¿En qué estamos? Breve análisis sobre la situación del sector minero en el Perú

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Por Milagros Mutsios, ex miembro del Consejo Editorial de EnfoqueDerecho.com

Al analizar la economía del Perú, la Fundación Heritage afirma que las reformas normativas y la inversión en la industria minera han facilitado un rápido crecimiento económico que nos ha permitido ocupar el puesto 47 de 165 países del mundo, y el puesto 8 de Latinoamérica[1].

Sin embargo, aún queda un largo camino por avanzar. En opinión del Foro Económico Mundial, si bien el Perú cuenta con potencial minero, debe fortalecer las instituciones públicas mediante el aumento de la eficiencia del gobierno, la lucha contra la corrupción y la mejora de la infraestructura[2].

Por tanto, nuestra riqueza mineral no es el único requisito para desarrollar una eficiente industria minera. Con el fin de explotar nuestro potencial minero, importa fortalecer paralelamente un marco normativo que otorgue al inversionista la seguridad y estabilidad jurídica necesaria para poner en marcha un proyecto de larga inversión y alto riesgo.

En este contexto, a continuación analizaremos brevemente (i) los avances en la regulación del sector minero-ambiental en los últimos años; y, (ii) el recorrido que nos falta hacer en comparación con otros países de la región. 

  1. LOS AVANCES EN LA REGULACIÓN DEL SECTOR MINERO-AMBIENTAL

Desde el 2013, el gobierno peruano ha buscado promover la inversión privada a través del fortalecimiento del marco legal. En el sector minero, ello ha representado la simplificación de procedimientos administrativos, así como el intento por uniformizar el criterio de las autoridades administrativas involucradas en la ejecución de un proyecto minero.

Como ejemplo tenemos al denominado “paquetazo económico”. Un conjunto de leyes que se iniciaron con la promulgación del Decreto Supremo No. 054-2013-PCM, el 16 de mayo de 2013 y han continuado hasta la Ley No. 30327 emitida el presente año.

Así, tenemos a la Ley No. 30230[3], que dispuso, entre otras reglas, medidas administrativas para la promoción de la inversión en materia ambiental. En esta línea, otorgó un plazo de tres (3) años, contados a partir de su vigencia, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA[4], privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental. Asimismo, estableció que durante el mismo período, las sanciones a imponerse por las infracciones no podrían superar el 50% de la multa que correspondiera aplicar[5].

Por otro lado, la Ley No. 30327[6] tuvo como objetivo simplificar e integrar permisos y procedimientos administrativos. Con este fin creó el procedimiento de Certificación Ambiental Global, acto administrativo que engloba títulos habilitantes sobre recursos hídricos, forestales, etc. Asimismo, simplificó el procedimiento para imponer servidumbres sobre terrenos eriazos de propiedad estatal para proyectos de inversión. Además, declaró de interés nacional y necesidad pública la optimización, los trámites y procedimientos administrativos vinculados a la inversión privada.

Otro hito ha sido la entrada en vigencia del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Exploración, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero[7]. Esta norma representa una mejora en la normativa minero ambiental, porque adecua las actividades mineras al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

2. EL RECORRIDO A FUTURO – LA EXPERIENCIA MINERA EN CHILE

Del análisis de los datos recogidos por el Instituto Fraser en el período 2014, Chile ocupa el puesto 13 de 122 estados encuestados[8] con relación a su atractivo en las inversiones mineras[9]. Ello se debe a dos factores importantes: (i) Chile es el mayor productor de cobre en el mundo; y, (ii) cuenta con un sistema de derecho institucionalizado que otorga seguridad al inversionista extranjero.

De acuerdo al índice de libertad económica de la Fundación Heritage, Chile ocupa el puesto 7 a nivel mundial[10] y el puesto 1 dentro de Latinoamérica[11]. Ello se debe a los siguientes factores:

  • Alto nivel de protección a los derechos de propiedad.
  • Bajo nivel de corrupción.
  • Alto nivel de libertad económica, laboral y monetaria.

Por tanto, el éxito del desarrollo del sector minero en Chile se debe a que cuenta con un alto potencial minero y, además, posee un marco regulatorio conformado por reglas claras sustentadas en tres pilares: (i) libertad económica, (ii) derecho de propiedad; e (iii) institucionalidad.

En comparación con Chile, es claro que contamos con el potencial minero para el desarrollo de esta actividad, sin embargo, la baja institucionalidad y la falta de predictibilidad respecto de las decisiones de la administración, impactan de forma negativa en este desarrollo.

  • CONCLUSIÓN

El éxito de la actividad minera en un país no depende únicamente de su potencial minero. Además, importa que existan reglas claras que regulen su desarrollo. Así, se atraerá al inversionista con un marco regulatorio eficiente, compuesto por reglas claras ejecutadas por una administración alejada de la discrecionalidad.

El Perú ha mejorado y continúa perfeccionando las reglas en las que se enmarca la actividad minera. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer en la construcción de una mejor institucionalidad a fin de otorgar predictibilidad y seguridad jurídica, como características necesarias para promover y mantener la inversión. Estas son tareas pendientes que los administrados y la administración deben construir para conseguir el desarrollo sostenible del país en materia minero- ambiental.


[1] Freedom Economic Index 2015. http://www.heritage.org/index/country/peru

[2]The Global Competitiveness Index 2014-2015. World Economic Forum, p. 51, 322-323.

[3] Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, promulgada el 12 de julio de 2014.

[4] Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

[5] Cabe señalar que, de acuerdo al artículo 19° de la mencionada Ley, la disminución de la multa no aplica en los siguientes escenarios: (i) infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada, (ii) actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio de operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas; y, (iii) reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un período de seis (6) meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

[6] Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento y el desarrollo económico. Fue promulgada el 21 de mayo de 2015 y entró en vigencia a los 60 días calendarios de la aprobación de su Reglamento.

[7] Aprobado por Decreto Supremo No. 040-2014-EM.

[8] Nos referimos a Estados pues, la mencionada encuesta distingue entre los estados federales que conforman Estados Unidos.

[9] Survey of Mining Companies. Instituto Fraser. 2014

[10] De un total de 175 países a nivel mundial.

[11] Freedom Economic Index 2015. Fundación Heritage.

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