Una enfermedad que mata: el proyecto de ley sobre la regulación de los medicamentos

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Por: Milagros Mutsios
Estudiante de Derecho en la PUCP y miembro de la asociación civil THEMIS

El 3 de octubre del año en curso, escuché nuevamente al congresista Hector Becerril hablando sobre su Proyecto de Ley sobre la regulación de los medicamentos. El sustento de mencionado proyecto se encontraba en decir que somos una economía social de mercado. Así, el acentuar el carácter social y sumar al artículo 59º de la Constitución, según su interpretación, facultaría al Estado a intervenir en el mercado en temas de salud a través del control de precios. Toda vez que los consumidores no tienen acceso a los medicamentos son vilmente engañados por las empresas farmacéuticas, las cuales se aprovechan de su situación de necesidad.

Parece que el congresista olvida que, si bien nuestra constitución expresa el carácter “social” de nuestra economía, en ningún momento convierte al Estado en uno de Bienestar como el que existía en los años de régimen de la Constitución del 79. Por el contrario, nos encontramos en un Estado que ya no es protagonista de la actividad económica. En ese sentido, su accionar se orienta, nos guste o no, a reglamentar la actividad económica con el fin de permitir el desarrollo del mercado, mas no controlarlo. Por lo tanto, en ningún supuesto se encuentra facultado para controlar los precios y atentar contra el orden espontáneo del mercado.

En el Perú, habiendo pasado una época importante caracterizada por la privatización, nos encontramos en un escenario en donde gran parte del mercado se regula en base a la propia competencia y es así como debería ser en su totalidad. Un control de precios, sea de medicamentos, alimentos o cualquier otro bien o servicio, al atrofiar la libre competencia de forma generalizada, solamente nos llevará a los tiempos de las colas infinitas y escasez debido a la falta de incentivos por parte de las empresas para producir bienes y ofrecerlos en el mercado formal. Esto, a su vez, daría oportunidad para la generación de mercados negros en donde las empresas cobrarían precios altísimos por los productos brindados, debido a que a los costos en los que incurren por el mismo giro del negocio se sumarían los costos por escabullirse de la ley. Frente a este escenario, el consumidor tendría limitadas opciones, pues o va a la farmacia y no encuentra ningún medicamento o acude a comprarlo en el mercado negro sin ninguna seguridad de si el producto es de buena calidad o si efectivamente es el ofrecido. Cualquier parecido a la situación actual con Venezuela y lo difícil que es conseguir papel higiénico no es pura coincidencia, es una regulación en base a buenas intenciones.

Nadie cuestiona lo importante que resulta el que las personas puedan acceder a los medicamentos necesarios para beneficio de su salud, pero es importante postularnos el siguiente cuestionamiento: ¿de qué manera una regulación de los precios de medicamentos permitiría un mayor acceso de los consumidores frente a estos bienes? Yo considero que no lo permitirá; por el contrario, y como la propia experiencia nos ha debido hacer ver, sin ir más lejos que el primer gobierno de Alan García, una regulación que controla precios, en vez de proporcionar el bien o servicio a los consumidores, se los quita.

Reglas básicas del desarrollo del mercado nos indican que, si hay más demanda, habrá mayor oferta. La forma como la oferta tendrá más demanda es relativamente simple: ofrecer buenos y diferentes productos al mercado. En la medida que esta relación entre la oferta y la demanda se dé en libertad, aparecerán empresas competidoras, se desarrollaran mayores incentivos para mejorar la calidad de los productos y habrá una necesidad de brindar mejor información al consumidor.

Por su parte, el consumidor tendrá mayores posibilidades de elección sobre qué es lo que quiere y a qué precio lo quiere. Es decir, si se permite que el mercado se ordene de forma espontánea, tanto los productores como consumidores obtendrán beneficios. Y, ¿no era acaso esto lo que las buenas intenciones de la regulación de precios buscaban? Como podemos entender, las buenas intenciones sumadas al intento de buscar soluciones a través de una economía planificada resultan infructíferas y pecan de ineficaces. La razón radica en que, en el escenario de un mercado controlado, las empresas no tendrán ningún incentivo para competir, pues de plano, sin importar la calidad del producto, este se venderá al mismo precio, el decidido por la ley. Por consiguiente, las empresas dejarían de producir, ya que no tendrán la posibilidad de ganar y, como ya se indicó, esto solamente conlleva a escasez y a la generación de mercados negros donde los precios son altos, pero los consumidores tendrán que aceptarlos, pues no existirá posibilidad de elección.

Es decir, en el caso de los fármacos, el consumidor se encontrará en el siguiente escenario: o compra Panadol fuera del ámbito de la ley con ninguna seguridad respecto de la calidad o si efectivamente es Panadol; o no tendrá la posibilidad de comprarlo en ninguna farmacia. En ese sentido, es importante tener en claro que las soluciones de las leyes como la mencionada no mejoran la situación de nadie, ni consumidor ni empresa.

Por lo dicho, resulta necesario permitir que nuestra economía social de mercado sea menos “social” y más libre, pues como se ha podido argumentar, no es la libertad de empresa, comercio e industria, también resguardada por el artículo 59º de la Constitución, lo que afectaría a la salud, sino un control de precios que en definitiva nos llevaría, como se ha expresado, a una escasez de medicinas. Esto, en vez de mejorar la salud de los consumidores, los llevarían a optar por mercados negros donde la poca información, baja calidad y precios altos atentarían efectivamente con esa salud que al parecer es tan importante para el congresista Hector Becerril y su Proyecto de Ley.

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