El Congreso representa la democracia defectuosa del Estado moderno

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Los sucesos ocurridos en el Congreso de la República por la elección de los cargos disponibles para el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva ponen en evidencia un sistema deficiente respecto a la democracia en que nos encontramos. Recordemos que The Economist nos calificó, en el lapso del 2008 al 2011, como una “democracia defectuosa”, debajo de países como Chile, Brasil y Colombia. Ante esto, debemos parar un momento y comenzar a reflexionar sobre cuáles son las ideas que hicieron nacer el Estado moderno que conocemos.

El problema del Estado siempre será uno de poder, en el que grandes revoluciones, entre ellas la francesa, han cambiado la forma de gobierno pero no los límites que puede llegar a tener el Estado. Todo ello llevó a la concepción de que el manejo de la sociedad siempre sea de representantes en una posición de poder. Las libertades políticas se volvieron mucho más trascendentales que las libertades civiles.

La contraposición individuo/colectividad es la forma en cómo hasta hoy se discute por cuál de los dos grupos debe velar el Estado. La democracia fue un invento que se creó para forjar un orden artificial que permitiese conciliar ambas esferas, así como procurar una distribución adecuada del poder a través de distintas funciones estatales.

¿Lo hemos logrado?

La tradición greco-romana, la libertad constructivista y nuestro pasado colonial son tres rasgos fundamentales que marcaron un punto transversal en la consolidación del Estado moderno en América Latina.

La libertad bajo una concepción constructivista nace de la influencia de dos actores: Descartes y Rousseau.  De parte del primero, su confianza en la razón influyó en las ideas de Rousseau sobre la identificación de voluntades en el Estado.

Descartes divulgó la idea de que se debe creer en todo lo que se pueda probar, alcanzando la moral y los valores. La sociedad se presentó como una construcción deliberada del hombre para servir a un propósito premeditado. La obligatoriedad era determinada por su concepción racional, debido a que todos los hombres podríamos llegar a alcanzar las mismas ideas.

Rousseau fue su discípulo y creyó en un poder ilimitado de una autoridad suprema. Postuló que la voluntad individual de la persona llegaría ser la misma que la voluntad de la colectividad y así fundamentó su meta del Estado. Todo esto llevó a la creación de reglas que sólo podrían ser expresadas en palabras.

“Papelito manda” era la frase que registró Ricardo Palma en sus tradiciones peruanas. El positivismo jurídico fue la representación máxima de la convergencia ideológica entre Descartes y Rousseau, debido a que el derecho se convertiría en un conjunto de normas dictadas por el soberano, a través del Estado, en el que se debía tener un procedimiento que las haga válidas. Sólo así se podría someter la conducta humana al acatamiento de las normas que se hayan creado.

Todo esto llevó al desconocimiento de la soberanía del individuo dentro del Estado. El hecho de que se crea ciegamente en que el legislador y los representantes reflejen nuestro querer es producto de asumir que todos los seres somos racionales. A raíz de ello, se crea la lógica de que la conclusión o iniciativa de la persona escogida sería la misma que nosotros tomásemos si estuviésemos en su posición. Sin embargo, lo más idóneo sería que todos pudiésemos participar de un modo directo en regular lo que realmente corresponde a nuestros intereses como individuos, gracias a una negociación de gran escala o que se respetasen los mecanismos de información que existen en la sociedad sobre nuestras necesidades.

Hoy reconocemos que el hombre ya no responde sólo a la comprensión consciente de las conexiones causales, sino que existen reglas que desconocemos pero que aplicamos de modo natural. Miremos en el lenguaje un desconocimiento de reglas no diseñadas por la razón, pero que prevalecen al momento de actuar con mucho éxito. La realidad se ha vuelto dinámica, los fines no pueden ser estáticos y los individuos también.

“Interés público”, “Buenas costumbres”, “Moral” o “interés superior del niño” son algunos conceptos que nacen de este criterio racionalista y que a la larga sirven como límite a las libertades civiles. La pregunta es hasta cuándo se van a mantener inmunes y por qué es que los seguimos tomando como válidos ¿acaso los jueces o los legisladores no deberían de ser más críticos o versar sobre la realidad de cada caso?

Una tradición greco-romana hace prevaler a la ley sobre cualquier otra fuente de derecho. Si bien este medio posee ventajas comparativas y produce economías de escalas, la figura de que sólo puede ser producto de un legislador la hace pecar de sapiente. Nuestra tradición ha logrado que este individuo concentre mucho poder y que sus reglas generales posean afectaciones a largo plazo. A esto me referí cuando expliqué que las libertades políticas, hasta hoy, pesan más que las individuales ¿quién no quiere mantenerse en una posición de poder por menos competente que sea?

El legislador y los representantes no actúan con un rol de descubrir los intereses o necesidades individuales, sino como creador de todas ellas. Esta idea se fortalece por la falta conciencia histórica y todavía no aprender por la técnica ensayo/error de nuestro pasado.

En la época  colonial fuimos considerados como simples productores fiscales de la real corona española, por ello buscaron establecer estructuras que concentraran el poder económico, político y judicial en un solo individuo. Hasta el día de hoy se mantiene la misma ideología y se refuerza en el hecho de que es mejor si los poderes y fuerzas económicas del país quedasen a discreción del gobierno, ya que, según se cree, los poderes públicos nos asegurarían un beneficio inmediato.

Estas tres ideologías recopiladas en la idea del Estado moderno evidencian que se creó bajo la lógica de tener un poder superior a los individuos. Nuestras autoridades son un reflejo de cómo en su momento de creación  sólo se pensó en mantener el poder concentrado, mas no mejorar las libertades individuales o sus garantías.  Por ello, no debe sorprendernos que se den actos como se dieron en el Congreso y se sigan dando.

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