Por Armando Sánchez Málaga, Máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y socio del estudio Roger Yon & SMB Abogados. 

En el primer debate presidencial de este año en Estados Unidos, la candidata demócrata Hillary Clinton señaló, con referencia a los problemas del sistema penal en dicho país, que “no podemos limitarnos a decir ´ley y orden´. Tenemos que presentar un plan”. Lo hizo frente a las destempladas afirmaciones de su contendor, quien nos hizo recordar a muchos políticos locales que también recurren al discurso firme y “encabritado” de la seguridad, pero a la hora de tomar acción no tienen idea de lo que ello significa o, lo que es peor, instauran medidas “eficaces” que constituyen graves violaciones de los derechos humanos y, finalmente, no solucionan el problema, sino que lo agravan.

Este tipo de políticos abundan hoy en el Legislativo. Últimamente hemos visto a diversos personajes que le exigen al Ejecutivo de turno que tome medidas “concretas e inmediatas para luchar contra la inseguridad” y que “sea inflexible con la corrupción”, a lo que suelen añadir opiniones autoritarias que entienden que la defensa de derechos fundamentales en el proceso penal es un “obstáculo” para acabar con el crimen. Y lo más penoso es que algunos son abogados.

Afortunadamente, tenemos la impresión de que la nueva gestión gubernamental tendría una voluntad y disposición distintas. Al menos eso parece leerse de la solicitud de facultades remitida al Legislativo mediante oficio número 182-2016-PR. Si bien se trata de un documento muy general, que deberá ser debatido en los próximos días, podemos extraer de él la visión general del Ejecutivo en materia de lucha contra la seguridad ciudadana, la cual no se limita al campo de la legislación penal. Y ello hay que resaltarlo.

Según el aludido oficio, el Ejecutivo se propone “formular una política pública de prevención social del delito”. En esa línea entendemos que se sitúan sus propuestas para reformar el Sistema Nacional Penitenciario (con lo que se podría reducir, a corto plazo, la criminalidad desde la cárcel y, a mediano plazo, la reincidencia en el delito) y fortalecer el Sistema de Prevención del Lavado de Activos (con lo que podría obstaculizarse la actividad de grandes organizaciones criminales, al perturbar sus caudales de dinero).

Así, el Ejecutivo –al menos en papel- ha manifestado su compromiso para combinar medidas eficaces de lucha contra el crimen con una visión preventiva y garantista del sector interior. Sostiene, por ejemplo, que se propone “adoptar medidas de prevención social de la delincuencia y participación ciudadana” y “reestructurar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, mejorando la articulación multisectorial, intergubernamental y la participación ciudadana, así como la cooperación entre la Policía Nacional del Perú y los Gobiernos Locales y Regionales”.

Motivos de espacio y tiempo nos impiden comentar cada una de las medidas específicas que el nuevo gobierno pretende implementar en caso se le otorguen las facultades requeridas; sin embargo, queremos enumerar las más resaltantes, que podremos ir desarrollando conforme se vayan estableciendo:

  • El Ejecutivo pretende modificar el Código Penal para, entre otros asuntos, incluir el concepto de organización criminal como modalidad del delito de asociación ilícita para delinquir; incorporar el delito de tráfico de sangre; criminalizar el porte de armas sin licencia; tipificar la figura de banda criminal; establecer como agravante de “feminicidio” el que los hijos hayan presenciado el acto criminal; sancionar penalmente los actos contra instalaciones y medios de transporte de hidrocarburos; modificar el delito de lavado de activos para incorporar la conducta de “posesión” y eliminar la exigencia de la finalidad de ocultamiento; modificar la legislación contra el financiamiento del terrorismo; e incorporar la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas en delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • En materia procesal, el Ejecutivo pretende restringir la aplicación de las figuras de la terminación anticipada y la confesión sincera.
  • Con relación a la ejecución penal, el Ejecutivo planea declarar en estado de emergencia el Sistema Nacional Penitenciario; establecer un procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad menores de cuatro años para internos primarios (por ejemplo, en los casos de omisión a la asistencia familiar); revisar las medidas de vigilancia electrónica y su aplicación; establecer el traslado de internos extranjeros a sus países de origen y reducir la complejidad del proceso de extradición. Todas estas medidas tienen la clara finalidad de reducir el grave problema de sobrepoblación que afecta a nuestras cárceles. Asimismo, plantea establecer cárceles productivas como parte del proceso resocializador.
  • En materia específica de administración de la seguridad, el Ejecutivo propone establecer nueva normativa sobre la colaboración entre la Policía Nacional y las autoridades regionales y locales; así como reorganizar el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
  • En materia de prevención del delito, el Ejecutivo pretende promover el uso del sistema bancario y financiero en lugar de la circulación de efectivo; otorgar acceso a la Unidad de Inteligencia Financiera (en adelante, UIF) al secreto bancario y a la reserva tributaria; promover que la UIF comparta información de inteligencia con órganos de inteligencia, el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales; facultar a la UIF para que pueda remitir al Ministerio Público información sobre delitos precedentes del lavado de activos; incorporar a nuevos sujetos obligados en materia de prevención del lavado de activos (procesadores de tarjetas de crédito, juegos por internet, abogados, contadores, entre otros); crear un registro de beneficiarios finales de las acciones de las sociedades (para evitar casos como el de “Panamá Papers”); establecer mecanismos de protección e incentivos para denunciantes de actos de corrupción; crear un registro de sanciones impuestas a los abogados; restringir ingreso al sector público de condenados por delitos contra la administración pública; etc.

Como vemos la tarea es amplia. Algunas medidas –bien implementadas- podrían tener efectos a no tan largo plazo. Por ejemplo, la reforma del sistema penitenciario para reducir el número de internos y lograr un mayor control de lo que ocurre al interior de las cárceles. Del mismo modo, la mayor eficacia de la UIF en la tarea de prevención del lavado de activos, lo que podría constituir un claro golpe a las más peligrosas organizaciones criminales que amenazan hoy nuestro sistema democrático.

El grave obstáculo que enfrenta la reforma es que los órganos del crimen están infiltrados a todo nivel. Así, los medios de comunicación informan que existiría una tendencia en el Legislativo que pretendería bloquear reformas indispensables y que fueron inclusive impulsadas por sus líderes durante la campaña electoral. ¿Será acaso que estos políticos que tanto exigen en su discurso, cuando les toca actuar (y dar facultades de acción al Ejecutivo), demuestran que su único plan verdadero es su agenda política y personal? ¿Por qué negarse a que la UIF tenga la facultad de solicitar a un juez información sobre transacciones en el sistema financiero si eso podría coadyuvar a evitar el lavado de activos y perturbar así las acciones de peligrosas organizaciones criminales? ¿Por qué mentirle a la población diciendo que es “inconstitucional” que la UIF “levante el secreto bancario” cuando el Ejecutivo jamás ha propuesta tal despropósito? ¿Será acaso que se trata de medidas poco convenientes para algunos legisladores o sus financistas? Confiamos en que la presión social y las necesidades urgentes de nuestro país prevalezcan y el Ejecutivo esté en condiciones de llevar a cabo al menos algunas de las reformas propuestas. Y, por supuesto, que de la talla al ejecutarlas.

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