Culturalmente innovador

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Hace algunos días, el diario El Comercio denunció que el Ministerio de Cultura emitió una polémica resolución en la que dejaba a cargo de los municipios la facultad de otorgar los permisos para construir en inmuebles que son declarados Patrimonio Cultural de la Nación. La medida fue dictada, curiosamente, en medio de un paquete que busca reactivar la economía y agilizar las inversiones y que, de paso, ha puesto en el debate si esta es la mejor manera de hacerlo.

Entre las medidas que menciona la resolución, se encuentran que ahora será una comisión técnica integrada por representantes de la comuna, ingenieros, arquitectos y un representante ad hoc del Ministerio de Cultura, la que otorgará la conformidad a la licencia de construcción sobre los inmuebles históricos. Esto no sería nada grave si es que no tomamos en cuenta factores como, primero, la cantidad de representantes que necesitará el Ministerio de Cultura para estar presente en todas las comisiones a nivel nacional y, segundo, la capacidad que tengan las diversas municipales de poder llevar adelante con la rigurosidad, y al mismo tiempo, vale mencionar, con la eficiencia que se requiere. No es lo mismo una comisión formada por técnicos y representantes ediles convocados por la Municipalidad de Lima que además cuentan con recursos para llevar adelante una tarea minuciosa pero efectiva que la de un municipio en una remota localidad del Cusco que no necesariamente contaría con la capacidad para gestionar sosteniblemente su patrimonio.

En ese sentido, a lo que podría estar abriendo la puerta esta medida es  a una atomización de la problemática de la destrucción de nuestro patrimonio cultural en el país. Se podrían generar medidas municipales distintas en cada localidad y comisiones técnicas con diferente criterio y que respondan, al final del día, a intereses políticos más susceptibles de corromper en tanto más alejada y precaria sea la gestión del municipio. Es sencillo que los órganos de control del Estado fiscalicen a los grandes municipios, ¿pero podrán con los pequeños?

Por ejemplo, así como una solución eficiente al problema del transporte sería la generación de una autoridad única que permita solucionar el caos vehicular en el que vivimos; de la misma manera, tener una autoridad única que se encargue no solamente de declarar en el papel que un determinado inmueble es patrimonio cultural de la nación, sino también gestionarlo y conservarlo, sería la mejor solución para evitar sobreponer la normativa y de esta manera, colocar nuestro patrimonio en riesgo. Centralizar las competencias no necesariamente significa aumentar la burocracia o reducir la velocidad del proceso; hoy en día se puede tener una sola autoridad que sea eficiente y, además (a diferencia de como estamos seguros no ocurrirá trasladando las competencias a los gobiernos locales), tener un ente especializado en el tema que pueda dar opiniones en base a la continua experiencia. No creemos, por otro lado, que en todo el Perú existan en esa línea expertos en conservación de patrimonio y representantes ediles probos.

No está demás recordar que el Ministerio de Cultura se ha lavado las manos en reiteradas ocasiones respecto a su responsabilidad en la gestión del patrimonio. A raíz de los hechos ocurridos con la destrucción de una casona histórica en la Plaza Dos de Mayo, el viceministro de Patrimonio Cultural declaró que si bien los inmuebles los declara como patrimonio el Ministerio, es a la Municipalidad de Lima a la que le toca gestionar su conservación. ¿Entonces qué mejor oportunidad para el propio Ministerio de asumir la batuta y crear un organismo centralizado y eficiente que vele por la preservación de nuestro patrimonio?

Ya en nuestra columna “La rentabilidad de la conservación” hemos resaltado las bondades que se pueden obtener de una gestión eficiente en cuanto al patrimonio e, incluso, la intervención de privados en el proceso. Claros ejemplos de esto es lo que se viene haciendo en Miraflores para generar incentivos a los propietarios de estos inmuebles a través de bonos que acreditan el valor de los pisos que hubieran podido construir si decidían destruir el inmueble y construir un edificio, para que los puedan intercambiar a una constructora en otra zona en donde el proyecto de esta ya haya alcanzado el limite establecido por ley. Así, de la noche a la mañana, se volvió también rentable para el privado el conservar y sacarle provecho al patrimonio del cual es propietario. Es decir, combinar la gestión eficiente y centralizarla por parte del Ministerio, y en el camino innovando y generando incentivos creativos para que los privados se añadan a la tarea, no es algo que va en contra de la inversión, sino muy por el contrario es algo que puede atraerla muchísimo.

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