Incentivando inversión en un país no petrolero

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Por: Ximena Benavides Reverditto
Asociada Senior de Estudio Grau. Profesor de Propiedad en la PUCP y UP. Maestría en Derecho (LL.M.) por Yale Law School. Ex Miembro del Consejo Directivo de THEMIS.

En el Perú los hidrocarburos son transferidos a los particulares mediante los contratos de licencia para actividades de exploración y explotación o explotación. Estos contratos pueden tener un plazo máximo de vigencia de 30 años si se trata de petróleo crudo, o de 40 años si se trata de gas natural. Así, en teoría, un contrato de licencia suscrito por un plazo menor al máximo posible podría ser ampliado hasta el plazo máximo previsto por ley; sin embargo, este supuesto no ha sido regulado por la norma.

Atendiendo a que existen algunos contratos de licencia suscritos por plazos menores al plazo máximo legal, cuyos plazos además estarían próximos a vencer, y cuyo ampliación resultaría conveniente porque incrementaría el volumen de producción de petróleo de manera sostenida; actualmente el Ministerio de Energía y Minas plantea mediante un proyecto de Decreto Supremo que sea posible ampliar los plazos en los contratos de explotación de hidrocarburos siempre que la empresa contratista otorgue una participación accionaria a favor de Petroperú S.A., la empresa petrolera estatal. Es decir, además de ampliar el plazo del contrato hasta el máximo legal posible, se modificaría la participación del contratista en el proyecto de forma tal que la empresa estatal de hidrocarburos sea accionista. El proyecto menciona que la participación accionaria de Petroperú S.A. se calcularía en base a las reservas remanentes certificadas, sin detallar si esta modificación implicaría la formación de un joint venture o la constitución de una empresa mixta al estilo del gobierno venezolano chavista.

Me pregunto si la misma alternativa se propondrá cuando inclusive el plazo máximo posible de los contratos esté próximo a vencer. ¿Acaso se propondrá extender el plazo máximo de 30 o 40 años, según corresponda, a cambio de una participación accionaria de Petroperú S.A.? Si uno de los objetivos del proyecto de Decreto Supremo que se plantea en sus considerandos es lograr una mayor participación del Estado en la renta petrolera, la respuesta parece ser sí. Qué mejor forma de asegurar la rentabilidad del negocio petrolero además de con regalías que con rentabilidad directa del negocio como accionista. Evidentemente ampliar el plazo del contrato más allá del máximo legal sería un supuesto con mayores connotaciones por examinar.

Un país deficitario de petróleo, que importa más del 60% del petróleo que procesa en las refinerías nacionales; debería priorizar en su agenda de promoción de inversión del sector la participación estatal a nivel regulatorio antes que como socio estratégico obligatorio de las empresas contratistas, que por el contrario elevaría el riesgo político país e imitaría un riesgo región de expropiación. Con esto no queremos decir que sería conveniente revisar, en cambio, el régimen de regalías para asegurar la renta petrolera al Estado, como también se ha propuesto en las últimas semanas mediante un proyecto de decreto supremo. Por el contrario, creemos que la renta petrolera de un país no petrolero como el nuestro se asegura antes que con participación obligatoria del Estado como contratista o con el incremento de regalías, con la creación, promoción y conservación de un ambiente de inversión estable, seguro y transparente.

¿Cómo citar este artículo?
BENAVIDES REVERDITTO, Ximena. Incentivando inversión en un país no petrolero. En: Enfoque Derecho, 16 de marzo de 2010. http://www.enfoquederecho.com/incentivando-inversion-en-un-pais-no-petrolero (visitado el dd/mm/aa a las hh:mm).

1 Comentario

  1. Mauricio Quiroz Torres
    [email protected]

    PERU: SABOTAJE A PETROPERU S.A.

    SINDICATO DE TRABAJADORES DE PETROPERU S.A. EXIGE DEROGATORIA DE NORMA QUE PONE TRABAS A COMPRAS EMPRESARIALES. ES UN SABOTAJE A FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE EMPRESA PETROLERA ESTATAL.

    El último párrafo del artículo 18º de la Ley 29626, Presupuesto del Sector Público 2011 pone trabas a las contrataciones y adquisiciones en nuestra empresa y lo pondrá en situación de riesgo frente a sus competidores privados, afirmó el Sindicato de Trabajadores Administrativos de PETROPERU S.A., la empresa petrolera pública peruana que tiene el 48% del mercado local de combustibles y el 10% del Gas Licuado de Petróleo.

    Lino Cerna Manrique, dirigente de dicho gremio afirmó que este párrafo normativo no tiene sustento alguno mas que sabotear las compras de repuestos, mantenimiento de equipo y embarcaciones, etc. que puede desequilibrar los resultados operativos y económico-financieros de la empresa.

    Refirió que PETROPERU S.A. tiene un agil Reglamento de Contrataciones que aprueba el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado-OSCE y se publica su Plan Anual de Adquisiciones y todos los procesos en el portal de dicho organismo conforme ordenó la Ley 28840, Ley de fortalecimiento y modernización de PETROPERU S.A.

    PETROPERU S.A. no recibe ninguna transferencia del Tesoro Público afirmó el dirigente sindical, por lo que dicha normativa no ha debido ser aprobada pues alarga innecesariamente las contrataciones de la empresa lo que implica mayor sobrecosto y peligros para las actividades de la empresa.

    Lino Cerna Manrique dijo que el Poder Ejecutivo se equivocó con esta propuesta convertida en Ley porque ni siquiera en su Exposición de Motivos existe sustento para tal normativa.

    Nuestro sindicato está solicitando la derogatoria de dicha normativa afirmó finalmente el dirigente gremial.

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