La carreta por sobre los caballos

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Se debe fortalecer la democracia interna de los partidos, pero no apelar al financiamiento estatal.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) le han planteado en conjunto al poder legislativo un proyecto de ley para sustituir la actual ley de Partidos Políticos, proyecto que trae algunas viejas y nuevas propuestas interesantes. Es conocido por todos que los partidos políticos en nuestro país han perdido mucha legitimidad frente a la población y hoy son vistos como organizaciones elitistas que velan por sus propios intereses y son solo los vehículos para hacer realidad las aspiraciones de sus determinados caudillos. Lejos están los días (si los hubieron) en que los partidos políticos respondían a ideales de libertad, igualdad u otros similares. Hoy las consignas son nombres y logos figurativos.

Parte de la problemática de la actual crisis de los partidos políticos es porque muchos identifican en estos un carácter poco democrático. Según una encuesta de Ipsos-Perú realizada en septiembre de este año, solo el 5% de los encuestados aprobaría la gestión de los partidos políticos y, lo que es más preocupante aún, es que según el último latino barómetro un alarmante 36% de la población considera que la democracia puede funcionar sin partidos políticos. Estos tres entes, que en su conjunto regulan todos los aspectos relacionados a la problemática partidaria en el Perú, han propuesto un proyecto de ley que, entre otros aspectos, recoge dos propuestas que consideramos esenciales rescatar. La primera tiene que ver con la tan ansiada democracia interna en los partidos políticos y la segunda con una serie de medidas que regulan su financiamiento. En la ley que rige actualmente a los partidos, en la sección sobre democracia interna, el artículo 21 estipula que los partidos pueden contar con el apoyo de la ONPE para organizar sus procesos electorales internos, sin embargo, ello no es un requisito.

Con la nueva ley de partidos que se busca aprobar esto ya sería necesario para todo proceso electoral partidario bajo el principio “un militante un voto”. Esto sin duda es un paso importante, pues un organismo como la ONPE, que además es constitucionalmente autónomo, tendría la capacidad de organizar imparcialmente y, sobre todo, fiscalizar la transparencia con la que se llevan adelante estos comicios. Ello ayudaría a fortalecer la confianza ciudadana en que los partidos no son más argollas en donde los candidatos son nombrados a dedo, sino entes institucionalizados donde el voto de cada militante cuenta.

Sin embargo, un aspecto no tan positivo del proyecto de ley tiene que ver con el financiamiento estatal que recibirían los partidos políticos. En la actual ley de partidos este beneficio ya ha sido contemplado, sin embargo, debido al fraseo de la norma, queda a la discrecionalidad del Ministerio de Economía el decidir cuándo existen los recursos necesarios para pagar a los partidos. Con la nueva ley esto ya sería una realidad incluyéndose este financiamiento en el presupuesto anual de la ONPE. Con ello se podría caer en una encrucijada al otorgar a los partidos políticos (entidades que la legislación refiere como de derecho privado) un subsidio estatal con el dinero de todos los contribuyentes, cuando es evidente a todas luces, que el país tiene más urgentes y prioritarias necesidades. Por otro lado, el financiamiento directo empoderaría a las clases dirigentes de los partidos, pues ya no sería el dinero de los militantes los que contribuirían a financiar al partido, sino el dinero del Estado. Y por otro lado, lo que ocurriría sería que se atentaría contra la posibilidad de nuevas agrupaciones políticas de aparecer en la arena política. Porque, aunque estas pudieran conseguir financiamiento privado, el proyecto de ley plantea para al financiamiento privado una traba adicional a las que ya tenía la antigua ley que no tendría ningún sentido (ello no significa, claro está, que no se permita el financiamiento privado, pero lo hace más difícil). En el artículo 31 del proyecto se estipula que ninguna persona natural o jurídica peruana con participación de capital extranjero podría aportar dinero a los partidos políticos. Cuestión que, evidentemente, vulnera la autonomía privada de las organizaciones políticas, pues ninguna empresa nacional que tenga tan solo un accionista extranjero con 1% podría hacer ningún aporte a los partidos. Los partidos políticos deben ser libres (excepto en los casos donde tenemos lavado de activos) de decidir quiénes y cuánto dinero les aportan, siempre y cuando se sea transparente y riguroso en la contabilidad de dichos ingresos.

Los partidos políticos enfrentan hoy múltiples y diversos retos y creemos que el proyecto es bueno en tanto busca fortalecer la democracia interna y brindar institucionalidad y fiscalización a estos procesos. Sin embargo, el financiamiento estatal directo es aún un tema que, además de por principio tratarse de un subsidio a quien no lo necesita, es un subsidio que, con el precario nivel de institucionalidad existente hoy dentro de los partidos, sería además mal utilizado. No intentemos poner la carreta delante de los caballos, porque ello podría causar más de un accidente.

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