¿Por qué 10,000 ciudadanos han presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230?

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Por Juan Carlos Ruiz de Molleda, abogado por la PUCP, coordinador del área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal y especialista en los derechos de los pueblos indígenas.

Un conjunto de disposiciones han sido emitidas por el Gobierno con el objetivo de promover la gran inversión privada. Se trata de los D.S. No 054-2015-PCM, D.S. No 060-2015-PCM, Ley 30230, del D.S. 001-2015-EM, y del Proyecto de Ley No 3941. No se trata de normas aisladas y dispersas, se trata de un conjunto de normas articuladas. El objetivo que ellas plantean es la eliminación de los supuestos sobrecostos sociales y ambientales. El problema es que más allá de la intención de sus autores, en los hechos, estas normas desmantelan aspectos significativos del sistema de protección del medio ambiente, y dejan en la indefensión el derecho al territorio de los pueblos indígenas, dejándolos en una situación de indefensión.

No obstante, destaca sin lugar a dudas la Ley No 30230, por ser la principal norma que ha logrado el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y por haber dispuesto de territorios que no eran del Estado sino de los pueblos indígenas. Ante esta situación, el 9 de abril pasado, con las firma de más de 10,000 ciudadanos se ha presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley No 30230. Esta demanda fue promovida por diversas organizaciones de la sociedad civil, organizadas en torno a la Asociación Nacional de Centros, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), La Red Muqui, el Colectivo Territorio Seguro, y por diversas organizaciones de pueblos indígenas nacionales y regionales, y luego de un arduo trabajo de recojo de firmas, donde hay que destacar a varias instituciones de todo el país, pero de manera especial a la Vicaría Yurimaguas y a la CNDDHH.

Las normas cuestionadas son los artículos 19, 20, 21, 22 y 23, referidas a materia ambiental, y contra los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57 del título III, referidas al procedimiento de saneamiento físico de territorios. A continuación los principales cuestionamientos:

  • Cuestionamientos en relación con la afectación del derecho a la propiedad sobre sus territorios de los PPII
  • En concreto, esta ley establece un procedimiento especial de saneamiento de tierras en general, y no precisa nada sobre la obligación del Estado de titular los territorios de estas comunidades campesinas y nativas, convalidando la situación de sistemática omisión del Estado de titular estas, desconociendo que la obligación de proteger este derecho de propiedad de parte del Estado, se concreta en la titulación de estas tierras;
  • Las normas sobre procedimiento especial de saneamiento físico legal de la Ley 30230, desconocen que de acuerdo al artículo 14.1 del Convenio 169 de la OIT, la simple posesión ancestral u ocupación tradicional equivale al título de propiedad, y que en el caso de pueblos indígenas, este saneamiento físico legal no es constitutivo del derecho de propiedad sino declarativo;
  • Las normas sobre saneamiento violan el contenido constitucional del derecho de propiedad, cuando entregan en propiedad y en concesión territorios que pertenecen a los pueblos indígenas, lo cual ha sido expresamente prohibido por la jurisprudencia de la Corte IDH.
  • Estas normas violan el contenido constitucional del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios, cuando restringen y limitan el territorio sin cumplir los requisitos establecidos en el derecho internacional, el cual establece una “protección reforzada” de este derecho de propiedad;
  • Estas normas al disponer de los territorios de los pueblos indígenas de espaldas a ellos, se está violando el artículo 17.2 del Convenio 169 de la OIT cuando establece que “Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierras entre los miembros de los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos”.
  • Se viola el artículo 18 y el artículo 3.2 del Convenio 169 de la OIT, cuando contra la voluntad de los pueblos indígenas se dispone no solamente que terceros incurran en una conducta invasiva del territorio de los pueblos indígenas, que en propiedad les corresponde, sino lo que es peor que lo exploten de espaldas a ellos. En conclusión estamos ante la violación del derecho a la propiedad y al territorio contendía en el artículo 88 de la Constitución Política y del artículo 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, así como a las reglas establecidas en la jurisprudencia de la Corte IDH en materia de derecho al territorio de los pueblos indígenas.

Cuestionamientos en materia de desprotección del medio ambiente son:

  • La inconstitucionalidad de la reducción de la facultad sancionadora de la OEFA contenida en el artículo 19 de la Ley 30230, optándose por medidas correctivas con menos capacidad disuasoria;
  • La reducción del presupuesto de la OEFA establecido en el artículo 12 de la Ley No 30230 es objetivamente un debilitamiento de la institucionalidad ambiental encargada de la protección del derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida;
  • La inconstitucionalidad del traslado de la competencia de creación de Zonas Reservadas (Área Natural Protegida) del Ministerio del Ambiente a la Presidencia del Consejo de Ministros en el art. 20 de la Ley 30230, lo que significa que ya no será el MINAM sino un organismo político con es el Consejo de Ministros quien decida sobre la creación de este tipo de áreas protegidas;
  • La inconstitucionalidad de la reducción de los plazos para opinar sobre los EIA contenida en el artículo 21 de la Ley 30230, que establece que las opiniones sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) vinculantes o no vinculantes deberán emitirse en un plazo máximo de 45 días hábiles. Recordemos que el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto o actividad debe indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño, que éste puede producir, a niveles tolerables. Por lo tanto,  determinar si las medidas propuestas por el titular son las adecuadas es una tarea fundamental. Ello requiere de una revisión minuciosa y detallada que parte de la revisión de la línea base de los componentes del entorno del proyecto, de la descripción de éste, de las diferentes alternativas que existen para realizarlo, de las medidas de manejo y mitigación, etc.;
  • La inconstitucionalidad de la desnaturalización del ordenamiento territorial y de la zonificación ecológica y económica contenida en el artículo 22 de la Ley 30230. Esta norma realiza tres cambios significativos. Redefine al ordenamiento territorial para quitarle su carácter concertador, pero también decisorio sobre los usos del territorio, considerándolo solamente orientador. Y por si quedara alguna duda, establece la prohibición expresa de asignar, mediante el ordenamiento territorial, usos y establecer exclusiones de usos;
  • Se está alterando el reparto de competencias en normas parte del bloque de constitucionalidad. Las competencias regionales y municipales en materia de ordenamiento territorial;
  • La inconstitucionalidad del traslado de la competencia de determinar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) contenida en el artículo 23 de la Ley Nº 30230. Este artículo tiene dos cambios sustantivos que objetivamente debilitan la protección del medio ambiente generando una situación de amenaza cierta e inminente a este derecho.
  • Establece que los ECA y LMP deben basarse en criterios de protección de la salud y el ambiente y en el análisis del impacto regulatorio y económico sobre las industrias y poblaciones involucradas. El segundo está referido a que la aprobación de estas herramientas, se haga mediante decretos supremo refrendado por los “sectores vinculados”, con lo cual se lleva la decisión de su aprobación a una esfera más política que técnica. Queda claro que el Estado incumple su obligación de proteger en forma efectiva el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado

Nadie discute la importancia de la inversión privada, pues ella genera trabajo y no podemos darnos el lujo de ahuyentarla. Sin embargo, este no es el único y exclusivo bien jurídico constitucional que nuestro ordenamiento constitucional debe proteger. No tiene fundamento constitucional priorizar un solo bien jurídico y dejar los otros de lado. En este caso, priorizar la inversión extranjera. Si bien, la promoción del desarrollo a través de la explotación de los recursos naturales, finalidad que la Ley 30230 quiere promover, es un bien jurídico constitucional relevante y digno de protección, de conformidad con los artículos 44 y 59 de la Constitución, no es el único contenido en nuestro ordenamiento constitucional que debe ser protegido. Para los autores de la Ley, todas las demás razones, sean estas jurídicas o constitucionales, deberán subordinarse a esta, es decir, el derecho al medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Esta actitud de “esencializar” y hacer de la necesidad de recursos, un dogma o pensamiento único, resulta cuestionable desde una perspectiva constitucional.

El Gobierno olvida que existe un conjunto de principios, valores y derechos que merecen igual protección: El derecho a vivir y disfrutar de un medio ambiente adecuado y equilibrado, el derecho a la integridad física y a la salud de la población aledaña, el derecho al agua, etc. El fundamento de esto es la propia fuerza normativa de la Constitución reconocida en los artículos 51, 45 y 138. Lo que no entiende el Gobierno es que la solución que aporta la Constitución no es la imposición si no la armonización de los bienes jurídicos involucrados.

Todos los bienes jurídicos constitucionales, es decir, el conjunto de valores, derechos y principios contenidos en la Constitución deben ser protegidos. En la vida cotidiana, estos entran en tensión o en colisión constantemente (libertad de expresión vs honor, libertad de reunión vs. orden público, etc.). ¿Qué hacer entonces? Hay dos opciones, primero intentar armonizar los bienes jurídicos en conflicto, tratar de compatibilizarlos a efecto de optimizarlos. Como señala el artículo 59 de la Constitución, el derecho a la libertad de empresa no es ilimitado, debe respetar la salud, el orden público, etc.  Ahora en caso que ello no sea posible, se deberá optar por aquellos bienes jurídicos que tengan un mayor peso o importancia constitucional o que tengan una relación más estrecha con la vida, la dignidad, la salud, es decir, con derechos que son condición de otros.

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¿Qué transformaciones le ocurren al Derecho a 3 000 metros sobre el nivel del mar? ¿Debemos pensar y repensar el Derecho desde la injusticia? ¿Quizá incorporar en nuestras reflexiones jurídicas categorías como sobreviviente, pobreza, redes de corrupción, discriminación, género, desigualdades, etc.? ¿Debemos, acaso, dejar de huir de la realidad y responder al llamado que Arguedas le hiciera a algunos doctores? Mirar el Derecho desde sus márgenes es parte de nuestro trabajo diario en el Instituto de Defensa Legal. Los que escribimos este blog somos miembros de las áreas IDL-Justicia Viva, IDL-Seguridad Ciudadana e IDL-Pueblos Indígenas. Desde ahí, tratamos de combinar el activismo con la reflexión académica, porque estamos convencidos de su complementariedad y porque es nuestra forma de entender el mundo. No podríamos hacerlo de otra manera. Agradecemos a Themis por convocarnos e invitamos a todas y todos a leernos y debatir. Somos Juan Carlos Ruiz Molleda, Lilia Ramírez Varela, Cruz Silva Del Carpio, Álvaro Másquez Salvador y César Bazán Seminario. Escribiremos sobre corrupción, magistratura, pueblos indígenas, derechos humanos, sistema interamericano, seguridad ciudadana, cultura jurídica y varios otros temas. También les invitamos a ver nuestras otras páginas web: www.justiciaviva.org.pe, www.seguridadidl.org.pe, www.revistaideele.com, http://www.ideeleradio.org.pe y www.idl.org.pe.