Entrevista a Yván Montoya sobre el caso Joaquín Ramírez

En la hipótesis de si se verifica que hay lavado de activos y sobre todo un elemento delictivo grave y que involucre daño y perjuicio a los intereses norteamericanos. Ellos (Estados Unidos) tendrían que salir del procedimiento de la DEA, llevar el caso ante un fiscal y un órgano judicial y así realizar el pedido formal de la extradición al estado peruano.

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Foto: IDEHPUCP

Enfoque Derecho entrevistó a Yván Montoya Vivanco, docente de la Facultad de Derecho de la PUCP y asesor del IDEHPUCP, sobre el caso Joaquín Ramírez. 

Enfoque Derecho: Se emitió un reportaje en Cuarto poder y Univisión en el que se involucraría a Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori con el Departamento de los Estados Unidos de Lucha contra las Drogas y Antinarcóticos (DEA), ¿en qué consiste este caso?

Yván Montoya: El caso en realidad se conoce ahora mucho más porque apareció el reportaje en el que se plantea que la DEA está investigando a uno de los congresistas del actual movimiento de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez. Sin embargo, el caso empezó desde septiembre de 2014, cuando la procuradora contra el Lavado de Activos en ese momento, Julia Príncipe, ya venía rastreando información. Así, en septiembre de 2014 le pide al fiscal de la Nación que se le inicie las investigaciones preliminares que correspondan por manifestar un balance patrimonial que no es posible de justificar. En ese momento, ya  estaba con algunos inmuebles registrados que no se condecían con sus ingresos lícitos, incluso antes de ser congresista.

La fiscalía de la Nación lo traslada al fiscal coordinador de lavado de activos y este designa a una fiscalía supra provincial para el trámite de la denuncia. Esa investigación ha seguido su curso con vaivenes internos. Luego se solicitó el levantamiento de inmunidad pero el juez penal provincial lo desestimó, quedando pendiente la reiteración de este pedido.

En ese tiempo, con la nueva procuradora anti lavado, la abogada Janet Briones, se han incorporado nuevos elementos y se han solicitado otras diligencias que vuelven más complejo que el congresista explique la procedencia lícita de su patrimonio.

ED: En el caso de Ramírez, ¿a qué se refiere el delito de lavado de activos?

YM: El lavado de activos es una figura que en un primer momento estuvo vinculada con las ganancias de narcotráfico pero ya varios años atrás el delito de lavado de activos es autónomo. Este no es otra cosa que actos de conversión, de intercalación, ocultamiento de bienes provenientes de hechos delictivos que tengan alguna cierta gravedad y permitan acrecentar el patrimonio de una persona. Se trata de un delito que intenta, político -criminalmente hablando, perseguir las ganancias obtenidas a raíz de comisión de eventos delictivos. Ahora extendido a una pluralidad de delitos tales como corrupción, trata de personas, estafa, minería ilegal, entre otros.

Esta figura es compleja para los fiscales, ya que se necesita probar estas conversiones o intercalaciones; es decir, cómo convierte esta fuente originaria que proviene del delito y cómo esto pasa al sistema financiero o comercial para su aparente legalidad, lo que se llama lavar los fondos provenientes de un ilícito penal. Entonces, hay dos vertientes que demostrar, los actos de conversión o intercalación de esos fondos y, segundo, tratar de hacer alguna conexión de esos fondos con un hecho delictivo previo, lo que se llama el delito fuente.

No se necesita probar en concreto cuál es ese delito fuente, sino alguna conexión que pueda probar el origen ilícito de esa masa patrimonial que se está convirtiendo, trasladando u ocultando.

ED: Se ha iniciado el trámite de levantamiento de inmunidad parlamentaria de Ramírez. En caso que no se otorgue, ¿existe otra forma de investigarlo?

YM: Considero que en este nuevo intento el Poder Judicial tendría que dar luz verde para el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria ya que sino los fiscales no pueden avanzar mucho más en sus investigaciones. Si eso no ocurriese, ya estamos acabando este periodo congresal y Ramírez no ha sido reelegido; por lo tanto, pasa a ser un ciudadano común y corriente. Así, terminado su mandato congresal, en un mes más ya no gozará con inmunidad parlamentaria, por lo que no se necesitará de ese procedimiento parlamentario previo.

ED: Se ha conocido mediante una nota en Perú21 que Santiago Gastañaduí pidió tomar acciones  en las investigaciones que le sigue la Fiscalía al partido Fuerza Popular. ¿Podría explicarnos esta situación?

YM: El congresista humalista mandó oficios hace unas semanas atrás tanto al ministro de justicia como al fiscal de la nación. En el caso del Ministerio de Justicia le pide que instruya a la procuradora anti lavado que realice acciones con relación al caso de lavado de activos que se le viene siguiendo a Joaquin Ramirez.

Paralelamente, le envía un oficio al fiscal de la nación indicándole que le informen sobre las acciones que viene realizando respecto de cómo es que se le está investigando en una fiscalía especializada cuando esto debe pasar a otra fiscalía. En otras palabras, induce a señalar que debe ser cambiado de competencia de fiscalía, intromisión inaceptable de un congresista en órganos independientes.

Felizmente la procuradora de lavado ha respondido de manera clara y contundente. No le respondió al congresista porque no le corresponde, sino al propio ministro, diciéndole que es una intromisión inaceptable: solo le da datos generales a quien es su superior que es el ministro, datos generales debido a que no puede brindar detalles que comprometan la estrategia del caso. La procuradora es plenamente independiente en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado,  las solicitudes del congresista al fiscal de la Nación son muy delicadas porque suponen, igualmente, el intento de intromisión en un organismo constitucional independiente.

ED: Se ha especulado mucho sobre si la DEA investiga o no a Ramirez, de ser el caso, ¿cabria la extradición a Estados Unidos?

YM: La DEA lo confirmó informalmente en el reportaje pero no lo ha hecho en un pedido formal. Esto último era previsible dado que es costumbre de la DEA no aceptar o negar si se está investigando o no a alguien. Lo más probable es que sí esté siendo investigado sobre lavado de activos y entiendo yo, que si se confirma la sospecha, la fuente podría ser tráfico ilícito de droga. En este sentido, en la hipótesis de si se verifica que hay lavado de activos y sobre todo un elemento delictivo grave y que involucre daño y perjuicio a los intereses norteamericanos, por ejemplo, patrimonio instalado, lavado y no pagado al fisco de los Estados Unidos y note que el Perú no se impulsa el requerimiento como debería existe la figura de la extradición, instrumento clásico de cooperación judicial entre los estados. Ellos tendrían que salir del procedimiento de la DEA, llevar el caso ante un fiscal y un órgano judicial y así  realizar el pedido formal de la extradición al estado peruano.

Sin embargo, la idea es no llegar a eso porque sería una ofensa para el país. Esto significaría que el Perú no está en condiciones de investigar cómo debería a sus propios ciudadanos por más autoridades que sean.

ED: De demostrarse la existencia y veracidad del audio, ¿qué implicancia traería para Keiko Fujimori, en caso llegue a ser presidenta?

YM: Si aparece un audio antes que culminen las elecciones y se determine que es Joaquín Ramírez haciendo referencia a esta candidata, lo primero que ocurriría sería citarla para un testimonio para que explique si tiene que ver algo con el caso. En términos de hipótesis, si llegase a ser presidenta ya no se podrá hacer nada durante 5 años porque gozaría de total protección (art. 117 de la Constitución). Existiría una figura que sería imposible de aplicar con la mayoría aplastante en el congreso de partido Fuerza Popular. Recordemos que existe una figura que se le aplicó al padre que es la vacancia por incapacidad moral (art. 113 de la Constitución) que podría ocurrir durante el ejercicio de sus funciones.

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