Cuando en la década de los noventa vimos a la cúpula de Sendero Luminoso en la cárcel, un grupo de ciudadanos pensó que el terrorismo había acabado. Aún perdura en nuestra retina el traje a rayas que vestía Abimael Guzmán.

Sin embargo, un remanente del ala militar de este grupo terrorista encontró refugio en la zona agreste del VRAEM, y se fue mimetizando con la población mientras que el Estado se conformaba con mantener tropas militares en la zona, pero sin ninguna política social frente a la población. El resultado fueron aeronaves caídas, grupos de militares abatidos y más héroes en la ya larga lista de las fuerzas armadas.

Frente a este escenario, a inicios del 2010, fuerzas combinadas del comando conjunto fueron capacitados en inteligencia (ubicación, seguimiento y captura) de objetivos de alto valor, (líderes de Sendero), y así cayeron los mandos: Alipio, Willian y Gabriel. Lamentablemente para nuestros intereses, las acciones militares no fueron acompañadas por acciones políticas que den cuenta de la presencia del Estado en dicha región. El resultado ya ha sido comunicado por la prensa: muertos y heridos en un grupo de militares y civiles que se dirigían a brindar apoyo en las elecciones generales.

No obstante esta situación, actualmente la estrategia utilizada para combatir el problema  que acontece en el VRAEM adolece de un debido análisis: no se ha llevado a cabo un análisis socio económico de la zona. Los pocos miembros de Sendero sobreviven gracias a que trabajan de sicarios u otorgando seguridad a las operaciones del narcotráfico. Ahora bien, cargar la mano en esperanzarse en que los militares acaben con este problema nos parece iluso si no viene acompañada de una política socio económica en la zona, de una política social inclusiva en la población, y una legislación acertada respecto de la correcta tipificación, (¡en el pasado se juzgó a terroristas chilenos por el delito de traición a la patria!). 

En la línea de lo expuesto, también se acostumbra a cargar todo el peso del problema en una “nueva” legislación penal que se asienta en la “vieja” receta de endurecer las penas y recortar beneficios penitenciarios. Esto constituiría un error que pondría en peligro la libertad de acción de inocentes ciudadanos que fueron tratados injustamente como “terrucos”, ya sea por vivir en la zona o por ser campesinos. De ahí que el diagnóstico socio económico sea vital.

Esperamos que la nueva administración adopte políticas que incidan en la solución de delitos en los que subyace una problemática social de abandono y olvido por parte del Estado.

 

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Blog colectivo de Roger Yon, Armando Sánchez Málaga y Ariana Bassino Balta; abogados especializados en temas penales. La libertad rodea siempre al Derecho Penal, sea desde la perspectiva de la víctima (que la ve afectada por el delito), sea desde la perspectiva del agresor (que debe sufrir la privación de la libertad) o de la persona sometida injustamente a la libertad penal (que ve interrumpido su derecho).

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