Editorial: Tía María: ¿Quién es el culpable?

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Durante las últimas semanas, el panorama en la provincia de Islay (Arequipa) no ha hecho más que agravarse. El 23 de marzo, se iniciaron una serie de protestas en contra del proyecto minero Tía María de la empresa Southern Peru Cooper Corporation, ya que este dañaría la integridad del Valle del Tambo. La situación empeoró cuando la empresa anunció su retiro y calificó a las manifestaciones como “terrorismo antiminero”. A la fecha, el conflicto ha dejado un saldo aproximado de 20 heridos y 12 detenidos, sin que el Estado pueda encontrar una solución efectiva al problema. Ante esta coyuntura, el presente editorial explicará qué originó el conflicto y quiénes son los verdaderos culpables del mismo.

Para comenzar, cabe recordar que la controversia se remonta al año 2011, cuando un informe señaló 138 observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por Southern Perú en el año 2009. Entre los hallazgos más destacados de este documento se encontraban la ausencia de un estudio hidrogeológico, la utilización de la desembocadura del río en el proceso de agua en lugar de agua de mar, y la posibilidad de que la empresa realice actividades de extracción de oro además de las de cobre. Esto ocasionó que se iniciaran las protestas y que se paralizara el proyecto. Sin embargo, el conflicto nunca se solucionó. Por eso, cuando a comienzos de este año, Guillermo Shinno, Viceministro de Minas, anunció que en marzo se aprobaría la licencia del campamento minero; los opositores retomaron sus reclamos.

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Ahora bien, para determinar quiénes son los responsables, es necesario conocer a los actores involucrados. En primer lugar, se encuentra la empresa Southern Peru, la cual ha sido investigada reiteradamente por contaminación ambiental. Basta recordar lo ocurrido en el 2011, cuando la Dirección de Gestión Ambiental publicó un informe en el que se advertía que las filtraciones de relaves depositadas en la Quebrada Honda contaminaron el agua de consumo en Pampa Sitana. Además, esta compañía suele ser impopular en sus zonas de actividad por la mala comunicación y actitud que tiene con sus pobladores. Prueba de ello fue que en el caso del proyecto Tía María, la empresa señaló primero, a través su vocero, que se retiraría de Arequipa. No obstante, pocas horas más tarde, el Presidente del Directorio desmentía la declaración, expresando  su preocupación por la existencia de un “terrorismo antiminero” en la zona.

Otros actores que forman parte de este conflicto son los grupos de interés que se encuentran detrás de las manifestaciones. Por un lado, tenemos que la población del Valle del Tambo está compuesta principalmente por empresarios agricultores, de los cuales se calcula que el 80% se encuentra apoyando el paro. En efecto, estos se han visto impactados negativamente en su economía puesto que el desarrollo inicial del proyecto los ha dejado sin mano de obra suficiente para desarrollar sus actividades. A esta oposición, se han sumado los alcaldes de la zona con un discurso antiminero más radical que en ocasiones anteriores. Incluso, algunos han llegado a declarar que no temen ser destituidos del cargo por apoyar y participar en las protestas, pese a que el Decreto Legislativo 982 indica que el funcionario público con poder de decisión que participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio, será sancionado con la inhabilitación. Asimismo, otras figuras como el congresista Jorge Rimarachín, el presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo, Jesús Cornejo, y otros líderes de la oposición están en contra de instalar una mesa de diálogo, considerando que la única solución al conflicto es la suspensión definitiva de Tía María y el retiro de Southern Perú de la zona.

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Finalmente, el Estado peruano también ha jugado un rol importante dentro de este problema. Como hemos señalado anteriormente, este conflicto social data del 2011 y el Estado, en estos últimos cuatro años, solo ha desempeñado el papel de un simple observador. De hecho, ni si quiera se ha encargado de establecer un diálogo eficaz con los distintos involucrados al no constituir mesas de diálogo donde se encuentren tanto opositores como impulsores del proyecto Tía María. A ello se suma que los pobladores tienen la percepción de que el Estado es guardián de la minera y que no comprende su visión de desarrollo. Además, cuando estalló el conflicto, la acción del Estado estuvo enfocada en sancionar los actos vandálicos de los protestantes y, recién entonces, establecer una mesa de diálogo para dar a conocer el segundo EIA y resolver las dudas generales sobre el proyecto.

Ante todo lo expuesto, esta casa editorial resuelve que tanto la empresa Southern Peru como los grupos detrás de los manifestantes y el propio Estado peruano son culpables. La mala comunicación por parte de Southern Peru, la poca intención de dialogar de los grupos que encabezan las manifestaciones y un Estado que sigue sin aprender que es mejor solucionar los conflictos sociales cuando se encuentran latentes, son los causantes de que este conflicto aún continúe. Por ello, desde esta tribuna, criticamos su actuación y hacemos un llamado para que se tomen las medidas necesarias para que se concretice la mesa agraria programada para el 14 de abril como primer paso para el urgente diálogo entre todos los actores del caso. ¿Cuánto tiempo más va a tener que pasar para se solucione este conflicto?

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Director: Uber López | Consejo Editorial: Carlos Valverde, Darío Rodríguez, Flavia Martínez, Julio Casma, Lucía Varillas, Marcelo Castilla. Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

1 Comentario

  1. En el país de China a los culpables de este desorden y conflicto ya los hubieran cortado la cabeza y aquí en Perú seguramente los premiará y pedirá disculpas el gobierno peruano.
    Donde están los irresponsables porque no dan la cara que afronten su responsabilidad su torpeza, que no son capaces de asumirlas? Porque nuestra policía y nuestro pueblo tiene que afrontar y protegerlos con su integridad y sin viáticos.
    Yo perdí un amigo de la PNP. Que era padre, esposo, y hijo. Murió por culpa de estos empresarios y gobierno irresponsables, incapaces. Este conflicto se pudo evitar con un simple acto RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS, RESPETANDO EL DERECHO ALA
    VIDA. Es lamentable que al gobierno que eligimos no tiene soberanía ni estima, prefiere cuidar a los intereses agenos “yanquis” que hacer respetar su patria, la dignidad de sus compatriotas. Que pena. PREFERERIA MORIR DE PIE, QUE VIVIR DE RODILLAS.
    Oh ya se olvido de sus discursos señor Ollanta. Usted se disfrazó de nacionalista.solo para convencernos. Y de los ciudadanos y policías muertos en Arequipa, NO ES GENOCIDIO?

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