Fuente (Imagen): Diario Correo

Por Milagros Mutsios, abogada asociada del estudio Rodrigo, Elías & Medrano y ex miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho.

El 20 de abril, el Pleno del Congreso, tomando como base los proyectos de ley 269[1] y 657[2], formuló un único proyecto normativo (el “PROYECTO”) que busca derogar el artículo 19 de la Ley No. 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Se cuestiona que a menos de dos meses de que el artículo 19 de la Ley No. 30230 pierda vigencia, se proponga este PROYECTO. Por lo tanto, es relevante analizar sus posibles implicancias.

El artículo 19 materia de análisis dispuso que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) privilegiara las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractor en materia ambiental realizadas por el propio administrado por un plazo de tres (3) años, contados a partir de la vigencia de la Ley (i.e. hasta el 13 de julio de 2017). Así, si se declaraba la comisión de una infracción, se privilegiaría la imposición de medidas correctivas destinadas a revertir la conducta infractora en lugar de imponer una sanción.

Antes de la aprobación de este régimen excepcional, el OEFA, en ejercicio de las facultades que se le otorgaron en el numeral c) del artículo 11 de la Ley No. 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, podía imponer sanciones y adicionalmente medidas correctivas si así lo consideraba (y motivaba). Con la aprobación del artículo 19, no se eliminó la posibilidad de que el OEFA pueda imponer sanciones pecuniarias, sino que se priorizó la imposición de medidas correctivas que logren corregir el eventual daño de manera inmediata; y únicamente en caso de (i) infracciones muy graves que impliquen un daño real a la vida y la salud de las personas, (ii) la realización de actividades sin instrumento de gestión ambiental; o (iii) la reincidencia de la conducta infractora, el OEFA impondría sanciones pecuniarias.

En este escenario, el PROYECTO ha propuesto que (i) se derogue el artículo 19; y (ii) que esta derogación no aplique a la micro ni pequeña empresa, por el contrario, su vigencia en estos casos se extendería por tres (3) años más.

Considerando estos dos numerales, el lector podrá empezar a darse cuenta de las razones por las que se busca derogar un régimen excepcional a casi dos meses de su culminación. Como lo explicaremos más adelante, estas razones no se sustentan en una supuesta “devolución” de facultades sancionadoras al OEFA sino en imponer multas a los grandes bolsillos y dejar un régimen excepcional para los pequeños.

Sobre el numeral (i), la primera disposición complementaria transitoria regula que “(l)os procedimientos en trámite respecto a las infracciones cometidas durante la vigencia del artículo 19 de la Ley 30230, (…) continuarán bajo el alcance de dicha norma hasta su culminación”. La redacción de esta disposición es casi idéntica a aquella dispuesta en el numeral 1 de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (“TUO”), aprobado mediante Decreto Supremo No. 006-2017-JUS. Por tanto, se concluye que el PROYECTO ha querido dejar claro, así como lo hace el TUO, que a pesar de la derogación del artículo 19, en los procedimientos en trámite se seguirá aplicando esta disposición sancionadora.

Ninguna de las dos disposiciones complementarias transitorias (i.e. la del PROYECTO ni la del TUO) hace alusión a las normas que aplicarían a los procedimientos sancionadores iniciados luego de la pérdida de vigencia de las normas comentadas por conductas ocurridas durante la vigencia de la regulación anterior.

En este escenario, entendemos que, de iniciarse un procedimiento administrativo luego de la derogación (o pérdida de vigencia) del artículo 19 en el que se analice una conducta infractora ocurrida durante su vigencia, se aplicarán las disposiciones sancionadoras reguladas en este artículo. Ello en atención a lo regulado en el numeral 5 del artículo 246 del TUO, el cual establece como principio de la potestad sancionadora, la aplicación de las disposiciones vigentes al momento de la comisión de la conducta a sancionar y no al momento en el que se inicie el procedimiento administrativo sancionador[3].

Sobre el numeral (ii), la segunda disposición complementaria transitoria del PROYECTO amplía el régimen de excepción para la micro y pequeña empresa.

Esta propuesta resulta incongruente con el sustento del PROYECTO. En efecto, como se puede apreciar en las exposiciones de motivos de los proyectos de ley que han dado lugar al PROYECTO, ambas concuerdan en considerar que el artículo 19 habría recortado las facultades sancionadoras del OEFA y la posibilidad de multar a aquellos actores que realicen actividades contaminantes, generando un espacio de mayor permisividad con la contaminación. Independientemente de si se dio o no una mayor permisividad, parece que en el PROYECTO no existe problema si esta presunta permisibilidad se sigue aplicando a las pequeñas y micro empresas.

Lo anterior confirma que el objetivo de derogar un régimen que dejará de tener vigencia en dos meses es para discriminar su aplicación respecto de quienes desarrollan la posible conducta infractora. Así, el PROYECTO buscaría distinguir la aplicación de multas dependiendo de quién realiza la conducta y no del análisis de ésta, dando lugar a concluir que lo importante no es prevenir la comisión de una infracción sino multar al bolsillo más grande.

En conclusión, el régimen excepcional aprobado mediante el artículo 19 de la Ley No. 30230 finalizará pronto, sea a consecuencia de su derogación o de la culminación de su plazo de vigencia. Quedará por analizar, en ese momento, el tratamiento de los procedimientos administrativos que inicien después de su pérdida de vigencia, así como, la posible extensión del régimen para determinados administrados (como parece ser la voluntad de algunos legisladores). En cualquier caso, tendremos que estar atentos a las próximas decisiones (o abstenciones) legislativas con la finalidad de tener mayores alcances sobre lo que se viene después de la culminación de este régimen.


[1]    Proyecto de Ley presentado el 16 de setiembre de 2016 por Oracio Ángel Pacori Mamani, miembro del Grupo Parlamentario Frente Amplio.

[2]    Proyecto de Ley presentado por la congresista Patricia Elizabeth Donayre Pasquel, integrante del Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

[3]    Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS

Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(…)

5.- Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

 (…)”. (Énfasis agregado)

 

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