Editorial: Una benevolencia fuera de lugar

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El problema de la minería ilegal en el Perú ha despertado nuevamente con el caso de Gregoria Casas Huamanhuillca. Desde este editorial consideramos oportuno aprovechar la ocasión para hacer especial énfasis en el problema que dicho fenómeno representa para el país.

En solo dos años, se han destruido alrededor de 50,000 hectáreas de bosques en Madre de Dios. Estudios recientes muestran que los habitantes de dicho departamento –sobre todo los niños- tienen niveles de mercurio cinco veces mayores al máximo permitido. Asimismo, en Puno se estiman pérdidas de S/.300 millones por evasión de impuestos generada por actividades de minería ilegal. Y, por si fuera poco, cifras de un estudio de la organización Verité muestran que las exportaciones de oro proveniente de minería ilegal del Perú superan las de cocaína, dato preocupante si se toma en cuenta que el Perú es el mayor exportador de cocaína del mundo.

Si bien es cierto que el Estado mantiene un discurso en contra de la minería ilegal y a favor de la protección medioambiental –el cual se refleja en la amplia regulación ambiental existente-, la realidad es que dichas intenciones no se plasman en la práctica, donde la ejecución de las normas es prácticamente inexistente. Y es que la regulación ambiental no sirve de nada si no está debidamente respaldada por una coacción estatal que las haga efectivas. Clara muestra del problema es la falta de policías necesarios en zonas donde se realizan actividades mineras ilegales. Esto, simultáneamente, genera un ambiente de inseguridad jurídica desfavorable para las inversiones, en tanto muchas veces el Estado no se encarga de desalojar concesiones invadidas por mineros ilegales para ceder el terreno a empresas que sí cumplen todos los requisitos y permisos necesarios. Esta situación, entre otros motivos, nos ha causado descender en tres años del puesto 8 de 71 al puesto 38 de 96 en el ranking del Instituto Fraser sobre minería.

Del mismo modo, el gobierno se ha visto excesivamente tolerante y hasta benévolo con las manifestaciones violentas de los mineros ilegales en contra de los intentos por regularlos. Como mencionamos en nuestro editorial acerca de la huelga en el Perú (http://enfoquederecho.com/wp3itorial-las-calles-llenas-y-las-instituciones-vacias/), una excesiva sensibilidad por parte del gobierno hacia las protestas violentas ha generado que los mineros informales vean en dicho mecanismo un manera efectiva de zafarse de la ley. Mediante el DL 1105, esta situación ha llegado al extremo de otorgar a los mineros informales plazo hasta el año 2016 para regularizar su situación, plazo en el cual estos podrán seguir realizando actividades informales sin que sus maquinarias sean confiscadas. La medida resulta sumamente indulgente para tratarse de individuos que atentan contra el Estado de Derecho, deforestan hectáreas enteras, atentan contra la salud de los ciudadanos y no pagan impuestos.

La actividad minera que escapa los marcos de legalidad presenta un fenómeno altamente preocupante, y un gobierno que no hace los esfuerzos necesarios para que la ley se cumpla no hace más que acelerar su expansión. En ese sentido, esta bancada considera que el gobierno debe reducir su nivel de tolerancia y responder en contra de los mineros ilegales como lo que realmente son: delincuentes que evitan la formalidad, evaden impuestos, afectan la salud de los ciudadanos y deterioran el medioambiente. La economía del Perú se beneficia altamente de la minería; sin embargo, el control ambiental es el único medio que permite armonizar la relación entre la extracción de minerales y el medioambiente. Solo de este modo se logrará un adecuado cuidado al medio ambiente y un entorno de seguridad jurídica atractivo para las inversiones.

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Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

4 Comentarios

  1. Hernando de Soto, Ghersi y Ghibellini en El otro sendero, desarrollan el problema de la informalidad a partir del estudio del acceso a la vivienda, el transporte informal, la industria, etc. A la vez señalan que quienes viven al margen de la ley se ciñen bajo una normatividad extralegal. No resulta arriesgado tomar como base algunos puntos tratados en ese trabajo para afrontar el problema de la minería informal o ilegal, es decir, a través de reconocer los costos de acceso y de permanencia que implican la formalidad en la actividad minera.

    De cualquier forma, referirse al problema de la minería ilegal o informal y al impacto negativo que ha generado en algunas partes del territorio peruano (Tambopata es el caso más conocido) siempre será un tema del que hay mucho que discutir, y más que ello, diversos enfoques desde donde se pueden plantear distintas soluciones. La labor -en opinión propia- debe orientarse a reconocer dichas soluciones y procurar conjugarlas.

    ¿Concesiones inválidas por mineros ilegales? resulta un contrasentido en sí mismo y lo extraje de una parte de su texto. El término concesión minera está afectado de polisemia, es decir, las normatividad del sector se refiere indistintamente a la concesión minera como el derecho del concesionario minero a realizar la exploración y explotación del yacimiento minero; y, por otro lado, a la concesión minera como bien inmueble creado a partir del título de concesión minera (art. 885, inc. 8 del C.C). Es decir, como solamente existe concesión a partir del título de concesión minera, fuera de éste no hay nada, por lo que referirse a concesiones inválidas implica que se haya otorgado previamente una concesión, que en el hecho concreto no ocurre.

    Es propicia la ocasión para señalar que el D.L 1105 (el mismo que ha sido citado en su trabajo) define en su artículo 2 a la minería informal e ilegal (que no son lo mismo), la diferencia entre éstas dos, básicamente se da en el sentido que la minería informal se ejerce en áreas donde no está prohibida la actividad extractitva, a diferencia de la minería ilegal que se da donde dicha actividad se encuentra prohibida expresamente.

    Considerando lo expuesto, la orientación del Estado es hacia la formalización (por ello ampliaron el plazo); como contra parte (y tomando como referencia “El otro sendero”) los costos de acceso y de permanencia son factores determinantes para generar incentivos en los mineros informales o ilegales a fin de que se formalicen. Me parece que ello implica una labor estratégica y un estudio previo que debe analizarse con mayor seriedad.

    • Estimado Francisco:

      Muchas gracias por tu comentario. En efecto, coincido contigo en que los costos de transacción que implica cumplir con las formalidades son sumamente altos, razón por la cual mantenerse al margen de la formalidad termina resultando prácticamente inevitable en algunos casos. Sin embargo, considero que esto ocurre, principalmente, debido a que los costos de transacción de cumplir con dichas formalidades superan con creces los costos de recibir una sanción. Esto porque en ‘enforcement’ de la regulación prácticamente no existe, las leyes no se hacen cumplir y eso hace que los mineros informales evadan la formalidad, considerando que el riesgo de fiscalización es prácticamente nulo.

      En mi opinión, es muy importante el tema del enforcement por dos motivos: primero, justamente para hacer que el costo de incumplir la ley sea mayor al de cumplirla y segundo, porque la minería (y esto aplica tanto a minería informal como a ilegal, en tanto las dos escapan de la regulación ambiental), a diferencia de otras actividades, genera externalidades negativas severas. Por eso, creo que en casos como este no pueden dejarse de lado los “incentivos negativos” como la fiscalización y el cumplimiento forzoso de la ley (sin perjuicio, por supuesto, de los “incentivos positivos”, como la reducción de los costos de acceso, etc.).

      En cuanto a las concesiones inválidas, creo que te refieres a “concesiones invadidas”. Debe haber sido un error de lectura.

      Saludos!

      • Agradezco tu comentario. Y me rectificó respecto a lo señalado en mi primer comentario, en efecto fue un error de lectura.

        Sólo acotar algo, es cierto lo que mencionas que tanto la minería ilegal como la informal se encuentran al margen de la regulación ambiental. Sin embargo, considerar dicha diferencia es importante en el sentido que, a diferencia de la minería informal, la minería ilegal es la que se realiza en zonas donde se prohíbe la actividad extractiva, es decir, ¿es viable formalizarla? La respuesta cae por su propio peso. Siguiendo esa línea, ¿qué incentivos tienen los mineros ilegales para iniciar un procedimiento de formalización, si de cualquier forma se les denegará el pedido debido a que existe prohibición respecto a realizar actividad extractiva en dichas áreas?

        Respecto a la “benevolencia”, yo creo que el Estado está agotando todas las alternativas que no impliquen el uso de la fuerza. Aunque ya la están utilizando en algunos sectores (véase la sgte noticia http://elcomercio.pe/actualidad/1636213/noticia-policia-destruyo-cinco-campamentos-mineria-ilegal-tambopata)

        De todos modos, nadie está de acuerdo con que el uso de la fuerza sea la primera alternativa ante un problema, ni siquiera debería ser una alternativa, pero ante situaciones como Tambopata (por ejemplo) es necesario tomar “cartas en el asunto”.

        Saludos

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