Justicia digital: Sin papeles en la Audiencia Nacional

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Por: Alexandra Molina Dimitrijevich

Abogada
Master en Administración Pública (Universidad Libre de Bruselas)

La Administración de Justicia española está a punto de experimentar un momento de particular importancia: como consecuencia del esfuerzo innovador emprendido por el Ministerio de Justicia, que a través de la Oficina Judicial implementa paulatinamente el “Plan de Modernización de la Justicia 2009 – 2012”[1], la judicatura se apresta a estrenar, en marzo de 2011, el denominado “Expediente Digital”.

La ejecución de este plan de modernización le compete a la Oficina Judicial, órgano que forma parte de la Secretaría de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia de dicho ministerio, y que se encarga, entre otras cosas, de procurar que la administración de justicia desempeñe su misión de manera ágil, efectiva y accesible[2].

El primer órgano de la estructura jurisdiccional de dicho país que se ha elegido para ponerla en práctica es la Audiencia Nacional (Tribunal especial que forma parte del Poder Judicial). Esta elección no es producto del azar, ya que en la Audiencia Nacional se sustancian procesos cuyas materias revisten especial importancia: trafico de drogas, terrorismo, delitos cometidos fuera de España, delitos contra la corona, entre otros. Aquí fue donde Baltazar Garzón desempeñó sus funciones durante muchos años, con anterioridad a su polémica destitución. También se llevó a cabo el proceso del atentado del “11-M”, en el cual se utilizaron las nuevas tecnologías en momentos clave del mismo: desde declaraciones de testigos hasta la digitalización íntegra del expediente (de 120,000 folios), lográndose una reducción del proceso a 4 meses y medio. Esta vez, se busca digitalizar toda la actividad procesal de la Audiencia Nacional (creada en plena Transición -1977-) y, en tan sólo 2 meses, se ha llegado a trasladar del papel a los medios informáticos alrededor de 4 millones de folios, una cantidad de papel que equivaldría a 33 campos de fútbol. Así, los documentos estarán en formato pdf, para que al usuario final le sea más fácil el acceso, desde cualquier lugar y en cuestión de segundos, a cualquier documento que obre en un expediente determinado. Cabe destacar que el trabajo modernizador de la justicia no se limitará a la  digitalización de los procesos seguidos en la Audiencia Nacional. Este continuará en el ámbito penal, social (laboral) y contencioso-administrativo[3].

¿Cómo?

El proceso de digitalización de los expedientes de la Audiencia Nacional ha consistido en un arduo trabajo. Alrededor de cien personas se han dedicado, durante las 24 horas del día y en 3 turnos, a poner en marcha un proceso que ha pasado por las siguientes fases[4]:

  1. Planificación del trabajo diario: incluyendo aquí el desplazamiento de los expedientes más delicados con todas las medidas de seguridad posible, entre los seis edificios que conforman la infraestructura de Audiencia Nacional[5].
  2. Digitalización y catalogación: Fase mecánica que comprende el escaneo de documentos que ingresen en soporte papel a la Oficina de Registro (nombre que se le da en España a toda “Mesa de Partes”) de la Audiencia Nacional, interconectada a “Lexnet” (un sistema de notificaciones y comunicaciones telemáticas). En la etapa de catalogación (que consideramos la más importante) intervienen funcionarios con preparación jurídico-procesal para que los expedientes cuenten con una denominación correcta y así puedan ser ubicados con facilidad.

Ventajas

La reforma que comentamos no es un acto de pura cosmética o una simple operación de marketing que beneficie a un poder del estado que, por sus problemas de celeridad, no suele despertar precisamente la mayor simpatía por parte de la población y/u operadores jurídicos. Aunque como es evidente los resultados se evaluarán cuando el proyecto se encuentre completamente operativo y dentro del mediano plazo, el despliegue de esfuerzos para implementar este sistema ha sido notable. El proceso de digitalización desarrollado por la Oficina Judicial no es un mero “escaneo” de expedientes, sino una conjunto de mecanismos que hacen un todo y comprenden: la integración de sistemas de gestión, la plena implementación de Lexnet (un sistema seguro de intercambio de documentos[6]), la firma electrónica como medio para dar fe pública en la grabación de vistas, entre otros. Se destaca además el carácter sostenible de la reforma, traducido en el ahorro de papel que supone no sólo la generación de menores costes económicos, sino también el respeto por el medio ambiente.

La consideración de la justicia como un servicio público

El entender a la justicia como un servicio público ha sido clave para darle impulso a la reforma. Y es que, aunque nos quede claro que el Poder Judicial es un poder independiente en un Estado de Derecho, también es verdad que no debe desentenderse de esa “dimensión servicial” que conecta fines con medios. En el caso español, se dice que el crecimiento de la litigiosidad ha hecho que la percepción de la justicia le otorgue ese carácter “esencial” que es nota clave de todo servicio público, entendiendo a la tutela judicial efectiva (derecho fundamental y aspiración ciudadana) como una “prestación estatal”[7].

El caso peruano: aplicación de esta política y sus beneficios

En el Perú, tenemos conocimiento[8] de que existe un interesante proyecto impulsado por la alianza público – privada conformada por el Poder Judicial (a través del “Grupo para la implementación del Expediente Digital”) y el Instituto de Formación Bancaria (IFE). En este caso, el proyecto piloto se pondrá en práctica en los juzgados comerciales, proyecto que vería la luz a partir de mayo del año próximo. Entendemos (y esperamos) que la reforma no se quedará aquí, ya que la digitalización de la justicia es una meta integral de las políticas públicas que el Estado ha contemplado en materia de gobierno electrónico, tal y como se constata en el “Peru E-Government Master Plan”, producido por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) de la PCM. En dicho plan[9], se puede ver a grandes rasgos el esquema que seguirá tal implementación (incluyendo en primer término, y con acierto, al Ministerio de Justicia). Sin embargo, todavía carece de las especificaciones y avance que hemos visto para el caso español[10].

En el Perú se habla más que de una simple crisis de la justicia: el servicio de justicia es percibido, según encuesta del Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP, como un “(…) abrumador aparato burocrático, lento” y demás caracteres que harían ineficiente su correcto funcionamiento[11]. Ante esta situación, las ventajas que aportaría la aplicación de estas políticas al sistema judicial peruano, y por ende al ciudadano (y también al inversionista) en la materialización de sus derechos, a seguridad jurídica y justicia, son innegables.

CONCLUSION Y REFLEXIONES

Durante años, los justiciables han venido reclamando (aunque con poca fe y permanente desconfianza) procesos más céleres y transparentes. La implementación de una auténtica estrategia de open government (es decir, que entienda a fondo sus tres ejes centrales: transparencia, participación y colaboración[12]) adaptada a la naturaleza del sistema judicial y realizada con todas las garantías técnicas posibles, puede resultar enormemente beneficiosa. El ejemplo español que se describe en el presente artículo es prometedor, y, con el tiempo, podremos valorar en su real dimensión un verdadero salto cualitativo en el servicio público de justicia.


[1] Fase de un proceso que se inicia con el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de 2001 y la dación de la Ley Orgánica 19/2003, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

[2] En coherencia con este ánimo, la Oficina Judicial cuenta tiene portal propio (http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/la_oj). Este incluye un extenso apartado sobre nuevas tecnologías. Además, está presente en redes sociales como Facebook (http://www.facebook.com/laoficinajudicial) y Twitter (@oficinajudicial).

[3] Ámbito en el que la celeridad cobra vital importancia, frente a lo que algunos autores han denominado “crisis del contencioso administrativo”, En relación con ello, Luis Martín Rebollo alude al impacto de la diversificación de las formas jurídicas de la organización administrativa, consecuencia de las transformaciones de la sociedad y Administración españolas con posterioridad a la etapa de transición, generándose un Estado que no es precisamente pequeño como consecuencia de su consideración social y democrática (plasmada en la Constitución). Estos últimos aspectos no necesariamente han de calificarse como negativos, pero ciertamente tienen un impacto en el incremento de expedientes bajo la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Martín Rebollo, Luis, “Leyes Administrativas” Volumen I, Parte General, 2º Edición. Editorial Aranzadi, Navarra, 2008. pp. 2210-2211.

[4] Información obtenida de la página web del Ministerio de Justicia español: http://www.mjusticia.es

[5] Al mismo tiempo, se tiene en cuenta también una hoja de ruta clara que implica, entre otras cosas, el procesamiento de 200 tomos al día, teniendo claro cuáles son los procesos antiguos (con expedientes que presentan mayor deterioro físico) y los nuevos.

[6] Cuyas funcionalidades están detalladas en el siguiente enlace: http://oficinajudicial.justicia.es/portaloj/sistema_lexnet

[7] Al respecto, ver: Tajadura Tejada, Javier, “Reflexiones en torno a la consideración de la justicia como Servicio Público”. En: “Teoría y Realidad Constitucional” Nos. 8-9, 2º semestre 2001/1º semestre 2002, pp. 177-200.

[8] http://www.elperuano.pe/edicion/noticia.aspx?key=zlLyhorxnek=

[9] Que puede consultarse en: http://www.ongei.gob.pe/pdf/egovernment.pdf

[10] Y, como dato curioso, únicamente está en inglés.

[11] http://www.pucp.edu.pe/iop/files/sondeo_20.pdf

[12] Calderón, César y Lorenzo, Sebastián (coordinadores) “Open Government: Gobierno Abierto”. Algón Editores, Jaén, 2010. pp. 18-19.

3 Comentarios

  1. La reforma es importante porque incluye factores de autosostenibilidad a un sistema que esta a punto de colapsar. El Perú esta camina bien en lo economico pero en terminos de desarrollo la justicia puede convertirnos en Mexico, en donde la lucha contra la corrupción, el narcotrafico y el crimen es insuficiente.

    De otro lado, no debemos perder de vista el acceso a la justicia. La tecnologia debe permitir que el trabajo sea mas eficiente bajando los costos de litigar, sin embargo la capacidad de quienes resuelven es lo fundamental para asegurar la predictibilidad y una verdadera reforma.

    Tampoco desnaturalizar los fueros, instituciones como el TC o Indecopi han visto crecer sus casos ante la lentitud del Poder Judicial, no obstante, zapatero a sus zapatos, eso es un peligro a largo plazo también.

  2. Estimado Carlos: Gracias por el comentario y perdona por el ingente retraso en responder. En efecto, la capacitación y además la cooperación intra (e inter) administrativa son fundamentales para la adecuada implementación de la tecnología como medio dinamizador de la solución de controversias. Afortunadamente, vemos que progresivamente (aunque a ritmos diferentes) las Administraciones Públicas se van apuntando a esta tendencia, conforme se va profundizando la utilización de las nuevas tecnologías en la sociedad, pudiendo llegar al punto de tener la Administración en la palma de tu mano (con los smartphones). Muy de acuerdo con el “zapatero a tus zapatos” (sobre todo en estos temas), aunque los justiciables (o administrados) y el interés general requieren decisiones céleres, con lo cual el legislador debe ser cuidadoso a la hora de atribuir competencias y el operador del derecho buscar mecanismos más ágiles para impartir justicia y/o tomar decisiones. Un saludo cordial.

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