Por Antonio Peña Jumpa, docente de Sociología y Derecho de la Facultad de Derecho de la PUCP y doctor por la Katholieke Universiteit Leuven de Bélgica. 

ED: ¿Cuáles fueron los argumentos principales utilizados para absolver a las 52 personas entre indígenas y no indígenas de los delitos imputados por la Fiscalía que van desde Homicidio Agravado hasta Disturbios?

APJ: En esta sentencia se ha absuelto a 52 personas. El proceso inició con 53, sin embargo una falleció. Además, esta sentencia hace referencia a 7 delitos, que van desde disturbios hasta los más graves, que pueden ser los de homicidio y lesiones graves. En realidad, lo que sustenta el tribunal es la falta de prueba para incriminarlos. Lo interesante es que razonan en base al contenido de la acusación del fiscal sobre cada uno de estos delitos y tratan de justificar por qué no hay pruebas. Por ejemplo, en el tema del homicidio, hay muchas pruebas que realizaron, como las pericias balísticas, toxicológicas, o los peritajes físicos, químicos o forenses, y en todas ellas se detecta que no involucran a los acusados. En consecuencia, frente a ese delito que es muy grave, los miembros del tribunal señalan que no hay responsabilidad, es decir, no se involucran los acusados al menos en este caso. Hay que tener presente que estas personas no fueron detenidas en flagrancia, sino que fueron detenidas posteriormente o en actos diferentes a los que se podría involucrar a una persona que puede estar disparando o produciendo la muerte a alguien.

Entonces, en primer lugar se detecta que las muertes han ocurrido por disparos, y lo que se demuestra con las pruebas es que las personas que fueron procesadas —los inculpados— no dispararon, entonces las pruebas como las pericias orientan a que no hay responsabilidad al respecto.

Sobre los otros tipos de delito, motín y disturbios, lo que hace el tribunal es un análisis constitucional de la situación. Es decir, se comprueba que efectivamente hubo motín y disturbios, pero esto se tiene que analizar constitucionalmente bajo un test de proporcionalidad al lado de otros principios que guían los actos de las comunidades y a sus miembros. Entonces, el tribunal sopesa el derecho a la autonomía de las comunidades, el derecho a su propia jurisdicción comunal, el derecho a su identidad comunal y el derecho al medio ambiente, que son los que resaltan tras de estos actos de protesta.

ED: ¿Qué tan preparado se encontró el Perú para el juzgamiento de indígenas  en el marco de las garantías que actualmente señalan las normas nacionales e internacionales?

APJ: Es difícil sostener si estamos preparados o no para la resolución de este tipo de casos. En principio, puedo opinar en términos generales, cuán conveniente ha sido que un tribunal de esta naturaleza resuelva un caso de este tipo. Este es un caso que desborda tanto el tema jurídico, como el judicial, y que además, es político. Por ello, hubo informes del Congreso e informes de instituciones no gubernamentales, así como denuncias, artículos académicos y otros documentos relacionados.

En torno al tema jurisdiccional, hay muchos aspectos para conversar. En principio, si estas son poblaciones originarias, comunidades amazónicas o nativas como les llama la ley, debemos preguntarnos: ¿cuán legítimo es que jueces de una formación de un derecho europeo los juzguen? ¿cuán legítimo es que ellos no hayan tenido una defensa en el proceso en el idioma materno que los identifica? ¿cuán legítimo es encontrar una sentencia, que es interesante en temas académicos y jurisdiccionales, escrita en español y motivada en un lenguaje muy técnico, frente a estos señores que responden a otro derecho y a otra cultura y que están siendo juzgados? Estos son los puntos que debemos analizar respecto a la sentencia y respecto a la solución del conflicto. No obstante, aún queda pendiente otros tres procesos relacionados a este conflicto.

Un segundo análisis debe responder las siguientes preguntas: ¿cuándo el conflicto se resume a la supuesta actuación de los procesados? es decir ¿por qué no se analiza los actos previos que motivaron la protesta de estas comunidades? ¿por qué no se involucra a los actores políticos que conocían el caso y que tomaron las decisiones para que se lleven a cabo las acciones y los efectos que hoy conocemos?. Como podemos apreciar, hay muchos aspectos por resolver.

Además, a propósito de los actores políticos que estuvieron involucrados antes y durante los eventos del 5 de junio, ellos si pueden ser juzgados por un tribunal de esta naturaleza, ciertamente imparcial. Pero como se involucran miembros comuneros, el Tribunal debería ser integrado también por miembros de estos grupos étnicos afectados.

ED: ¿Considera que las detenciones fueron arbitrarias en este caso? ¿Por qué?

APJ: Habría que analizar cada caso en particular. Por lo que leí en las declaraciones de varios acusados y procesados, ellos alegan ser detenidos fuera del momento en el que se realiza el desbloqueo de la ‘Curva del diablo’. Ellos fueron detenidos acompañando heridos, o conduciendo ambulancias. Si es así, entonces las detenciones no fueron por actos flagrantes, y por ende, devienen en arbitrarias.

ED: ¿Cuáles son los principales aspectos positivos y negativos de la sentencia?

APJ: Uno de los aspectos positivos es que estamos frente a una primera sentencia que trata un caso muy complejo y que intenta darle una explicación más allá de lo legal o de lo dogmático penal. Aquí hay una porción importante dedicada exclusivamente a hablar del pluralismo jurídico, y que involucra y compromete por un lado, a poblaciones originarias y nativas con un derecho y una justicia diferente, y por otro, a los miembros de las fuerzas policiales representados por el procurador del Ministerio del Interior y el Ministerio Público, que responden a su vez a otro derecho y a otra justicia. Entonces, hablar de la confrontación de estos dos derechos me parece importante en una sentencia para justificar la explicación desarrollada que demuestra la falta de pruebas y por tanto la absolución de los procesados. En suma, considero que es mérito del Tribunal buscar una situación neutral frente a la confrontación de estas dos formas de derecho y justicia que como dijimos son la del Estado y la de los comuneros Aguarunas.

Sin embargo, podemos encontrar también algunos aspectos negativos. En primer lugar, esta sentencia es muy extensa para ser transmitida a una población que en general no entiende de términos tan técnicos. Conozco a la población porque estuve en este lugar antes de los acontecimientos y a pesar de eso me cuesta acceder al sustento del Tribunal. Entonces esto debe ser pensado de otra manera en estos casos pluriculturales.

En segundo lugar, en esta sentencia no aparecen claros los hechos del 5 de junio, es decir, falta su construcción sistemática por los miembros del Tribunal, como sí lo hicieron otros informes, como el del congreso o instituciones no gubernamentales. Estos últimos informes fueron más explicativos. Creo que si bien este caso involucra los hechos acontecidos en la curva del diablo, debe referirse y acercarse lo más posible jurisdiccionalmente a la verdad de los hechos.

Por otro lado, debemos analizar hasta qué punto, aspectos como el test de proporcionalidad, que responden a otra lógica de razonamiento, son aplicables en este caso. La salida que el Tribunal asume es una salida conforme al derecho estatal, y en ese sentido, creo que si ellos habrían sido consecuentes con el razonamiento de la pluralidad de derechos, pudieron haber razonado en conjunto con los dos derechos. Eso falta en esta sentencia. O sea, el derecho penal, como lo conocemos nosotros, tiene en contraste un derecho comunal, o en este caso, de tipo transcomunal. Así se da a entender desde la antropología y la sociología jurídica. Entonces, llegar a confrontar esos dos derechos e introducirlos en el análisis de una sentencia habría convertido a ese Tribunal en uno imparcial que comprenden a ambos derechos; sin embargo, dado que esta sentencia solo le responde al derecho más grande y más fuerte que es el estatal, el Tribunal ha seguido el razonamiento del derecho estatal, buscando hasta donde es posible con los documentos, estudios y acuerdos plenarios, tratar de resolver el caso, respetando el pluralismo jurídico que ellos presentan en una parte de su sentencia.

ED: ¿En qué sentido, las críticas de distintos políticos sobre la sentencia, podrían entorpecer el proceso de reconciliación?

APJ: Es interesante hablar del proceso de reconciliación. En realidad, este es un problema no resuelto., y no se va a resolver con una sentencia, sino en la sociedad. Tenemos a un grupo humano que en gran medida emplean un razonamiento distinto que hacemos desde la capital del país, o de las ciudades importantes. Ese razonamiento de comunidades amazónicas y nativas tiene una concepción de vida diferente a la concepción de vida que tenemos nosotros. Podemos identificar aquí un elemento positivo adicional de la sentencia, que implica la mención de los antecedentes. Esto es importante para comprender el caso e intentar resolverlo. Los antecedentes, que son tan importantes como los hechos de aquel 5 de Junio, sí están destacados en la sentencia, y eso es importante porque ellos involucran una protesta que hubo el 2008, así como la decisión del Congreso de otorgarle facultades legislativas al ejecutivo para que este promulgue normas a favor del libre comercio, sin sopesar el impacto que iba a tener en las comunidades. En ese sentido, estos antecedentes son muy importantes para entender lo que ha ocurrido todo el conflicto que ahora conocemos como Baguazo. Además, esos antecedentes incluyen a los políticos.

Es inevitable que los políticos aparezcan relacionados con las causas y los efectos de este conflicto. Entonces cuando hablamos de reconciliación, los políticos están tratando de buscar a los responsables directos, identificables y que, a la vez, son vulnerables, en los cuales se va a concentrar los efectos, las muertes, y los otros delitos que identificó el Ministerio Público. Al opinar así, estos políticos están afectando todo el proceso de reconciliación, que además los involucra a ellos. Esos lamentables comentarios también son frecuentes en académicos. Personalmente, considero los académicos debemos tratar de comprender el caso, no solo bajo el derecho penal, sino también entender los todos los acontecimientos, bajo una concepción de pluralidad jurídica, como lo ha intentado hacer este tribunal.

El propio concepto de reconciliación debe tener en cuenta lo que entiende este otro grupo por reconciliación, y lo que nosotros entendemos por reconciliación. Se deben juntar por lo menos las dos principales —porque son muchas más— maneras de pensar en la idea de reconciliación.

ED: En términos sociológicos, ¿qué representan este tipo de conflictos?

APJ: Representa la ineficiencia de nuestras autoridades centrales. Este conflicto, que tiene su manifestación crítica el 5 de Junio, se gestó tiempo atrás. A inicios de ese año 2009, tuve la oportunidad de estar por la zona, y los dirigentes de esas comunidades me comentaron que ellos se encontraban preparando un ‘levantamiento contra el gobierno central’. En ese momento, no pensé en el efecto que podía tener, pero cuando ocurrieron las primeras protestas, en febrero y marzo, poco a poco este conflicto se hacía notorio y se podía conocer sus efectos. Entonces, de un lado, la moraleja es que no es posible que un ciudadano común y corriente sepa lo que sucede en las comunidades antes que las autoridades del Estado, quienes tienen un sistema descentralizado y un servicio de inteligencia. Y que, debido a ello, no se hayan preocupado por prever el conflicto. Ello me lleva a confirmar que el conflicto no es del 5 de Junio, sino que incluye acontecimientos previos. De otro lado, el caso nos lleva a pensar en otro tipo de responsabilidad o responsables. Para ello, es importante que las autoridades jurisdiccionales asuman el rol de investigar los hechos antes del Baguazo, y que determinen responsabilidades también de algunos políticos. El Estado debe buscar soluciones que eviten que este tipo de conflictos, que a mi parecer son socio culturales, se repitan y se extiendan por el país, como lo hicieron. La experiencia en Bagua no nos ayudó a aprender.

El conflicto de Bagua es un caso público porque hubo muchas muertes de policías y civiles. Pero hay otros conflictos, como el ‘Aymarás’ en Puno, que también tiene una gran relevancia, pero que no tienen la publicidad que tuvo el Baguazo. Todos estos conflictos deben ayudarnos a aprender.

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