A propósito de la joven estudiante que murió decapitada por la hélice de un helicóptero del Estado

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Por Armando Sánchez Málaga, abogado por la PUCP y socio del Estudio Roger Yon & SMB.

Inauguramos este blog de Derecho penal preguntándonos acerca de la tarea que esta rama del Derecho está llamada hoy a cumplir en nuestra sociedad. ¿Puede ser el Derecho penal una arma eficaz para luchar contra el crimen? ¿Existe un sistema penal capaz de atender el problema criminal? Son estas las preguntas que, por este medio, intentaremos responder.

El Derecho penal es la expresión más brutal de represión del Estado. Es un sistema organizado de restricción de la libertad personal, el cual incluso, en algunas sociedades, decide acerca de la vida de las personas. La discusión sobre el problema penal no es entonces tarea exclusiva de los penalistas, sino que concierne a todos los miembros de la sociedad. Hemos llamado a este blog “libertad interrumpida” bajo el entendido de que el delito interrumpe la libertad de la víctima, el proceso penal interrumpe la libertad del ciudadano sometido -justa o injustamente- a la justicia penal y la pena interrumpe, algunas veces de forma definitiva, la libertad del condenado.

En esta primera entrega, queremos advertir sobre los peligros de una concepción meramente política del Derecho penal, en la que se utilice la sanción penal como herramienta de voluntades particulares. A propósito de ello, hace pocos días conocimos el lamentable caso de una joven tumbesina de 21 años, quien murió decapitada tras acercarse a la hélice posterior de un helicóptero del Ejército que transportaba a un ministro de Estado. La joven víctima llevaba consigo una carta dirigida al ministro, en la que reclamaba justicia para su hermano que se encuentra preso. De inmediato, un amplio sector de la prensa y más de un político comenzaron a reclamar: “¡Cárcel para los responsables de esta horrenda muerte!”

Sin preguntarse acaso si nos encontramos frente a un lamentable caso fortuito, frente a la propia puesta en peligro de la víctima o frente a una falla en el cerco de seguridad del lugar de aterrizaje, la Fiscalía ha iniciado una investigación por el delito de homicidio imprudente, en la que, según señalan los medios de comunicación, están incluidos los miembros de la tripulación del helicóptero. Cabe preguntarse cuál es la motivación del fiscal para calificar el hecho como homicidio imprudente. ¿Basta acaso con la lamentable producción de una muerte para activar el aparato estatal, utilizar sus recursos e iniciar un caso de homicidio? ¿Habrá actuado el fiscal como defensor de la legalidad según le manda la Constitución o existirá algún tipo de presión mediática o de temor a ser sancionado en caso no actúe?

La solicitud para que se imponga nueve meses de prisión preventiva a los tres tripulantes de la aeronave nos lleva a pensar lo segundo. Si bien el juez penal no ha accedido a dicho pedido, el fiscal ha declarado que apelará la decisión. No ha faltado quien proponga que el juez debe ser investigado por las instancias de control al haber dejado en libertad a los posibles autores de un delito. Tampoco han faltado las declaraciones del Jefe de Estado, quien dice no ver responsabilidad penal de los pilotos del helicóptero en estos hechos. Por su parte, la familia de la joven fallecida, en un comprensible momento de dolor, anuncia ahora que denunciará penalmente por homicidio al ministro que se trasladaba en la aeronave.

El problema no reside en que los representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial anuncien una exhaustiva investigación. Investigar está bien, es su tarea y deben cumplirla. Sin embargo, toda investigación penal, que trae en sí misma consecuencias lesivas para la libertad de las personas, debe estar rodeada de racionalidad. Ello implica por lo menos tres cosas. En primer lugar, el inicio de la investigación debe sustentarse en elementos objetivos (indicios que circunscriben el hecho en el espacio y en el tiempo) y no en meras sospechas (opinión de la prensa, intuición del fiscal, etc.). En segundo lugar, debe existir en la autoridad un criterio jurídico que permita calificar adecuadamente el hecho (homicidio imprudente, exposición al peligro, omisión de socorro, etc.) a efectos de que la persona sometida a la justicia penal pueda ejercer debidamente su derecho de defensa. Finalmente, la investigación no debe estar motivada por presión política o mediática.

¿Cuál es entonces el Derecho penal de nuestros tiempos? Lamentablemente, parece ser que el curso de las investigaciones penales muchas veces es dictado por la agenda de los medios de comunicación y de algunos políticos. Así lo demuestra el caso de esta joven fallecida en tan impactante circunstancia. Si ello es así, debemos cuestionarnos si el Derecho penal es, en la actual condición, una herramienta idónea para solucionar este tipo de conflictos sociales.

Se requiere, sin lugar a dudas, una revisión del sistema y de sus operadores, a efectos de promover que estos actúen en base a criterios jurídicos y tutelando los derechos de todas las personas involucradas en el conflicto penal. La joven fallecida esta semana buscaba justicia para su hermano. Es penoso que el aparato estatal no funcionara entonces cuando estaba viva y reclamaba lo que consideraba sus derechos. Sin embargo, ahora, una vez muerta, el aparato penal sí se mueve y lo hace quizás para cometer una nueva injusticia y esta vez “en nombre” de quien buscaba justicia. Es la paradoja del Derecho penal de nuestros tiempos.

Creemos que esta situación debe cambiar. La inseguridad ciudadana, la falta de justicia y la ineficacia de nuestros operadores del sistema penal son problemas que reclaman un espacio de reflexión, en el que se llame la atención sobre las causas y el fondo de los conflictos, y en el que no nos limitemos a abordar la respuesta políticamente correcta ni a satisfacer el “clamor mediático” de justicia. En este blog intentaremos contribuir con esta tarea.

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Blog colectivo de Roger Yon, Armando Sánchez Málaga y Ariana Bassino Balta; abogados especializados en temas penales. La libertad rodea siempre al Derecho Penal, sea desde la perspectiva de la víctima (que la ve afectada por el delito), sea desde la perspectiva del agresor (que debe sufrir la privación de la libertad) o de la persona sometida injustamente a la libertad penal (que ve interrumpido su derecho).

3 Comentarios

  1. El helicoptero aterriza en zona baldía sin las mínimas medidas de seguridad (policías militares o guardias civiles ni guachimanes), hay negligencias varias; pero aún así ello no alcanza ni siquiera para configurar homicidio culposo, tampoco exposicion al peligro porque con el aterrizaje no se buscó lesionar a nadie y tampoco habría omisión de socorro porque la víctima falleció inmediatamente y además el gobierno reaccionó prestando asistencia a loa deudos.
    No cabe admitir ninguna demanda, denuncia o causa de cualquier naturaleza contra el ministro ni los pilotos.
    La joven se expuso al peligro sin calcular el riesgo acercándose furtivamente a la aeronave en su afán de lograr entregar una carta al ministro.

  2. Excelente. Por el Blog de una de las ramas tan poco confiables que se dan en las cátedras de la universidad.
    Buena iniciativa sobre las investigaciones penales que hoy ocurre en nuestro país, libertad interrumpida, tenemos que llegar a eliminar el bien jurídico de mayor nivel para que nos haga caso, hasta donde llega el sistema penal peruano. La vida con el libertad.

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