Por: Marcelo Castilla Baez, estudiante de Derecho de la PUCP y miembro de la comisión de Actualidad Jurídica de la Asociación Civil THEMIS.

El ex presidente Alejandro Toledo está pasando la que tal vez sea la etapa más dura de su vida política y personal. Se le acusa de ser parte del mayor escándalo de corrupción de los últimos años, relacionado a empresas brasileñas que entregaban dinero a altos funcionarios públicos para obtener licitaciones de importantes obras. 20 millones de dólares habría sido el monto que recibió Toledo como soborno para que la empresa Odebrecht consiga la construcción de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica. Para este punto, el juez Richard Concepción, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y responsable del caso, emitió una orden de captura nacional e internacional, para detener a Toledo, quien deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva mientras duren las investigaciones.

Como es de público conocimiento, no es la primera vez que Toledo se ve involucrado con dinero de dudosa procedencia. Hace ya varios años, una denuncia del Ministerio Público indicaba que Toledo estaría involucrado en el famosísimo caso Ecoteva, donde presuntamente habría lavado varios millones de dólares para el pago de sus lujosas residencias y oficinas. Las evidencias apuntan a que el origen de ese dinero provino de Odebrecht y no de indemnizaciones del gobierno alemán a su suegra, Eva Fernenbug, como víctima del holocausto.

“Se cierra el círculo”

El aporte del colaborador eficaz que acusó a Toledo, le daría un giro al caso Ecoteva, pues, de ser cierto, se confirmaría que Odebrecht entregó el dinero (hasta ahora 11 millones demostrados) al amigo personal de Toledo, el israelí Josef Maiman, quien a su vez – y luego de algunos movimientos financieros- creó la empresa Ecoteva Consulting Group, donde participó también la señora Fernenbug. Luego de ello, esta empresa pagó la casa de Las Casuarinas ($3,8 millones), la oficina en el edificio Omega de Surco($882 mil), la hipoteca de la casa de playa del ex Presidente en Punta Sal y la de Camacho.

Durante la semana, se ha discutido un problema que se originó por la relación de estos dos casos -Ecoteva y Lava Jato- y es si se estaría vulnerando el principio ne bis in ídem.

El Dr. Caro señala[1] que:

“La doctrina del TC ha quedado zanjada en la sentencia de 16 de abril de 2003, exp. No 2050­2002­AA/TC, donde señala que “En su vertiente procesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. (…), el TC señala que “El derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, esto es, el principio del ne bis in idem “procesal”, está implícito en el derecho al debido proceso reconocido por el artículo 139°, inciso 3), de la Constitución.”

Bajo esta premisa, es evidente que el ex presidente debe, a partir de ahora, someterse a un solo proceso, debido a que son los mismos hechos relacionados a los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. En otras palabras, las transacciones financieras y el dinero que en el caso Ecoteva no tenía sustento, ahora sí tiene un origen, por lo que todas las pruebas forman parte de un caso sumamente complejo, pero que finalmente termina siendo solo uno. Adicionalmente, debemos señalar que resultaría incongruente que se pretenda juzgar a Toledo en un proceso por el dinero que recibió (Lava Jato), y en otro, por la forma en que lo gasto (Ecoteva).

Para evitar una vulneración al ne bis in idem y al derecho al debido proceso, será necesario que el Ministerio Público junte las pruebas que recogieron tanto del caso Ecoteva, como del caso Odebrecht, a fin de que pueda determinarse de forma indubitable que Toledo recibió el dinero fruto de un acto de corrupción, y que destinó ese dinero al pago de sus deudas hipotecarias y a la adquisición de los inmuebles. Debido al avance en las investigaciones y en la etapa del proceso, resulta idóneo que la acumulación de las investigaciones se otorgue al fiscal Hamilton Castro.

Una contingencia a tomar en cuenta es que el proceso del caso Ecoteva se lleva a cabo en vigencia del Código Procesal Penal del año 1940, y el aplicable para el caso Lava Jato es el del 2004, por lo que será necesaria la observancia adecuada de las normas procesales que permitan esta acumulación en un solo caso. La principal diferenciación entre un Código y otro es el protagonismo del fiscal en liderar las investigaciones.

“Buitres entrando a mi casa”

Luego de que se dio a conocer la acusación de la fiscalía, el juez dispuso el allanamiento de la casa de los Toledo Karp en Camacho. Este hecho fue duramente criticado por la ex primera dama, la antropóloga Eliane Karp. Ella calificó de ‘buitres’ y ‘cuervos’ a los miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional que ingresaron a realizar la diligencia a su domicilio. Pero, ¿en qué consiste el allanamiento? ¿Es necesaria la presencia de un abogado de la parte acusada?

El allanamiento es una medida coercitiva con fines de investigación. Está regulado por el Código Procesal Penal, en los artículos 214º al 217º. Es en el artículo 216º donde se indica el desarrollo del allanamiento, bajo 3 supuestos:

1. Al iniciarse la diligencia se entregará una copia de la autorización al imputado siempre que se encuentre presente o a quien tenga la disponibilidad actual del lugar, comunicándole la facultad que tiene de hacerse representar o asistir por una persona de su confianza.

  1. Si no se encuentran las personas arriba indicadas, la copia se entregará y el aviso se dirigirá a un vecino, a una persona que conviva con él, y a falta de ellos, sólo de ser posible, al portero o a quien haga sus veces.
  2. La diligencia se circunscribirá a lo autorizado, redactándose acta. Durante su desarrollo se adoptarán las precauciones necesarias para preservar la reputación y el pudor de las personas que se encuentren en el local allanado.” (Subrayado nuestro).

No resulta pues indispensable que se encuentren los propietarios ni el abogado de la persona, pues el ser el objetivo del allanamiento es encontrar bienes delictivos o que sean útiles para la investigación. En consecuencia, si los allanamientos fueran notificados previamente, sería sencillo que el investigado pueda esconder o desaparecer las pruebas que terminarían incriminándolo en los delitos materia de investigación.

No obstante, es necesaria la observancia de la tercera parte del artículo citado, pues si bien la diligencia puede ocasionar una invasión justificada a la inviolabilidad de domicilio, y a los derechos a la intimidad, entre otros, esta no puede afectar la reputación o el pudor de los implicados. Para controlar todo esto, es necesario un informe de la fiscalía, terminada la diligencia, dirigida al juez con la finalidad de informar de todo lo que se hizo y encontró en el local allanado.

“De héroe a fugitivo”

Alejandro Toledo ganó la Presidencia de la República en el año 2001 luego de luchar incansablemente contra un régimen dictatorial y corrupto como fue el Fujimontesinista. Fue el abanderado de la lucha anticorrupción y es por ello que hoy resulta indignante la idea de que quien encaró y se opuso firmemente a los protagonistas de la corrupción, se convierta en uno de ellos. Las contradicciones del origen del dinero en el caso Ecoteva[2], sumado a sus intentos para evitar ser investigado[3], sembraron la duda en la población, que se vio reflejada en la baja aceptación que recibió en la última campaña electoral.

Finalmente, en muchas ocasiones, Toledo acusó a sus opositores políticos de esconderse de la justicia en Francia o en Japón (en el caso de los ex Presidentes García y Fujimori respectivamente), y que él siempre da – y dará- la cara; no obstante hoy no mantiene el mismo discurso. Parece que la justicia solo es “justa” cuando no está investigando casos relacionados a uno mismo. Sería bueno que el ex Presidente tenga coherencia en su discurso y pueda entregarse a la justicia que -hasta ahora- no ha dado indicio alguno de tener intenciones de arruinar ni perseguir a nadie por causas políticas.


El título es la cita de un dialogo de la película The Dark Knight.

[1] CARO, Dino. El principio Ne Bis In Idem en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. http://www.ccfirma.com/publicaciones/pdf/caro/El%20principio_de_ne_bis_in_idem.pdf

[2] http://larepublica.pe/26-05-2013/alejandro-toledo-y-sus-contradicciones

[3]http://elcomercio.pe/politica/gobierno/toledo-presento-nuevo-habeas-corpus-anular-investigacion-congreso-noticia-1661793

No hay comentarios

Dejar respuesta