Ley 29973 – Porque la discapacidad más grande es la discriminación e indiferencia

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Qué mejor manera de empezar el año 2013 que con la reciente promulgación de la Ley 29973, cuyo fin será garantizar la inclusión y participación de las personas con discapacidad en empresas públicas y privadas. Dicha norma prevé la fiscalización y punición por parte del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) frente al incumplimiento de ciertas medidas favorables para este sector. Abarca temas relacionados a la accesibilidad, derechos civiles, políticos y laborales, educación, salud, deporte, regulación estatal a nivel regional y local, etcétera. En tal sentido, es un gran avance en la lucha contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades como parte de una política de inclusión social tan fervientemente enarbolada por este gobierno.

En el Perú, se estima que existen cerca de cuatro millones de personas con discapacidad. La ley define a la persona discapacitada como aquella que «tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones que las demás.» Según la ONU, estamos hablando alrededor de 10% de la población mundial que se encuentra en dicho estado.

Los propulsores de la iniciativa legislativa fueron el congresista Javier Diez Canseco en nombre de Sociedad y Discapacidad (Sodis), el Dr. Julio Wilfredo Guzmán (Conadis), y el director del diario El Comercio Francisco Miró Quesada Rada. La propuesta ciudadana fue respaldada por más de 120 mil firmas y el pasado 14 de junio, la ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Sin embargo, a pesar del legítimo consenso al que el Legislativo arribó, la ley fue sometida a observación por el Ejecutivo, el cual objetó en 14 puntos, de forma que ofreció un proyecto alternativo y retardó aún más su promulgación.

El artículo 55 de la Constitución prevé que todos los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Como tal, a fines del 2007 el Perú suscribió y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Así, lo que se busca es que en coordinación con dicho tratado la legislación nacional se adecue a tales disposiciones, pero ya no desde una perspectiva tradicional asistencialista o caritativa, sino partiendo de una perspectiva social. Es decir, proponiendo medidas sociales que promuevan la igualdad de derechos así como el desarrollo de sus capacidades; o entendida de otro modo, tomando en cuenta las herramientas ofrecidas por la sociedad civil y aseguradas por el Estado, para encarar y superar dicha situación.

Los temas tratados son extensos, pero los aspectos más importantes de la ley son los siguientes: en materia laboral, dispone una cuota de empleo de 5% para la contratación de personas discapacitadas en empresas públicas y 3% en las privadas con más de 50 trabajadores. En materia de accesibilidad el compromiso aborda desde el diseño arquitectónico de las construcciones hasta el transporte público. Además, no menos de 5% del crédito estatal destinado al financiamiento de micro y pequeñas empresas irá hacia las empresas promocionales de personas con discapacidad. Asimismo, el Estado se compromete a garantizar y promover el trato igualitario del usuario en seguros de salud y educación, donde se prohíbe la negativa de prestar servicios por razón de discapacidad. A su vez, prevé el derecho de discapacitados en condición de extrema pobreza de obtener una pensión no contributiva a cargo del Estado. Finalmente, deberán realizarse censos e investigaciones científicas sobre la materia, y asegurar servicios de rehabilitación y atención integral al paciente. En general, es una ley que propone la integración social de dicho sector en igualdad de oportunidades dentro de las más diversas áreas. De acuerdo con Diez Canseco, es una ley ‘transversa’ puesto que involucra a todos los sectores.

Es importante también señalar que a manera de garantizar las mencionadas propuestas, la última disposición regula la aplicación de infracciones y sanciones para quienes incidan en su cumplimiento. Por primera vez se sanciona a la entidad, al funcionario o al empresario que vulnere o inhiba los derechos y deberes contemplados. Además, los infractores estarán inscritos en el registro de infractores de los derechos de la persona con discapacidad que administra el Conadis. Las sanciones oscilan desde la imposición de multas y suspensiones temporales sin goce de haber hasta la destitución del cargo. Asimismo, el dinero recaudado por concepto de multas será destinado exclusivamente para el financiamiento de programas en beneficio de los discapacitados.

Como se recordará, este año (2012) una conocida compañía de seguros fue multada tras haber negado el servicio de cobertura médica a una joven por padecer de Síndrome de Down. Claramente a falta de justificación, la empresa se vio obligada no sólo a pagar el equivalente a 45 UITs, sino como medida correctiva, a brindarle la debida atención. INDECOPI falló a favor de ella, argumentando que se había violado la Convención de la ONU, las normas de protección al consumidor y nuestra Constitución. Se espera sin embargo, que con la nueva ley, no vuelvan a ocurrir casos análogos a este y se fortalezca una política social que, promovida por el Estado, evite este tipo de situaciones.

Ahora bien, es de esperarse que cierto sector empresarial se manifieste en contra de la ley por considerar que la obligatoriedad de la cuota laboral genere sobrecostos. Sin embargo, sucede lo contrario, pues quienes contraten a personas discapacitadas disfrutarán de beneficios tributarios. Es decir, de acuerdo con el Dr. Guzmán, presidente del Conadis, las empresas podrían descontar del sueldo de cada trabajador discapacitado hasta el 80% del impuesto a la renta si estos superan el 30% del total de servidores.

En gran parte, es el medio o la misma sociedad la que determina la incapacidad de una persona. No se trata meramente de violar el principio de igualdad ante la ley. Empero, cuando se parte de una realidad que lamentablemente aún margina y discrimina, en ese marco, no ha de confundirse igualdad de oportunidades con igualdad ante la ley.  Se trata de una discriminación ‘positiva’ que compensa las dificultades a la que se enfrenta un discapacitado en el plano de la realidad laboral. El rol del Estado en ese sentido no es ofrecer dádivas, sino promover, incentivar prácticas integradoras y a la vez, inhibir y sancionar las discriminatorias. Como bien se mencionó, esta ley pretende adoptar un enfoque social y superar el lastre del asistencialismo que sus detractores le arrogan.

En ese sentido, aplaudo esta iniciativa que surge de móviles honestos e inclusivos que apuntan a una sociedad más igual para todos. Todavía queda pendiente la elaboración del reglamento. Sin embargo, a falta de este, de acuerdo a una disposición complementaria, no se verá impedida su aplicación y exigencia. Es decir, ya se encuentra en plena vigencia y, conforme a plazos, susceptible de ser aplicada paulatinamente cuando así lo demande.

Finalmente, es menester recordar que no es lástima lo que se busca, sino en aras de la igualdad social, el reconocimiento de derechos, usualmente ignorados, de un sector vasto de la población. Para ello, se exige el apoyo efectivo y responsable de un Estado que prevea e invierta en una política destinada a garantizar la igualdad de oportunidades para el desarrollo íntegro y digno de sus capacidades. No obstante, de nada sirve que un Estado imponga si no existen ciudadanos comprometidos a respetar y hacer valer los principios que se fundan tras las leyes. Por ello, hace falta también un cambio de actitud en el ADN social, para que esta iniciativa nazca voluntariamente por los mismos ciudadanos, y así cada vez sea menor el número de personas víctimas de la discriminación e indiferencia que a diario contaminan nuestra ciudad.

Pd. Empresas: no olviden que los discapacitados son individuos que valoran mucho más su trabajo, pues saben lo difícil que ha sido conseguirlo y mantenerlo.

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Directora del Portal Web de actualidad jurídica, EnfoqueDerecho.com. Estudiante de Derecho de la PUCP. He escrito para medios como El Comercio y Radar #5. ------ Siempre admiré la forma en que el reconocido chef Gastón Acurio logró amalgamar en una sola palabra algo que abarca tanto, una mezcla que trasciende el campo de la gastronomía y alcanza los linderos de la cultura, de las razas, del lenguaje, de ideologías y gustos, de personalidades, opiniones y expresiones y mucho más. De esa olla que converge lo mejor de cada ingrediente sale una mistura cuya riqueza se define por el componente de la diversidad. Esa misma pluralidad de colores, de sabores, es a la que uno aspira cuando se es abogada, periodista, cantante, artista, compositora, pseudo activista, atea, atleta, persona que busca abarcar todos los campos y rescatar lo más rico de un baúl de opiniones afines o divergentes. No complacerse con 'encajar' en ideología o dogma alguno, no dejar de investigar, tolerar y respetar lo contrario a uno, no imponer mi visión de vida (aunque sí darla a conocer), opinar con sustento y aprender de mis errores, son apenas algunos de mis mandamientos. Están invitados a probar de una mistura que promete no empalagar. Twitter: @josefina_28 // Espacio360: http://espacio360.pe/columnista/josefina-miro-quesada // Coherencia Radar5: http://www.coherencia.pe/tag/josefina-miro-quesada/

16 Comentarios

  1. Hola Josefina,
    Luego de leer tu artículo, me quedan los siguientes comentarios:

    -En primer lugar, se esboza de tu artículo que concuerdas con la referida norma. Si bien no haces un análisis de la misma o de sus implicancias prácticas, haces bien en resumir los puntos centrales de la misma, lo cual es meritorio.

    -Hubiese sido ideal (a mi juicio) que hubieses profundizado sobre el impacto de la norma en la realidad. Algunas precisiones:

    ¿Es necesario que una norma señale, por ejemplo, que se “garantizará y promoverá el trato igualitario del usuario en seguros de salud y educación, donde se prohíbe la negativa de prestar servicios por razón de discapacidad” cuando ello ya está implícito en nuestra Constitución al señalar la igualdad entre personas? Es decir, las personas discapacitadas tienen este derecho por el solo hecho de ser sujetos de derecho. No quito la intención, pero no era necesario regular dicho punto por lo anteriormente expuesto.

    -El punto más criticado es, sin duda, el tema laboral. Dar una “cuota” de trabajadores con discapacidad presupone un gran impacto en el sector privado y público. Discrepo de tu razonamiento en este punto, toda vez que el obtener un pequeño beneficio tributario no reduce el impacto que puede tener en la productividad verse obligado a contratar a un trabajador por el solo hecho de ser discapacitado. No solo ello: aquellas empresas que han venido operando con más de 50 trabajadores deberán despedir para poder cumplir la cuota?

    A mi juicio, se trata de una norma muy populista y sin un impacto real en pro de aquellas personas que inicialmente pretende “proteger”. Nadie duda que los discapacitados están en capacidad de efectuar ciertas labores con idéntica eficacia que una persona sin discapacidad. Sin embargo, ello no es óbice para que se exija a las empresas privadas tener una cuota mínima de empleados discapacitados. ¿Y su libertad de contratación?

    Una adecuada ponderación entre derechos podrá, a mi juicio, encontrar soluciones más idóneas que una cuota obligatoria de empleados discapacitados.

    Saludos,

  2. Modificar la visión hacia las personas con discapacidad es un primer paso para lograr la integración. Escuchar lo que sienten, piensan y necesitan es importante para construir vínculos basados en la igualdad.

  3. El artículo que nos muestra Josefina es interesante y explicativo. Pero valgan verdades, que lejos de todas normas y reglamentos habidas y por haber, los funcionarios y servidores públicos, así como también el sector privado, que no solo cumplan con ejercicio de esta ley, sino, que brinden el respeto moral y social a los trabajadores con habilidades especiales que tengan a su cargo, pues estas personas, por su mismo estado emocional, son muy suseptibles a la más mínima muestra de rechazo o discriminación frente a ellos. Por ello, no solo debemos cumplir con la cuota de trabajadores, sono darles el lugar y respeto que se merecen como cualquier ciudadano.

  4. antes todos felicitarles alos congrecistas x la aprovacion de esta xque en berdad merecemos la igualdad de beneficios laboral y otros porque todos savemos comer , savemos bestirnos y lo peor que tenemos familias porquien luchar y salir adelante y si no nos dan la oportunidad las empresas privadas como la TRANPORTADORA GAS DEL PERU (TGP) que siempre me ha cerrado la puerta cuando yo le he pedido un puesto de trabajo , y eso k todavia pasa el ducto por el predio de cultivos de mi mama , señores entonces como no boya estar de acuerdo k haiga estas sanciones a estas empresas, que son descriminadores , bueno gracias soy de la PROVINCIA DE PISCO mi nro de celu:942168892

  5. Buen día me gustaría conocer el impacto de esta ley en el caso de que un pensionista por invalidez de la ley 19990, pretendiera reinsertarse a la vida laboral . muchas gracias por su absolución a esta inquietud.

  6. Soy discapacitado por un mal inesperado “Sindrome Guillian Barre”
    lamentablemente me tomo de sorpresa y si las lejes se dan por que nuestras propias autoridades no las cumplen nos marginan y si uno entra en reclamo simplemente nos pasean Municipios, Gobiernos Regionales, LA LEY ES LETRA MUERTA por que no tenemos injerencia amistad o ruego, NO PEDIMOS DÁDIVA, LIMOSNA, sino que nos den un espacio real que nos corresponde, Autoridades existen? díganme quien o que autoridad es respetuoso de la ley? acudiré inmediatamente a pedir justicia y respeto que todos merecemos IGUALDAD DE OPORTUNIDADES? solo compadrazgos favoritismos ASQUEROSA POLÍTICA BARATA, rueguen a DIOS no llegar a nuestra situación.

  7. julia de independencia 13 de febrero conadis como representante de las personas con discapacidad ahora es su trabajo de fiscalizar que esta ley se cumpla y no sea letra muerta ahora lo que esta pasando con la educacion de los niños yadolecentes y jovenes con discapacidad aditiva o lo mal llamados sorditos que no hay colegio de basica regular para ellos el unico colegio que existia en lima cercado y en el peru el minedu lo quiere cerar .

  8. EN EL PERÚ LO QUE FALTA ES REALMENTE SENSIBILIZACIÓN, EJEMPLO DE LOS PADRES DE AYUDAR Y SERVIR AL PROJIMO DESDE LA FAMILIA, SE HAN PERDIDO LOS VALORES PRECIADO TESORO DEL SER HUMANO. SINO ANALIZEMOS LOS COMENTARIOS DE LOS MAXIMOS REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES DE NUESTRO PAIS, SOLO SE QUEJAN QUE VAN A PERDER SU ASQUEROSO Y RUIN DINERO SI CONTRATAN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUIEN LES HA HECHO CREER QUE CUANDO SE MUERAN SE VAN A LLEVAR SU RIQUESA ACUMULADA NI LOS GUSANOS SE LOS QUERRAN COMER A ESTOS MISERABLES EMPRESARIOS PERUAMOS.

  9. En el Reglamento de la Ley General de Las Personas con Discapacidad Nº 29973 debe precisarse sobre los derechos laborales de las Personas con discapacidad en lo referente a al abuso por discriminación, abuso de autoridad en las empresas públicas y privadas, despido arbritario, precisión en cuanto al regimen laboral y defensa en sus derechos tal como lo establece la Constitución del Perú y las leyes que amparan sus derechos

  10. ES SALUDABLE EN NUESTRO PAIS QUE PERSONAS COMO USTEDES SE PREOCUPEN POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUANTO A SU DESARROLLO PERSONAL, PERO ES NECESARIO IMPULSAR DESDE EL ESTADO UN FINANCIAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE DESEN EMPRENDER UN NEGOCIO QUE LES PERMITA AUTOSOSTENERSE ELLOS Y SU FAMILIA MEJORANDO DE ESTA MANERA SU VERDADERO DESARROLLO SOCIAL.

  11. Artículo interesante… faltaría precisar o pulir algunos puntos de la ley, pero en principio, interesante. Más allá de los términos y algunos puntos por mejorar, te felicito Josefina, buen aporte.

  12. NOS EXTRAÑA SOBRE MANERA QUE HASTA LA FECHA NO SE PROMULGUE EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Nº 29973 ¿ QUIEN ESTA PRESIONANDO AL GOBIERNO, SEGURAMENTE EL GRUPO DE EMPRESARIOS QUE SE CREEN LOS DUEÑOS DE NUESTRO PAIS ? SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CUMPLA SU PALABRA DE DESARROLLO CON INCLUSION SOCIAL.

  13. he leído varios de los comentarios, algunos hablan de populismo, pero yo tuve un accidente de transito y es salud me dio discapacidad permanente, ahora en mi trabajo me están liquidando donde me dijeron no hay espacio para uno como yo, como creen que me estoy sintiendo, con esto obvio que es un paso adelante y de hecho que se ira mejorando pero por lo menos se esta haciendo algo

  14. Josefina, sería interesante un análisis de las normas de cuota laboral de discapacidad, en razón a complementar la línea de este articulo.

    Se requiere modificar la visión hacia las pcd, y ésto se logrará con activismo.
    Buen artículo Enfoque Derecho, éxitos.

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