En la presente entrega, Enfoque Derecho entrevista a Ricardo Soberón, abogado, fundador y ex-director del Centro de Investigación “Drogas y Derechos Humanos” (CIDDH). Además, es profesor universitario, analista y consultor en asuntos de políticas de control de drogas en la región andina, asuntos de seguridad y fronteras, y asesor de organizaciones campesinas de productores cocaleros.

ED: A grandes rasgos, ¿cómo se encuentra regulado el uso de la marihuana en nuestro país?

RS: El tema del uso del cannabis en el Perú está regulado bajo la perspectiva de la Política Criminal, bajo el supuesto de la no sanción a la posesión del uso personal siempre y cuando la cantidad no exceda el límite permitido, que son 8 gramos.  Desde 1991, el Código Penal y leyes sucesivas se encargaron de perpetuar una propuesta equívoca.

Sin embargo, debido a una pobre técnica legislativa y a una pésima interpretación por parte del personal policial de la norma referida por el artículo 299 del Código Penal, en aquellos casos en los que se interviene/detiene a una persona con cualquier cantidad de cannabis, la policía asume que se trata de un micro traficante, y lo conduce a la dependencia policial. Esto se agrava cuando en virtud a la interpretación policial de la Constitución que permite la detención hasta por 15 días en los casos de tráfico de drogas, se configura una situación muy riesgosa para la integridad del intervenido, bajo la sospecha que su atestado policial pueda ser elaborado por micro tráfico. Esta ventana de riesgo configura un peligroso escenario de cercanía a casos de corrupción policial.   

ED: ¿Usted considera que sería beneficiosa la legalización de la marihuana? ¿Qué regulación cree que merecería: una legalización general o en determinados supuestos?

RS: La legalización es un concepto muy esquivo y poco acertado para definir lo que debiera ser una política de estado precisa y clara en relación a las drogas (legales/ilegales). Hoy en día, las drogas en el Perú están “legalizadas”, pues existe libre acceso a ellas y las políticas de prevención general no funcionan de forma adecuada. Incluso existen los mecanismos por los cuales te las pueden dejar en tu domicilio, siempre y cuando puedas pagar el precio de las esferas ilegales que proveen el mercado local.

De lo que se trata es de lograr una política de regulación que permita al Estado controlar la oferta y la demanda para diversos usos. Ellos pueden ser médicos, industriales y/o recreativos, pudiendo en todo caso, evitar el uso o abuso de esta sustancia, por ejemplo en el caso de menores de 18 años. La experiencia de los últimos años demuestra que la amenaza de la sanción penal no funciona para disuadir el uso temprano de las drogas, pese a que el verdadero problema de salud en el país es el del uso de drogas legales (tabaco y alcohol).

ED: El Perú es uno de los productores principales de droga en el mundo; sin embargo, la mayoría de estas están prohibidas. ¿La legalización de la marihuana contrarrestaría el mercado negro? ¿Cree que podría generar ingresos como en el caso de varios estados de EE.UU?

RS: Nuevamente, creemos que la adopción de una política realista, pragmática y progresiva en relación a las drogas en general, y el cannabis en particular, podría representar una serie de beneficios para el Estado y la sociedad. En primer lugar, permitiría focalizar la interdicción hacia los eslabones más duros y potentes de la criminalidad organizada, descargando la etapa policial, fiscal y judicial del procesamiento de miles de usuarios, y micro traficantes.

Definitivamente, como ocurre en el caso del Uruguay, de lo que se trata es poder reducir la influencia del mercado negro. Debemos aceptar, asimismo, que una sociedad determinada —como la peruana— puede aceptar niveles permisivos de consumo de sustancias psicoactivas, tratando en lo posible de impedir conductas dañosas para los individuos y la sociedad.

Estamos seguros que no podemos tomar el caso norteamericano como el objetivo a lograr, pues no se trata de encontrar un nicho de mercado y negocios privados. Considero que en el caso peruano debiéramos tender a tener niveles permisibles de uso de estimulantes y narcóticos que permitan a la población sobrellevar los problemas que acarrea la cotidianidad.

Para empezar, plantearíamos que el MINSA establezca un Proyecto piloto que incluya la siembra, el procesamiento y la distribución autorizada de una determinada cantidad de cannabis, que pueda proveer de aquellos principios activo que se utilizan para el tratamiento de determinadas condiciones médicas. 

ED: ¿Qué opinión le merece las últimas afirmaciones del presidente Kuzcynski? Asimismo, varios congresistas consideran que legalizar la marihuana sería perjudicial, en especial para los niños y los jóvenes.

 RS: Las afirmaciones de PPK deben ser entendidas desde dos extremos: su particular forma de hacer política y sus creencias y visiones sobre el funcionamiento del mercado; desde esa perspectiva, él no ve “nada grave en fumarse un troncho” y tiene muchísima razón. Es mucho más peligroso para los individuos y para la sociedad conducir bajo los efectos del alcohol.

Lamentablemente, muchos congresistas ignoran varias cosas en relación al funcionamiento de las dinámicas de los usos de sustancias. En ese sentido, confunden sustancias y creen que solo hay un tipo de uso (problemático). Congresistas como Alcorta, Tubino, León, entre otros, difunden discursos tremendistas y con pobre lógica y razonamiento.  

ED: ¿Hacia dónde cree que está dirigido el debate? ¿Considera que este tema será punto de agenda en el Congreso?

RS: Es muy triste ver el nivel pobre que existe en el Congreso sobre temas tan serios y profundos como el de las drogas. Predomina el discurso simplón, la generación de miedos y, mensajes simbólicos y profundamente conservadores.

Esperamos que en los próximos meses, al menos la bancada del Frente Amplio pueda recoger la potencia de este discurso, como lo ha hecho el Frente Amplio del Uruguay, que lideró la dación de una nueva ley. Esto es parte de un proceso mayor de reforma de las políticas sobre Drogas que viene dándose en América Latina.

ED: ¿Cree usted que modelos como el uruguayo podrían ser replicados en el Perú, o su legalización debiese ser distinta?

RS: En principio, ningún modelo es replicable. En ese sentido, el cambio producido en Uruguay tiene profunda relación con su visión de Estado laico, con la profunda raigambre de las políticas sociales redistributivas  y la enorme cultura que existe entre su población. Por ello, dudo que en el Perú pueda asentarse con facilidad en los distintos eslabones sociales una propuesta como la que se plantea allá, de descriminalización de la producción, uso y expendio regulados del cannabis.

Por el momento, creo que es necesario entender y abogar por la introducción de políticas y planes pilotos que permitan encontrar la evidencia científica necesaria que aseguren el suministro médico de los principios activos del cannabis, especialmente para el tratamiento de enfermedades terminales o síndromes complicados. Exigimos al MINSA que los considere en sus planes.

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