Editorial: Maltrato animal y pena privativa ¿sanción proporcional?

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El pasado martes 21 de abril, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley de Protección Animal (3371/2013-CR), el cual será discutido próximamente por el Pleno. Esta iniciativa legislativa tiene como finalidad garantizar la protección y bienestar de los animales domésticos y silvestres. De ser aprobada, reemplazaría a la Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales Silvestres Mantenidos en Cautiverio, la cual, a pesar de haber sido promulgada hace 14 años, aún no cuenta con un reglamento y resulta inefectiva. Asimismo, este proyecto considera al maltrato animal como un delito y lo sanciona con pena privativa de la libertad en algunos casos. En ese sentido, el presente editorial analizará qué tan proporcional es imputar este tipo de sanciones para lograr el fin de la norma.

De acuerdo con el dispositivo, la principal modificación sería la derogación del artículo 450-A del Código Penal y la incorporación del artículo 207-A del mismo. Ello con el fin de que el maltrato animal ya no sea considerado falta, sino delito. De este modo, se propone que: “(i) quienes cometan actos de crueldad contra un animal o lo someta a realizar actividades incompatibles con su comportamiento natural que afecte su integridad y bienestar será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 1 año ni mayor de 2 años y con 60 a 180 días-multa, y ii) si el animal muere a consecuencia de los maltratos, la pena privativa de la libertad  será no menor de 3 años y no mayor de 5 años y con 180 a 365 días-multa.”[1]

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Ahora bien, debemos preguntarnos si este endurecimiento en las penas realmente garantizará la protección de los animales, y mejorará su calidad de vida. El dictamen del proyecto tomó en consideración al Derecho Penal comparado para definir el objeto material sobre el que recae la conducta. No obstante, si bien en diversos ordenamientos jurídicos se contemplan penas privativas de libertad para el maltrato animal, estas son en promedio mucho menores a las propuestas en el Proyecto de Ley. De igual manera, los autores del proyecto se limitaron a considerar solo a la pena privativa de libertad  y no a los mecanismos de fiscalización utilizados en otros países, algo necesario para regular condiciones mínimas en centros de experimentación e investigación. Pareciera ser que los legisladores solo han concluido que si otros países han incorporado penas de cárcel para este tipo de conductas, entonces el Perú debería hacerlo también, sin analizar si ello basta para brindar la protección necesaria.

Cabe acotar que este tipo de sanciones deben ser pensadas cautelosamente, considerando principios como el de proporcionalidad y el de mínima intervención o ultima ratio del Derecho Penal. Por otro lado, consideramos que sería más adecuada la implementación de un modelo de multas e indemnizaciones similar al de Puerto Rico. Esta legislación establece claramente los supuestos en donde correspondería tanto la multa como la privación de libertad –la cual tiene lugar en casos de gravedad como la tortura-, indicando que estos se aplican siempre que la conducta haya sido dolosa.

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Nuevamente, nuestros legisladores creen que incrementar las sanciones va a disuadir los actos que se buscan prohibir. Si se llegase a aprobar esta norma, resultaría vital la pronta elaboración de un reglamento para que la Ley se complemente y ejecute. El maltrato animal puede resultar altamente reprochable e indeseado, pero implementar sanciones desproporcionales para mejorar su bienestar y calidad de vida no es la solución ni la vía para lograr el fin de esta norma. El Derecho ofrece figuras más equitativas y ecuánimes tanto como para sancionar estas prácticas (multas o indemnizaciones) como para brindar una protección jurídica adecuada a los animales (mecanismos fiscalizadores). Una ley no puede estar hecha solo a base de buenas intenciones, es necesario que contenga herramientas para que verdaderamente funcione.


[1] Además de penalizar el maltrato animal, se busca regular aspectos como la adopción de animales callejeros. Se exceptúa de estas sanciones a la corrida de toros, al ser considerada una manifestación cultural amparada constitucionalmente.

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Director: Marcelo Castilla | Consejo Editorial: Astridt Chuy, Darío Rodríguez, Flavia Martínez, Julio Casma, Kiara Bazán, Natalia Martinez, Roy Irribarren. Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

1 Comentario

  1. Nadie se ha percatado de que esta norma legaliza el uso de animales en laboratorios para ser usados en experimentos, lo cual es una práctica abominable, pues somete a los animales a una tortura sistemática que los lleva a la muerte, tarde o temprano, debido a las secuelas. Mientras en otros países se lucha para derogar estas crueles normas, en el Perú pasan solapadamente ante la ceguera generalizada. Ojalá que ése artículo por lo menos, sea eliminado.

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