El peligro general de una policía criminal

La alta peligrosidad de permitir que la policia cometa ejecuciones extrajudiciales sin respetar los mínimos supuestos establecidos por la ley.

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Por Marcelo Castilla y Sebastian Guzmán, alumnos de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembros de la Comisión de Actualidad Jurídica de la Asociación Civil Themis.

En las últimas semanas, los medios de comunicación hicieron público un informe de la Inspectoría General de la Policía Nacional en el que se investiga a casi un centenar de elementos policiales, entre oficiales y suboficiales, que habrían ejecutado ilegalmente a aproximadamente 27 presuntos delincuentes, con la finalidad de lograr un ascenso en el escalafón de la institución. Para ello, no solo habrían montado falsos operativos, sino que fueron los propios policías quienes, a través de colaboradores infiltrados en los grupos criminales, otorgaban “datos” a los delincuentes con el fin de que elijan “atacar” en escenas ya en control de las fuerzas del orden.

Sin embargo, este no es el primer caso que sucede en el Perú. En el 2009, Elidio Espinoza, hoy alcalde de Trujillo, estuvo presuntamente a cargo de un grupo que exterminaba delincuentes en la capital de La Libertad bajo un modus operandi similar, aunque de menor sofisticación. Además, tanto el ex Ministro del Interior, Miguel Hidalgo, como la periodista Cecilia Valenzuela han señalado las similitudes de la presunta organización policial y el Grupo Colina, probablemente el más recordado de los aparatos organizados en el país, cuyos miembros han sido condenados por asesinar extrajudicialmente a personas acusadas de terrorismo.

En el presente artículo analizaremos por qué esta forma de actuar es sumamente peligrosa y debe ser reprimida completamente.

En primer lugar debemos distinguir la figura de “escuadrón de la muerte” respecto del presente caso, que se discute la existencia de una organización criminal. Sustancialmente, ambas figuras son completamente diferentes. Un escuadrón de la muerte tiene como objetivo exterminar a criminales de alta peligrosidad de una forma confidencial. Por otro lado, según los medios, los delincuentes ultimados y heridos en los casos que ahora son materia de investigación no presentan la peligrosidad que el comando quiso presentar. Si bien se debe ser enfático que ambas figuras son absolutamente condenables, pues en ningún caso una sociedad puede permitir que un grupo armado realice ejecuciones sin el debido control que estos actos ameritan y sin respetar el derecho al debido procedimiento de las personas acusadas de pertenecer a organizaciones criminales, la actual acusación contra los efectivos policiales no termina en las ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes. Este comando no sólo buscaba la eliminación selectiva de objetivos que puedan representar una amenaza a la seguridad nacional, sino también la obtención de beneficios económicos y profesionales utilizando dinero del erario nacional, publicitando los falsos logros que ellos mismos organizaron. Como señala La República, los operativos se financiaban con dinero público —fondos de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) y de la Dirección de Inteligencia de la PNP (DIRIN)— y resultaban en el ascenso de los operativos involucrados a pesar de que no se había frustrado ningún intento real de atraco ni se habrían realizado realmente los enfrentamientos de fuego cruzado entre policías y delincuentes. Caso ejemplar es el del secuestro del empresario Jesús Coronel Cieza, en el que murieron seis supuestos miembros de la banda Los Norteños. Sin embargo, según el informe de la Inspectoría, el secuestro nunca se llevó a cabo y el propio comandante PNP Raúl Prado se reunió en tres oportunidades con el Coronel Cieza antes de su secuestro.

En segundo lugar, es extraño que tanto fiscales como inspectores hayan demorado e incluso archivado estos casos anteriormente, y solo se lleven a cabo cuando existe presión política y mediática. Los operativos que se realizaron entre el año 2011 y 2015 debieron ser investigados tanto por la Inspectoría General de la Policía Nacional como por el Ministerio Público, pues existían personas que habían sido ultimadas durante dichos acontecimientos. La función de la Inspectoría es investigar dichos casos y determinar, si es que fueran necesarias, las sanciones administrativas y disciplinarias. De encontrarse ilícitos penales, la investigación pasaría a manos de la fiscalía. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski entra al gobierno en esta situación. El actual Ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha señalado que se investigará a fondo el tema y que existen varios indicios de que todo lo publicado es cierto. El Fiscal de la Nación ya ha determinado que la fiscalía que investigará el tema será la de crimen organizado, para evaluar si se iniciara un Proceso penal contra los investigados. En este punto será importante determinar por qué los fiscales que archivaron los casos y los inspectores que aplazaron las investigaciones hicieron tales cosas.

En tercer lugar, las ejecuciones extrajudiciales representan un peligro latente para cualquier ciudadano. Es cierto que la inseguridad ciudadana hace que busquemos una solución inmediata y eficaz, y obviamente matar a los delincuentes se configura como una opción. Pero, también es cierto que la experiencia nos ha demostrado que requerir estas prácticas puede devenir en una afectación grave de los derechos de las personas que, en muchas ocasiones, no son culpables. Es precisamente por esas razones que, según la ley, todo operativo debe tener ciertos requisitos como una clara línea de mando y la presencia de un fiscal cuando dicho operativo tenga una preparación previa. En todos los operativos materia de investigación, estos factores fueron confusos o inexistentes. Según el abogado Cesar Nakasaki, en la realidad peruana, la policía y la fiscalía no siempre tienen las mejores relaciones, y muy frecuentemente sucede que no hay presencia de fiscales en los operativos por falta de coordinación entre ambas instituciones. Claramente ese es un problema y se deberá determinar las sanciones correspondientes para quienes tengan responsabilidad. Bajo ninguna circunstancia una sociedad debe permitir que las fuerzas del orden abusen del poder que la ley le ha conferido para tomar la justicia por sus manos. Si bien tienen el uso exclusivo de la fuerza, esta debe ser controlada por las instancias correspondientes a fin de garantizar los derechos, incluso de aquellos que hayan cometido ilícitos penales.

Sin duda, todas estas cuestiones deberán ser resueltas por las autoridades, pues este caso ha alcanzado a las más altas esferas del gobierno saliente, como el exviceministro de defensa y del interior, Iván Vega, y al mismo ex presidente Ollanta Humala.

El esclarecimiento de este caso, tanto desde el Ministerio Público como del Ministerio del Interior, debe ser exigido no solo por el bien de la Policía, sino también por todos los ciudadanos. Ello porque el principal riesgo de la existencia de este tipo de aparatos organizados dentro de fuerzas armadas o policiales, que operan en forma extrajurídica, no es por representar una amenaza teórica para el Estado de Derecho, ni está limitada al uso ilegítimo que este escuadrón habría realizado de los fondos públicos, sino porque —aunque no lo parezca— la eliminación selectiva es una afrenta a todo ciudadano, no sólo por la permanente posibilidad de daños colaterales en los ataques sino también por el latente riesgo de, algún día, ingresar en cualquier grupo que aquellos en el poder consideren “indeseables”.


http://www.dw.com/es/r%C3%ADo­de­janeiro­la­polic%C3%ADa­es­responsable­del­20­porciento­de­los­homicidios/a­19386474

http://rpp.pe/lima/actualidad/balacera­en­autopista­ramiro­priale­en­lima­deja­5­fallecidosnoticia­811844

http://diariocorreo.pe/policial/director­de­la­dirincri­tras­muerte­de­delincuentes­ellos­respondieron­con­fuego­598367/

https://www.youtube.com/watch?v=_2E5e_vpb0I

http://larepublica.pe/impresa/politica/788147fiscaliainvestiga96policiasporpresuntoasesinatoextrajudicial­de­27­delincuentes

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