Por Armando Sánchez Málaga, Máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona y socio del estudio Roger Yon & SMB Abogados. 

Mientras escribo esta columna, en nuestro país, miles de mujeres están sufriendo actos de violencia (física y psicológica) y probablemente una yace muerta esperando la llegada de la policía y la fiscalía. ¿Qué hemos hecho para llegar a esta situación?

El 27 de diciembre de 2011, la Ley N° 29819 modificó el artículo 107° del Código Penal que regula el delito de Parricidio (homicidio de un ascendiente, descendiente o de una persona con la que se sostiene o se ha sostenido una relación conyugal o de convivencia) a efectos de incorporar la figura del “feminicidio”. En realidad, lo único que hizo el legislador entonces fue crear una etiqueta —importante, sin lugar a dudas— según la cual, “si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una relación análoga, el delito tendrá el nombre de feminicidio”. Fue recién el 18 de mayo de 2013 que, con la publicación de la Ley N° 30068, se estableció una figura penal autónoma de “feminicidio” en el artículo 108-B del Código Penal, sancionando con pena privativa de la libertad no menor de quince años (sin fijar un límite máximo, por lo que debe entenderse que la pena podría extenderse hasta los 35 años) al que mata a una mujer por su condición de tal en contextos de violencia familiar; de coacción, hostigamiento o acoso sexual; de abuso de poder o de confianza; y de discriminación.

Como siempre, se planteó ingenuamente que la modificación de la norma penal operaría un efecto preventivo, lo que evidentemente no ocurrió. Es más, a partir de la vigencia de la norma penal, las cifras de “feminicidio” han continuado incrementando. Así, según información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mientras que en el año 2012 se produjeron 174 casos de feminicidio y tentativa de feminicidio, en el año 2013 la cifra se incrementó a 282 casos, llegando a 293 en el año 2015. Sorprende aún más enterarse que, de los 1733 casos de feminicidio y tentativa de feminicidio que se produjeron entre los años 2009 y 2016, 570 fueron en Lima, donde supuestamente los sistemas de justicia y prevención tendrían mejores condiciones de funcionamiento.

Estas cifras del Ministerio de la Mujer, evidentemente, no contienen los datos ocultos de tentativas de feminicidio y otros casos de violencia de género. Dicha opacidad en la estadística se debe, sin lugar a dudas, al gran temor que tienen miles de mujeres de denunciar y convertirse nuevamente en víctimas, pero esta vez de un sistema violento y prejuicioso, en el que muchas veces la primera pregunta de la autoridad a la denunciante es: ¿Qué habrás hecho tú para provocar esta situación?

No se trata entonces de un problema (meramente) legal. Nos encontramos frente a un grave conflicto social y frente a un problema institucional, en el que los órganos de control social informal (como la familia, la escuela, los medios de comunicación y la iglesia) vienen siendo de poca ayuda y, en varios (muchos) casos incluso fomentan el incremento de la violencia de género. Es duro decirlo, pero es la verdad. Y ocultarla nos hace cómplices del problema. Basta decir que, según cifras del mismo Ministerio, el 54% de las víctimas de feminicidio son agredidas por sus esposos o convivientes y el 25% de las mismas por sus ex parejas.

El problema no se limita a una específica conducta como el feminicidio. La violencia sexual presenta cifras también penosas. De poco han servido las normas penales y el constante incremento de penas para este tipo de delitos. Seguimos viviendo en un país en el que juezas liberan agresores sin inhibición alguna y contraviniendo el derecho, los medios de comunicación incitan constantemente la violencia sexual, en el que existen congresistas que se niegan a pagar una pensión de alimentos, en el que un parlamentario se “indigna” porque una colega encara la verdad (sí, vivimos en un país de violadores, ya que, según la Organización Mundial de la Salud, ocupamos el tercer lugar en el mundo entre los países con mayor prevalencia de mujeres entre 15 y 49 años que sufren de violencia sexual por parte de su pareja) y en el que la máxima autoridad de una de las iglesias plantea el (violento) absurdo de que una niña violada pudo haber producido el acto de agresión.

Más allá del rotundo rechazo que esta última afirmación me genera, añado la siguiente apreciación jurídica. La teoría de la auto puesta en peligro de la víctima (que por ejemplo califica como atípicos —penalmente irrelevantes— aquellos casos del “estafado” que no leyó el contrato o de aquel que “confió” de manera irracional en un tercero) resulta de amplia y válida aplicación en el Derecho Penal, pero no de forma indiscriminada y, menos aún, para casos como los que comentamos, en los que el delito consiste justamente en la vulneración del derecho a la libertad de la víctima. Peor aún si la víctima es un menor de edad.

El propio ejercicio constitucional de la libertad individual (frecuentar espacios públicos, beber alcohol, vestirse como a uno le plazca, etc.) no puede constituir la puesta en peligro del mismo derecho. La contradictio in terminis es evidente. Si seguimos el razonamiento del cardenal, tendríamos que concluir también, por ejemplo, que la víctima de un secuestro que caminaba por una calle oscura produjo su agresión. Nada más absurdo. Pero, ¿por qué nos resulta tan evidente lo absurdo de tal razonamiento en un caso de secuestro y no en uno de violación sexual? Quizás una primera explicación es que vivimos en sociedad machista y plagada de prejuicios.

Si bien el panorama, desde la perspectiva del Derecho y de la acción estatal, es todavía desolador, en los últimos días, la sociedad civil ha demostrado que posee los mecanismos más eficientes para comenzar a enfrentar problemas sociales. Así, el colectivo “ni una menos” ha generado la difusión y la discusión del problema de la violencia de género. Es el primer paso (y la gran oportunidad) para emprender una larga lucha que, sin lugar a dudas, requerirá la revisión de muchas cosas, pero en primer lugar de nuestra forma de pensar y ver las cosas. Un ejemplo de esto último. No faltan aquellos que, en los últimos días, han promovido una “contra campaña” para rechazar “toda forma de violencia” y no sólo la violencia contra la mujer, ocultando un violento machismo tras su aparentemente inocua reivindicación.

Reflexionemos y comencemos a construir las bases de una sociedad más democrática. “Ni una menos” es la gran oportunidad para comenzar esta tarea.

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