Demanda de titulación de los territorios del lote 192 ¿Pateo del tablero o desbloqueo de la política?

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Por Juan Carlos Ruiz de Molleda, abogado por la PUCP y coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal.

Como es de conocimiento público, la Federación de Comunidades Nativas del Corriente (FECONACO), la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), interpusieron una demanda de amparo contra el Gobierno Regional de Loreto y Dirección Regional Sectorial Agraria de Loreto (GOREL), por no titular su territorio, y contra el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), por aprobar servidumbres sobre territorios ancestrales de dichas federaciones [1].

Algunos sectores vinculados al Gobierno han sostenido que la demanda de los pueblos indígenas, pone en riesgo los acuerdos entre el Estado y las federaciones logrados en el marco de la Comisión Multisectorial creada por el Gobierno para dar solución al problema [2]. En otras palabras, que la demanda implicaba poner en riesgo el proceso político de negociación y los acuerdos, y poner fin a la vías de solución.

En este artículo discrepamos de esta tesis, y sostenemos muy por el contrario, que el litigio constitucional en los juzgados, y la negociación en la Comisión Multisectorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, (PCM), no son dos procesos distintos, desconectados e inconexos, sino un mismo proceso de incidencia política que busca precisamente incidir en el proceso de toma de decisiones del Estado. Se trata, en definitiva, de dos escenarios de un mismo proceso de incidencia política.

Cuando el espacio político comienza a tener dificultades, o se advierte una negativa o resistencia del Estado a dar atención a las exigencias de las comunidades luego de un proceso de negociación, el proceso judicial tiene como objetivo y como función el desbloqueo de la inercia burocrática. En ese sentido, lo que busca la demanda es “desestabilizar” la inercia y la negativa del MINEM, cuestionar el estancamiento burocrático cuando se le pidió revisar y dejar sin efecto las servidumbres petroleras. El litigio debe ser visto en ese sentido en el marco, y como herramienta, de procesos de incidencia política en el Estado. En este caso, el objetivo es cuestionar y dejar sin efecto las servidumbres petroleras establecidas por el MINEM, pues constituyen un impedimento y un candado que impide la titulación de los territorios de las mencionadas federaciones, por el Gobierno Regional de Loreto.

Como es de conocimiento público, las organizaciones indígenas,de varias maneras y en diferentes tonos, exigieron que se deroguen las Resoluciones Ministeriales del año 2006 que entregaron servidumbre gratuita en favor de Pluspetrol. El argumento de los pueblos era que según el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas son propietarios de los territorios que ancestralmente han ocupado, y que según jurisprudencia consolidada de la Corte IDH, la simple posesión equivale al título de propiedad. Cansados de la negativa ante esta petición que cuenta con fundamento y cobertura constitucional,  3 de las 4 federaciones que estuvieron en las reuniones en la Comisión Multisectorial, decidieron judicializar su demanda.

Un buen ejemplo de esto lo constituye la lucha de los pueblos por la ley de consulta previa. Si se recuerda bien, luego del Baguazo, durante el gobierno aprista se discutió y se aprobó en el Congreso una ley de consulta previa. Sin embargo, la autógrafa fue observada por Alan García, negándose a publicarla. Ante esa negativa del Congreso y ante la evidencia que no había voluntad política en aprobar la ley de consulta, el Tribunal Constitucional y luego de esperar un tiempo para que se apruebe esta norma, expidió la sentencia 00022-2009-PI, mediante la cual se establecieron las reglas que deberían de regular los procesos de consulta previa. Se trataba de ley de consulta, de forma jurisprudencial. Luego de esto, y ya en el gobierno de Ollanta Humala, el Congreso, presionado por el TC, decidió a aprobar la ley de consulta (Ley 29785). Obviamente, fueron varios los factores que propiciaron este resultado.

Finalmente, algunas autoridades consideran que la demanda de amparo es una interferencia, y señalan que ahora no se puede hacer nada desde el Gobierno, pues todo esto estaría en manos del Poder Judicial. Esto no es del todo cierto, pues si se llega a algún acuerdo, o si el Estado decide efectivamente titular como se lo están pidiendo las comunidades, la demanda pierde sentido, toda vez que el juez archivará el proceso de amparo pues habrá sustracción de la materia. Es decir, se habría cumplido con el petitorio de la demanda, y al haberse cumplido con el petitorio, la demanda ya no tiene sentido.

[1] Ver el problema: http://observatoriopetrolero.org/estado-comete-violaciones-constitucionales-al-no-titular-territorios-indigenas/. Las razones jurídicas aquí pueden ser encontradas http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1387. Ver también http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc27062013-201150.pdf.

[2] La Comisión Multisectorial de desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón (R.S. No 119-2014-PCM), se creó con el objetivo de dar solución a los problemas dejados por más de 40 años de actividad petrolera irresponsable en el Lote 192, con grave e intolerable daño para la vida, la salud y el ambiente de los pueblos indígenas (PPII) de dichas zonas.

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¿Qué transformaciones le ocurren al Derecho a 3 000 metros sobre el nivel del mar? ¿Debemos pensar y repensar el Derecho desde la injusticia? ¿Quizá incorporar en nuestras reflexiones jurídicas categorías como sobreviviente, pobreza, redes de corrupción, discriminación, género, desigualdades, etc.? ¿Debemos, acaso, dejar de huir de la realidad y responder al llamado que Arguedas le hiciera a algunos doctores? Mirar el Derecho desde sus márgenes es parte de nuestro trabajo diario en el Instituto de Defensa Legal. Los que escribimos este blog somos miembros de las áreas IDL-Justicia Viva, IDL-Seguridad Ciudadana e IDL-Pueblos Indígenas. Desde ahí, tratamos de combinar el activismo con la reflexión académica, porque estamos convencidos de su complementariedad y porque es nuestra forma de entender el mundo. No podríamos hacerlo de otra manera. Agradecemos a Themis por convocarnos e invitamos a todas y todos a leernos y debatir. Somos Juan Carlos Ruiz Molleda, Lilia Ramírez Varela, Cruz Silva Del Carpio, Álvaro Másquez Salvador y César Bazán Seminario. Escribiremos sobre corrupción, magistratura, pueblos indígenas, derechos humanos, sistema interamericano, seguridad ciudadana, cultura jurídica y varios otros temas. También les invitamos a ver nuestras otras páginas web: www.justiciaviva.org.pe, www.seguridadidl.org.pe, www.revistaideele.com, http://www.ideeleradio.org.pe y www.idl.org.pe.

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