Por Jessica Maeda, Máster en Derecho Internacional Público por la Universidad de Leiden y especialista en Derecho Internacional Humanitario y de los DDHH.

“La crueldad es un tirano sostenido sólo por el miedo”
William Shakespeare

Yuyachkani significa “estoy pensando” o “estoy recordando”. Y recordar es justamente a lo que estamos obligados a hacer. Recordar, por ejemplo, que en la madrugada del primer día de setiembre la Sala Penal Nacional dictó finalmente sentencia contra los responsables de la matanza de más de 60 personas de la localidad de Accomarca, en Ayacucho y se comprobó, entre otras cosas, que se había cometido un crimen de lesa humanidad. El crimen, cometido el 14 de agosto de 1985, quiso ser enterrado en el olvido mediante procesos en el fuero militar, leyes de amnistía, extradición y otros retos. Tuvieron que pasar 31 años para que se dictara la sentencia.

Treinta y un años, en el que recordar fue esencial en la lucha contra la impunidad.

Nuestras víctimas: ¿cuántos eran? ¿quiénes eran?

La cifra de las víctimas fue siempre un tema en discordia. Según un Informe del Congreso de la República, el teniente del ejército Telmo Hurtado (quien estuvo al mando de la ejecución de la operación) habría declarado inicialmente que se trataban de 25 personas. Los denunciantes señalaban 69 y la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) indicó en el Informe Final que se trataba de 62 personas. La sentencia parece reconocer 69 víctimas mortales.

De acuerdo con el VIII Censo Nacional de población y III de vivienda, Accomarca tenía una población de 3371 personas en 1981. Es decir, las 69 personas asesinadas en 1985, correspondían aproximadamente al 2.04% de la población total de aquel distrito.

Para poner las cifras en perspectiva, hay que tener en cuenta que el 2.04% de la población actual de Lima serían aproximadamente 202 056,4 personas, lo que corresponde a un poco más de las actuales poblaciones totales de distritos como El Agustino (190 961), La Victoria (175 372), Rímac (167 286) o La Molina (166 912). En otras palabras, a efectos de Lima Metropolitana, es como si uno de estos distritos hubiera sido completamente eliminado.

La matanza fue planeada por altos mandos del ejército peruano, quienes la denominaron como “Plan de Operaciones Huancayoc”, cuya misión principal era “capturar y/o destruir a los elementos terroristas existentes en la Quebrada de Huacayoc, distrito de Accomarca”. Sin embargo, según el Informe Final de la CVR, de las más de 60 víctimas, 26 eran niñas y niños. Algunos de ellos con tan solo meses de edad. Adicionalmente, de los adultos, 10 eran mujeres, quienes, de acuerdo con declaraciones, fueron violadas antes de ser asesinadas.

La lógica de la doctrina contrasubversiva del terror

La CVR encontró que desde 1983, el ejército peruano empezó a realizar sus incursiones en las denominadas “zonas liberadas”, o lugares donde Sendero pretendía haber instalado “comités populares”. Como consecuencia de estas “incursiones”, los campesinos eran detenidos y asesinados a discreción, ya que los habitantes en general eran culpabilizados por asociación.

Esta doctrina contrasubversiva no es novedosa. Ya se había practicado por los franceses durante la guerra de Argelia y en Indochina, para luego ser difundida a América Latina. Esta doctrina parte de la premisa de que no existe línea de frente, por lo que el enemigo está por doquier. Ya lo decía el Coronel Lacheroy: “La población, es el agua donde está el pez, para acabar con la guerrilla, para acabar con los peces hay que sacarle el agua, que es la población”.

En otras palabras, la doctrina contrasubversiva que utiliza el terror justifica el uso de métodos de tortura para los interrogatorios, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

De la crueldad y otros demonios

Durante este proceso judicial, la defensa se esforzó en mostrar un ejército de altos oficiales desinformados, que desconocen las graves violaciones a los derechos humanos que se producen bajo su mando. Las declaraciones del teniente Hurtado se apartaron de ese esquema de defensa y optó por señalar la responsabilidad de sus superiores. Estos argumentos nos resultan bastante familiares y es que la excusa de seguir órdenes en casos como el de Accomarca es, como indica Hannah Arendt, una forma de banalizar el mal.

Asesinar a niños y niñas, ancianos, violar mujeres y luego asesinar a más de sesenta personas, son todas acciones que detentan una crueldad que nos cuesta imaginar. El tipo de crueldad que originan graves crímenes que “(…) constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, como los crímenes de lesa humanidad. Y si bien los ambientes violentos pueden corromper a los seres humanos, es necesario pasar por todo un proceso de deshumanización para poder llegar a ese punto.

Deshumanizar a la población civil, cosificarla para poder torturarla, violarla y ejecutarla implica representar de manera negativa al otro implica para que, en la mentalidad del agresor, la víctima tenga un estatus inferior.

El informe final de la CVR indicó que “(…) resultó menos problemático torturar, desaparecer, asesinar o ejercer diversas formas de violencia y crueldad extrema contra quienes eran considerados no sólo como diferentes sino, sobre todo, como inferiores. De este modo, los campesinos quechua hablantes, especialmente de las comunidades rurales pobres y alejadas, terminaron siendo las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos cometidas en nombre de la lucha armada senderista o de la defensa del estado de derecho. Al ser rebajados en su condición humana y considerados como simples «indios» y «chutos» de las alturas, fueron vistos como desechables.”

Este pensamiento deshumanizador, de demonizar al otro, resulta absolutamente peligroso, sobre todo si es utilizada e implementada por quienes son los principales responsables de la seguridad de millones de personas: el ejército. En nuestro país, además, transversalizó las acciones contra quienes estaban más desprotegidos y en situación de vulnerabilidad. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en las mismas declaraciones del teniente Hurtado, quien, para justificar la muerte de ancianos, mujeres y niños señaló: “uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño (…) los comienzan a adoctrinar desde los dos años, tres años (…)”.

En ese sentido, Accomarca no puede quedar en una sentencia (esperemos que, además, sea efectiva). Nuestro país todavía confronta graves problemas con la discriminación, lo que genera un caldo de cultivo importante para que sigamos siendo un país desestructurado que repite las mismas historias de crueldad una y otra vez.

Utilicemos entonces el recuerdo a nuestro favor y como ejercicio permanente, aprendamos de nuestras víctimas y que realmente, no se vuelva a repetir. No más historias de crueldad, no más crímenes de lesa humanidad. Yuyachkani para todos.


  • El autor de la imagen es Carlos Lavida.
  • Los agradecimientos de siempre a Renato Sotelo, quienes sus sugerencias son invaluables.

 

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