Iván Lanegra, Coordinador Proyecto GestiónCC en Libélula y especialista en políticas ambientales, nos habla sobre  la nueva normativa forestal: «Bosques productivos para la vida»

Khuska: ¿Qué enfoque se ha dado a esta nueva normativa? ¿Cuál es su importancia, y que cambios podría generar?

El país es un lugar donde la mayor parte de su superficie está compuesta por recursos naturales, y más del 90% de estos están en la Amazonía. Entonces, estos recursos de los que disponemos, han enfrentado varios problemas para usarse de manera sostenible. Por un lado, la ocupación histórica de estas zonas por migrantes que conllevó al desarrollo de actividades ilegales, como por ejemplo, la tala ilegal. Por otro, el desarrollo de proyectos de inversión a gran escala, como carreteras. Teniendo esto en cuenta, es curioso que apenas el 1% del PBI del país se explica por la actividad forestal – eso evidentemente no es toda la producción, hay recursos que se están yendo de manera ilegal.

Entonces, ¿qué busca esta ley? La ley y el reglamento forestal son normas que son herederas de un esfuerzo que ya viene desde la década de los setenta de regular esta situación. ¿Qué enfoque da esta norma? Intenta asignar mejores derechos sobre los recursos, de tal manera que quienes los explotan tengan mayor seguridad sobre ellos y, al mismo tiempo, que estén sometidos a reglas más claras sobre cómo aprovechar de manera sostenible esos recursos, de tal manera que los bosques no se pierdan. Esto implica todo un desarrollo de una política pública con instituciones, recursos, capacitaciones, trabajo de alianzas con actores locales, muy fuerte. Como punto de partida, es una política que, de funcionar correctamente, generaría un cambio significativo en la Amazonía, o al menos reduciría significativamente el proceso de degradación del bosque que hoy en día enfrentamos.

Khuska: A propósito de la participación de las comunidades en el Consejo Directivo, ¿en qué se basa la importancia del rol de éstas en la conservación del patrimonio forestal y silvestre de la nación?

Gran parte de la superficie forestal está en la Amazonía, gran parte está en las zonas alto andinas, un poco en la costa. Estos no son espacios vacíos; no es que en ellos solamente hay fauna y flora silvestre, sino que viven ciudadanos peruanos quienes están asentados allí desde hace siglos o posiblemente milenios. Esta población del país es una que siempre ha tenido una relación de lejanía frente al Estado.

Uno de esos principales grupos son los pueblos indígenas. En la Amazonía, por ejemplo, estos pueblos indígenas están organizados a través de comunidades nativas, y estas comunidades son claves en el proceso de salvaguardar el bosque. De hecho, hay evidencia de que las tierras que ellos ocupan han tenido tazas de deforestación menores que áreas sin esa ocupación. Entones, pueden convertirse en aliados claves en la conservación y en el uso sostenible de estos recursos. Pero también es una población que tiene al Estado lejano y para quien las oportunidades de prosperidad económica son difíciles de lograr, entonces, a veces tienen muchos incentivos perversos para llegar a acuerdos que buscan usar los recursos sin cumplir con las normas. Es necesario, por ende, un mecanismo que permita a estas comunidades nativas beneficiarse del bosque.

Son dos elementos importantes entonces, el mejor manejo del bosque, y el aprovechamiento de este que genere beneficios para los pueblos indígenas de estas zonas. Por esto es tan importante la participación. Es una participación, además, que se tiene que dar desde los niveles más altos de decisión – por eso participan en los espacios directivos – pero que también requerirá llevarse a cabo en los espacios ya de gestión en el nivel local. De hecho, por ejemplo, tanto la ley como el reglamento forestal vigentes han sido sometidos a procesos de consulta previa, lo cual es una forma de hacer evidente la importancia de desarrollar esta política de manera conjunta con los pueblos indígenas.

Khuska: ¿Considera la consulta previa, libre e informada como un elemento esencial para la aplicación de la nueva normativa forestal?

La consulta previa no es otra cosa que el esfuerzo que hace el Estado por dialogar con los pueblos indígenas antes que el Estado tome alguna medida que pudiera afectarlos, y es algo absolutamente, digamos, de sentido común. En el caso de pueblos indígenas es más importante aún, porque, como poseen culturas distintas, en ocasiones la visión del Estado puede entrar en colisión con aquella de los pueblos indígenas y, aún con buena voluntad, se pueden cometer errores severos.

En el tema forestal, el diálogo de la consulta previa es clave. De hecho, como ya mencioné, la norma y el reglamento forestal fueron sometidos a consulta previa. Hay que recordar, además, que esto ocurrió después de la tragedia de Bagua. Una de las razones por las cuales los pueblos indígenas protestaron en esa ocasión fue la dación de una norma, el Decreto Legislativo 1090, que quiso reemplazar la norma forestal previamente existente. La gente sintió que este decreto se dio sin consultar o conocer lo que estaba sucediendo. Más allá de si la norma era buena o mala, era evidente que había una preocupación de los pueblos indígenas sobre qué estaba dándose como norma y qué podía ocurrir con su aplicación. Bagua nos costó 34 muertos – por esa razón también es importante la consulta en situaciones como esta.

Y finalmente, en la implementación de la norma, la participación constante, y eventualmente la consulta cuando se quieran desarrollar proyectos o concesiones en áreas que pueden afectar a los pueblos indígenas, también va a ser importante. Entonces, es una herramienta que sin duda va a tener un papel muy relevante en el desarrollo de la nueva política forestal.

Khuska: ¿Qué otros elementos aún no mencionados consideraría usted necesarios para alcanzar una gestión forestal eficiente, competitiva y sostenible?

La Amazonía es un sistema muy complejo. Quizás suena como una generalidad, pero lo que quiero decir es que, sobre un mismo espacio, hay bosques, pueblos indígenas, recursos de fauna silvestre, recursos de subsuelo, hídricos, y además servicios ambientales tanto locales como globales. De hecho, una de las razones por las cuales los bosques tienen que conservarse es que la degradación de estos contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, que a su vez contribuyen al cambio climático global. Además hay que considerar que se quieren hacer hidroeléctricas, pozos petroleros, carreteras, hidrovías – no es un espacio estático, sino con mucho dinamismo. A eso hay que agregar, como para no olvidar toda la complejidad, la minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico.

Ese espacio tiene que ser gobernado. Entonces, uno puede intentar implementar la política forestal, pero, si no se toma en cuenta ese contexto, se generan problemas porque hay factores que no podemos controlar que la pueden poner en riesgo. Entonces, qué hacer? Una herramienta clave de todo este proceso; que se ha mantenido como un asunto con un desarrollo reducido, es lo que se conoce como ordenamiento territorial. Este es muy importante porque ordenar el territorio es ir resolviendo estas superposiciones entre las actividades humanas y tratar de darles un sentido de orden, para que ninguna de ellas anule a otra, o genere eventualmente conflictos por el intento de hacer cosas juntas. Además, permite que el Estado tenga mayor presencia en el territorio, ante la actual falta de esta.

Les doy un ejemplo para que vean qué significa esto en concreto. En el 2014, ocurrió un hecho lamentable – la muerte de Edwin Chota, un dirigente indígena, y sus compañeros, asesinados en Ucayali. Fueron asesinados, todo parece indicar, por mafias de la tala ilegal. Ellos querían que cuidaran sus tierras, que les dieran mayores protecciones. Hay un video bastante conocido, en el cual se queja amargamente de que el Estado está como ausente. Es un Estado que no le da lo que necesita – protección básica, seguridad, transporte, educación, salud – lo que todos nosotros esperaríamos que el Estado nos asegurara como un piso, para él y para su comunidad, eso era algo muy, muy lejano. Entonces, si la política forestal no se acompaña con una política de ordenamiento forestal y con una mayor presencia del Estado en el terreno, entonces lo que puede originar es una política de papel. Eso es lo que hay que complementar. Sí se necesita invertir en una política forestal y todo lo que acabamos de conversar, pero también es necesario tener una política Amazónica que brinde una capacidad de gobierno de este espacio tan complejo mucho mayor del que tenemos, porque hoy es, evidentemente, insuficiente.

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