Por Roger Yon Ruesta, abogado por la PUCP y socio del Estudio Roger Yon & SMB.

El Informe del Ministerio de Justicia (INPE) respecto de la estadística penitenciaria del periodo 2014 – 2015 da cuenta que, “La población del sistema penitenciario al mes de febrero de 2015 es de 88,138 personas. De ellos, 72,5922 se encuentran en establecimientos penitenciarios al tener mandato de detención judicial o pena privativa de libertad efectiva, mientras que 15,546 personas asisten a establecimientos de medio libre al haber sido sentenciados a penas limitativas de derechos o liberados con beneficio penitenciario de semi libertad o liberación condicional”.

De este marco poblacional penitenciario, “el 34.1% de la población total de internos (rango de 18 a 29 años), se encuentra considerada entre la población joven y económicamente activa o productiva (…)”. De este porcentaje, “la población de internos entre 18 a 24 años constituye el 15.9% de la población total, la misma estaría en la etapa de formación técnico-productiva”.

Por su lado, la Defensoría del Pueblo, de cara a la cifra del sistema penal juvenil, en su Informe 157 – 2012 da cuenta que, “de acuerdo con la información recibida, existe un total de 2,278 adolescentes infractores de la ley penal en todo el ámbito nacional. De éstos, 1,558 se encuentran bajo el sistema cerrado (internados en centros juveniles), lo que equivale al 68% del total, y 720 permanecen en el sistema abierto. En lo que respecta al sistema cerrado, son nueve los centros juveniles que albergan al total de adolescentes infractores de la ley penal, en todo el ámbito nacional. (…) Por otro lado, también se puede advertir que el mayor número de adolescentes se encuentra en el sistema cerrado (1,558) en comparación con el sistema abierto (720), lo que obedece principalmente a la tendencia de los magistrados a dictar sentencias con medidas privativas de la libertad”.

Frente a esta cruda realidad, el legislador ha venido reaccionando, además de manifestar su estupor, con modificaciones legislativas para agravar las penas, crear nuevas figuras delictivas (sicariato, etc.). Sin embargo, llama nuestra atención que no exista un monitoreo respecto de las condiciones criminógenas que expliquen la delincuencia juvenil de personas económicamente activas.

El legislador se ha obsesionado con medidas de contención como son las ya mencionadas (aumentos de pena, ley de flagrancia, nuevas figuras delictivas, etc.). Sin embargo, tras haber pasado por dos décadas de enfrentamientos terroristas que hicieran que la población, especialmente andina, migrara a otras localidades; tras haber superado años de crisis económica y cifras de inflación de 3 a 4 dígitos; y tras ver que un gran número de personas del gobierno de la década del 90 terminaron presos por actos de corrupción y delitos contra los derechos fundamentales, hecho de no menor importancia; nos preguntamos si esto explica de alguna manera las causas de la actual delincuencia juvenil.

Lo cierto es que un monitoreo serio del aumento de la criminalidad debe dar cuenta de las causas que la generan.  Solo así podremos implementar medidas adecuadas para enfrentar este tipo de criminalidad que no es de menor calibre si se le añade que muchos jóvenes están siendo tentados a incursionar en actos delictivos, ya sea como partícipes (en sentido genérico) o como víctimas. A través de la pornografía informática, los actos de chantaje por medios informáticos y telefónicos, o a través de las redes de comunicación social. En esa línea, cabe preguntarse si el uso de nuevos medios o artefactos informáticos es potencialmente criminógeno (generador de delito) y en qué medida.

Esperamos que el nuevo gobierno, que entra en funciones a partir del 28 de julio, efectúe un corte vertical a la ineficiente respuesta de contención que se ha venido dando durante los últimos años y efectúe un análisis transversal: sociológico, económico, psicológico, etc., que le permita entregar un pedido de reforma legislativa acorde con las causas que generan esta delincuencia juvenil y que está echando a perder a un sector importante de la población económicamente activa, pero además, que se viene convirtiendo en operador nocivo contra el Estado de Derecho.

Si el lector dispensa su atención sobre esta reflexión, coincidirá en que la problemática expuesta hace rato se le escapó de las manos y del control a los operadores de justicia, y que no son de recibo frases como “es una cuestión de percepción” o “algunos datos estadísticos son negativos; pero otros datos en la lucha contra la delincuencia, como la compra de helicópteros y nuevos patrulleros, son positivos”. Entonces, nos encontraremos en el enfoque correcto de exigir conocer las causas para combatir estas consecuencias nocivas que vienen cobrando la vida, la salud y el patrimonio de personas inocentes, y sumergiéndonos a todos en la inseguridad ciudadana. ¿Por qué el legislador no se inocula las causas que generan la delincuencia juvenil para de ese modo conocer qué normas y medidas, de acuerdo a la problemática real y concreta, debe emitir e implementar? ¿Usted qué opina?  

 

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