Enfoque Derecho entrevista a Carla Pratt, abogada mexicana, experta en Litigación Oral, capacitadora del nuevo Sistema Procesal Penal en USA y en varios países de Latinoamérica.
ED: ¿En qué consiste el nuevo sistema procesal penal que viene siendo implementado en América Latina?
CP: El nuevo proceso penal busca cambiar la forma en la que administramos justicia desde muchas perspectivas. Por ejemplo, busca generar un sistema mucho más claro para la sociedad que conlleve audiencias de corte público, donde cualquiera pueda entrar y ver cómo y por qué se está juzgando a la persona; o hacer cambios tan relevantes como la presencia ininterrumpida del juez, puesto que es muy común ver que el juez no está presente en la mayoría de audiencias de Latinoamérica. De esta forma, buscamos generar un sistema que respete los derechos de las personas al momento de ser juzgadas, haciéndolo más transparente a fin de retomar la credibilidad de la sociedad en las tareas de impartir justicia.
ED: ¿Qué dificultades ha experimentado la implementación de este nuevo sistema?
CP: Bueno, dificultades hay muchas y creo que algo que tienen en común todos los países latinoamericanos es un problema de recursos. Implementar la reforma es costoso, pues se necesita construir nuevas salas para llevar a cabo las audiencias de corte público, lugares donde además se tenga la posibilidad de grabar en video esas audiencias. Asimismo, necesitamos capacitar a nuestros operadores, es decir al Ministerio Público, los defensores y los jueces.
Ahora, no solo tenemos el problema económico, sino que también existe un problema político. Hay mucha gente que está en contra de la reforma, pero considero que es por desconocerla más que porque esta sea algo negativo. De igual manera, podemos encontrar un tercer problema, este se da a la hora de elegir a los futuros operadores. Desgraciadamente, hemos visto que en Latinoamérica muchas veces no se hacen los exámenes correctos para elegir a las personas que van a a ser fiscales, jueces o defensores. Además, no enfocamos los procesos de selección de estos operadores en temas de competencia. Actualmente, sabemos que un buen Ministerio Público no solo está conformado por personas que se sepan bien el Código Procesal Penal, sino que se tiene que ir más allá. No obstante, estos aspectos no se están vigilando adecuadamente.
Finalmente, el último problema que mencionaría es el de la Policía. Desafortunadamente, en muchos países de América Latina, carecemos de policías capacitados; y si tomamos en cuenta que la Policía es quien tiene el primer acercamiento hacia el lugar donde suceden los hechos, puede haber una gran contaminación en las pruebas y una gran violación a los derechos fundamentales desde el primer momento de la investigación, lo cual va a traer injusticias y graves consecuencias a largo plazo en el proceso penal.
ED: ¿Qué se ha hecho para combatir estos problemas?
CP: Quizá no se ha hecho lo suficiente. Aún no hemos tomado consciencia de los daños que puede generar en algunos años que no se implemente la reforma. Ya estamos viendo las consecuencias de esto en algunos lugares, pero sin la claridad con la que se observará en algunos años, cuando comencemos a ver a personas libres que en realidad deberían estar cumpliendo una sentencia. Esto tendrá como resultado a una sociedad molesta, porque no se cumplió con lo prometido por la reforma. De igual manera, probablemente tengamos varios casos en donde no exista protección a la víctima, donde no se les repare el daño, lo cual va a terminar generando impunidad. Creo que en Latinoamérica no estamos haciendo lo suficiente por combatir todos estos conflictos.
Ahora, existen grandes áreas de oportunidad como las universidades, donde se puede trabajar con el método de los concursos por ejemplo, como ya se está haciendo en algunos países. A su vez, se debe desarrollar un programa de difusión de la reforma, porque muchas veces el común de la sociedad no sabe lo que está pasando y lo que lleva esta reforma en materia procesal.
ED: ¿Cómo se están adaptando los jueces, fiscales y policías a este cambio? ¿Están recibiendo capacitación? ¿Es necesario crear espacios para capacitarlos? ¿Cómo deben ser estos espacios?
CP: Sin duda alguna tiene que haber capacitación y se tiene que dar con capacitadores de calidad. A mi criterio, se deben de separar de su cargo a estos operadores y además se debe de dar en espacios acordes. En general en Latinoamérica, podemos ver muchas veces a capacitadores que no tienen idea de lo que están enseñando y que muchas veces ni siquiera han estado en audiencias, con lo cual estarían enseñando algo que muchas veces ni en la teoría conocen.
Otro problema que encontramos es el hecho de que muchos de los Ministerios Públicos, defensores y jueces son capacitados al mismo tiempo que están trabajando. Entonces, por ejemplo, trabajan de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y entran a capacitación de 4 p.m. a 10 p.m., pero en realidad siguen trabajando durante la sesión de capacitación, porque muchas veces hay trabajo, les llaman y salen de la capacitación. Esto evidentemente impide que los trabajadores estén verdaderamente enfocados en aprender.
El otro tema es el de los espacios, pues muchas veces no se cuenta con las condiciones necesarias en los lugares en donde se está llevando a cabo la capacitación. Es muy importante que se capacite en la implementación de la reforma a los distintos actores y que se tome a esta capacitación como un proceso constante que sea institucional y especializado en cada uno de estos agentes.
ED: Hace un rato hablábamos sobre las Facultades de Derecho, ¿cuál debe ser el rol que estas deben asumir estas para la implementación del nuevo sistema procesal penal?
CP: Lamentablemente, en muchos de nuestros países ni siquiera se han cambiado los planes de estudios de las universidades. Por ejemplo, en México, alrededor del 85% de las facultades no han tenido un cambio en su plan de estudios. Entonces hoy, cuando ya estamos viviendo la reforma, es muy preocupante que en las universidades se siga estudiando el sistema procesal antiguo. Por ende, cuando todos estos estudiantes se gradúen, se encontrarán con un sistema distinto al que se les enseñó. Y esto es algo constante en diversas universidades de Latinoamérica; lo primero que se tiene que hacer es cambiar el plan de estudios.
Luego, viene un segundo problema, porque la mayoría de profesores que dictan el curso de Derecho Procesal Penal en las universidades, son maestros que no están trabajando con la reforma penal. En otras palabras, no están siendo agentes de cambio porque desconocen la materia, no quieren dejar de impartir la materia ni tampoco regresar a estudiar ellos mismos. Para mí, las universidades tienen hoy una responsabilidad enorme para fomentar el nuevo plan de estudios, tener maestros capacitados y conocedores del sistema acusatorio, y fomentar aquellas cuestiones referidas anteriormente a los concursos entre las propias universidades, a fin de que los estudiantes aprendan a litigar durante sus años universitarios en lugar de aprender trabajando. Es muy importante que los estudiantes terminen su carrera sabiendo litigar, teniendo una práctica constante dentro de la misma universidad. Para ello, se pueden hacer academias, concursos, talleres, entre otros, para que los jóvenes salgan verdaderamente preparados para la vida laboral. Desafortunadamente, no todas las universidades están afrontando esta responsabilidad tan esencial.
ED: Entonces esto implica un cambio en la manera de enseñar Derecho, ¿cuáles son los cambios que deben realizar las facultades de Derecho en sus métodos de enseñanza?
CP: A muchos de los abogados que trabajamos hoy como litigantes nos enseñaron con clases magistrales, donde el maestro se paraba en frente de nosotros y solo hablaba. Hoy podemos decir que está comprobado que un alumno que tiene una clase magistral solamente retiene el 10% de lo que el maestro le está enseñando, lo cual es verdaderamente grave. Si a esto le añadimos el trabajo con casos, con juego de roles donde el alumno pone en práctica lo que le enseñó el maestro, el aprendizaje puede subir hasta un 90%. Esto es un reto, quienes enseñamos tenemos que cambiar la forma en la cual lo hacemos. Le debemos de dar las bases al alumno, pero después el alumno debe de utilizar esas bases, para que el maestro retroalimente las practicas que el alumno está haciendo. Todo con el fin de que hoy egresen verdaderos abogados y litigantes.
ED: ¿Podría comentarnos acerca del concurso nacional que está dirigiendo en México?
CP: En México estoy ahora coordinando un concurso junto con California Western School of Law y el Programa de Acceso y Capacitación, en San Diego, California. Bueno, ganamos un premio con recursos norteamericanos para hacer un concurso en todo México para universitarios durante dos años. Estamos casi terminando la primera fase de este concurso, habiendo tenido más de trescientos sesenta equipos de universidades que se han inscrito. Se trata de un programa totalmente voluntario, sin costo alguno, con el propósito de apoyar la implementación de la reforma en nuestro país con las universidades. Buscamos que los jóvenes practiquen, conozcan la reforma y sepan de qué se trata, lo cual ha funcionado muy bien. Hemos podido ver jóvenes que son maravillosos litigantes estando en la universidad, lo cual nos garantiza que cuando ellos salgan, vamos a tener una mejor implementación de la reforma penal.
ED: ¿Cómo ha sido la experiencia de implementación del nuevo sistema en México?
CP: En México, la reforma se genera en la Constitución del 2008, y hoy estamos a poco más de un año de concluir el plazo que la norma constitucional nos da para implementarla. La verdad es que aún nos falta un gran porcentaje del país. Ojalá que logremos terminar con una implementación exitosa dentro de México.
