El origen de la corrupción en las corporaciones tras la operación Lava Jato

"¿A pesar de su gran capital, patrimonio o garantía económica, las grandes corporaciones brasileñas y locales necesitaban de prácticas corruptas para ganar las licitaciones o contratos con los gobiernos de turno? ¿Por qué?"

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Por Antonio Peña Jumpa, profesor principal de la Facultad de Derecho de la PUCP y doctor por la Katholieke Universiteit Leuven de Bélgica. 

¿Qué explica que una gran empresa con inmensos capitales realice a través de sus directivos o altos funcionarios prácticas de corrupción? La experiencia que estamos viviendo tras la operación Lava Jato contra grandes empresas en Brasil, extendida a países latinoamericanos como el Perú, nos muestra algunas pistas de interpretación.

Tres cuestiones previas antes de abordar una respuesta a la pregunta.

Primero, el problema no involucra a una, sino a todas o casi todas las grandes corporaciones brasileñas que contrataban con los gobiernos de turno de su Estado.

Segundo, en países como el Perú, las grandes corporaciones brasileñas como el holding Odebrecht celebraba alianzas con grandes o medianas empresas locales como el Grupo Graña y Montero S.A., para posicionarse en el medio local y ganar las licitaciones convocadas por los gobiernos de turno.

Tercero, la corrupción corporativa se relacionaba con la política, y tenía muchas modalidades. Las más conocidas son dos: las corporaciones sobornan a funcionarios del gobierno de turno para ser favorecidos de los contratos millonarios que bajo aparente licitación pública se convocaba; y, las corporaciones financiaban bajo aparentes donaciones las campañas políticas de los partidos o candidatos políticos con mayor opción para, una vez que uno de ellos gane las elecciones, “retorne” las donaciones a través de los millonarios contratos bajo aparente licitación pública.

Ambas -las corporaciones brasileñas y las corporaciones locales- se presentaban ante los gobiernos de turno y los candidatos políticos como titulares de un patrimonio multimillonario y especialistas en la construcción de grandes obras. Esto era una garantía para los políticos de turno, e incluso para la opinión pública. Su sola presencia garantizaba la “buena” obra o servicio público que desarrollarían.

Sin embargo, retomando la pregunta central formulada, cabe repreguntar: ¿A pesar de su gran capital, patrimonio o garantía económica, las grandes corporaciones brasileñas y locales necesitaban de prácticas corruptas para ganar las licitaciones o contratos con los gobiernos de turno? ¿Por qué? La posible explicación racional es la siguiente: a más capital o patrimonio de la corporación es mayor su riesgo, y, por tanto, es mayor la tendencia de asegurarse el triunfo en las licitaciones y sus contratos millonarios.

Así, cuando un gobierno de turno convocaba la licitación de una obra o servicio público en su modalidad público-privado valorizada en 5,000 millones de dólares, las grandes corporaciones interesadas –de origen brasileño y locales-, no dudaban en asociarse, contratar empresas consultoras y asesores especializados en la obra o servicio de la convocatoria, y endeudarse ante entidades financieras internacionales y nacionales para asegurar su participación e intentar ganar la buena pro. El costo en las distintas transacciones realizadas para esta participación era alto y no cabía perderlo, o, mejor aún, era evidente que tras asumir ese costo de inversión se debían beneficiar.

Pero, para los altos funcionarios de las corporaciones el tema mayor no era el análisis costo-beneficio por su participación en dichas licitaciones públicas. Dado su gran patrimonio, la pérdida del costo no les afectaría. El tema mayor se centra en su aversión al riesgo. A los altos funcionarios de las corporaciones interesadas en las licitaciones les importaba la SEGURIDAD del triunfo, no la participación por el triunfo: les importa ganar (no participar), considerando la eficacia de sus directivos, funcionarios y empleados, su reputación exitosa, y su eficiencia como empresa de inversión orientada a obtener ganancias.

El triunfo al mismo tiempo tiene tras de sí la derrota. Si la corporación interesada no gana la licitación, no solo pierde los costos de participación, sino la eficacia de sus altos funcionarios y la eficiencia de la empresa. Esto último constituye un horror para la empresa corporativa, para su situación de gran empresa orientada a la realización de grandes obras o servicios y al crecimiento económico de la misma.

Bajo este contexto es que los directivos o altos funcionarios de las grandes corporaciones interesadas en las licitaciones no tuvieron temor de, primero, pagar comisiones o ‘coimas’ a los políticos o funcionarios públicos encargados de las licitaciones públicas, o, segundo, financiar la campaña política de 3 o 4 partidos o líderes políticos comprometiéndolos con contratos futuros. A través de esta “inversión” en comisiones políticas y donaciones electorales ilegales consiguieron reducir las contingencias de las licitaciones. Con ello, a su vez, consiguieron un manto de SEGURIDAD jurídica que involucraba al Estado en su conjunto.

En suma, la explicación por la que una gran empresa o corporación con inmensos capitales realiza a través de sus directivos o altos funcionarios prácticas de corrupción se encuentra en la búsqueda de seguridad de triunfo y seguridad jurídica. La aversión al riesgo, cualidad que ciertamente contradice la economía de mercado, orientó el sentido y contenido de sus prácticas de corrupción. ¿Podrán nuestras autoridades fiscales y judiciales develar y sancionar estas prácticas para evitar que se repitan?

Lima, 12 de marzo, 28 de abril de 2017.

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