles peruanas están hoy sobrepobladas en más de un 100% respecto de su capacidad real.

El problema no queda en la sobrepoblación. Es bien sabido que la condición de las prisiones en el Perú, salvo en excepciones muy contadas, es paupérrima, tanto para los presos como en aspectos elementales como la seguridad. Las condiciones de salud física y mental de los presos son terribles, así como el peligro de golpizas, violaciones y asesinatos que enfrentan. Por otro lado, las noticias sobre fugas de penales alrededor del país no son cosa eventual, y la imposibilidad de asegurarse que los penales de la capital no estén regados de celulares desde donde se realizan llamadas de extorsión es vergonzosa. Ante esto, el Estado peruano ha hecho, como siempre, lo que sabe hacer mejor: poco, y nada que sea efectivo.

Si lo anteriormente descrito no demuestra que el Estado es un administrador del sistema penitenciario inaceptable, desde esta tribuna ignoramos qué lo haría. Afortunadamente, creemos que existe una alternativa que puede, al menos, empezar a solucionar los problemas, que es, como hace poco sugirió el mismo jefe del INPE José Luis Pérez Guadalupe, la concesión de la administración de las cárceles a inversores privados.

Lo que diferencia a una empresa privada del Estado es que, a diferencia de este último, una empresa se preocupa por aquello que administra sencillamente porque es suyo. Los burócratas del Estado manejan organizaciones y servicios públicos que han sido financiados con dinero ajeno, cuyos frutos jamás serán propios, y son compensados por su trabajo, en comparación con el sector privado, salarios bastante bajos. En resumen, si se esfuerza y hace un buen trabajo no es recompensado, y si hace un mal trabajo no enfrenta consecuencias. El empresario, en cambio, tiene un incentivo como pocos otros: si no hace un buen trabajo, quien sufre las consecuencias es solamente él.

Ejemplos nacionales de cómo la empresa privada, muchas veces de pésima reputación, es mucho mejor para el país que las nacionales. Para mencionar solo un caso, si bien no es polémico que el servicio de telefonía actualmente es muy malo, basta recordar cómo hace no tantos años, cuando tal servicio era llevado por el Estado, obtener una línea de teléfono podía  demorar varios años para que la empresa privada no parezca tan mala después de todo.

Pero no tenemos que quedarnos en la pura teoría. Abunda evidencia que indica que sistemas en los cuales la administración de los penales se da en concesión han resultado mucho más efectivos. Tomando el ejemplo de Estados Unidos, un porcentaje cuatro veces mayor de cárceles concesionadas ha recibido una certificación de calidad por la American Correctional Association que las cárceles públicas. Asimismo, estudios del propio gobierno estadounidense indican que las prisiones concesionadas mantienen a sus reos, considerando las mismas condiciones, por un precio 28% menor que las públicas, dado que cuentan con personal más efectivo y con mejor diseño y tecnología.

Una objeción que suele plantearse es que una gestión como la del sistema carcelario no puede ser entregada a un privado para que sirva de negocio. Esta objeción nos parece muy superficial. Lo cierto es que el sistema de cárceles, si bien es un servicio público, al fin y al cabo es un servicio que se financia con nuestro dinero a través de impuestos y que en la práctica ha demostrado ser pésimo. La única diferencia entre una cárcel administrada por el gobierno y una administrada por un privado es que en un caso le pagamos a funcionarios estatales y en el otro a funcionarios de una empresa. Consideramos que, para los peruanos, es irrelevante a quién se le pague por ello; lo único importante es que a cambio de nuestro dinero de impuestos se haga un buen trabajo.

Una segunda objeción es que en la práctica el precio de las concesiones elevaría el gasto neto que tendría que asumir el Estado dado que concesionar una cárcel sería más caro que mantenerla como está. Esto podría bien ser cierto, porque ningún privado invertiría en mantener cárceles en el estado paupérrimo en el que actualmente se encuentran las nuestras. Sin embargo, pensar que el problema que enfrentamos va a solucionarse sin que invirtamos algo de gasto no tiene sentido alguno.

Finalmente, estamos convencidos de que parte del problema es causado por fallas en otros sectores del Estado –puntualmente, del Poder Judicial–. Según Pérez Guadalupe, actualmente más de la mitad de los presos están procesados y no sentenciados, lo cual es en sí mismo una infamia. Sin embargo, el que sea necesario abordar el problema también desde otras áreas no quita que actualmente la situación penitenciaria sea una bola de nieve que no se está achicando.

No podemos permitir que la situación carcelaria se quede en las condiciones actuales. El problema penitenciario está directamente ligado al problema de la seguridad ciudadana, y no podemos olvidar que una gran cantidad de crímenes se comente actualmente desde prisión. Ello sin mencionar el peligro de fuga por parte de los reos.

Sin embargo, creemos que la amenaza a la seguridad ciudadana no es la principal razón. Puede que los reos hayan perdido su libertad por los crímenes que hayan cometido contra la sociedad, pero ello no quita que sean personas y que no podamos tenerlos en las condiciones deplorables en que se encuentran. Y una sociedad que trata como tratamos los peruanos a sus reos no es una sociedad que, a nuestro entender, cumpla con los más mínimos estándares morales o humanitarios.

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Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

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