Apuntes sobre la importancia del Decreto Legislativo N° 1353 que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Un recuento histórico de los principales antecedentes normativos vinculados a esta reforma

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Por: Eder Edgardo Villafuerte Bermudez, Maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y analista en la Contraloría General de la República.

La reciente creación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública a cargo de la Dirección Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, amerita realizar un breve recuento normativo de cómo se conciben estas modificaciones legales en beneficio del ejercicio del derecho a la información pública a partir del rol de la administración pública.

La obligación del Estado de suministrar información pública, recién se incorpora a nivel constitucional en la Carta Magna de 1993[1] La Constitución Política del Perú prevé, en el numeral 5 de su artículo 2, el derecho fundamental de toda persona a poder solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal y con el costo que suponga dicho pedido. Asimismo, delimita como excepción a dicho derecho, aquella información que afecte la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. De esta manera, la regulación de carácter constitucional del derecho a la información pública  encuentra un límite en el derecho a la intimidad personal y familiar, el cual resulta consustancial a la protección de datos personales.

Hay otra norma que merece ser mencionada. Se trata de los Principios de Lima, que fueron proclamados a finales del año 2000. Si bien no es una norma de carácter nacional, es necesario considerarlas porque recogen el espíritu de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los Principios de Johannesburgo. En el primer principio, se establece que:

“PRINCIPIO 1.- El acceso a la información como derecho humano

Toda persona tiene derecho a la libertad de buscar, recibir, acceder y difundir informaciones sin interferencias de las autoridades públicas, previa censura ni restricciones indirectas por el abuso de controles oficiales, y sin necesidad de expresar la causa que motiva su ejercicio. El acceso a la información es un derecho de las personas y al mismo tiempo una exigencia de una sociedad democrática. Es un derecho  tanto de quienes lo ejercen en forma activa como de quienes esperan recibir la información a través de los medios de comunicación y/o fuentes oficiales.”

Tiempo después, el Gobierno de Transición encabezado por Valentín Paniagua, emite el 27 de febrero de 2001 el Decreto Supremo N° 018-2001-PCM mediante el cual dispuso que las entidades públicas incorporen en sus TUPA un procedimiento para facilitar a las personas el acceso a la información que posean o produzcan. Así, se esboza un primer esquema procedimental a partir de la determinación de un plazo de evaluación previa de siete (7) días a cargo del órgano de Asesoría Jurídica de la entidad pública, para que luego – en caso sea aprobada la solicitud – se proporcione la información al solicitante en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, asimismo establece, entre otros, la posibilidad de presentar los recursos impugnativos respectivos ante la denegatoria de la solicitud de información.

El 3 de agosto de 2002 se publica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde se efectúa un desarrollo constitucional del derecho a la información pública y se regula los mecanismos mediante los cuales se exige la efectividad del derecho precitado, siendo a partir de dicha fecha que se marca un punto de inflexión en favor de la transparencia de la administración gubernamental. Dicha ley fue fruto del debate parlamentario en un espacio temporal marcado por el retorno a la democracia, en donde se discutió a nivel de la Comisión de Constitución del Congreso de la República y luego en las correspondientes sesiones del Pleno, en torno a la cultura del secreto impregnada como elemento inherente a la prestación de los servicios públicos del Estado en desmedro de la ciudadanía. Así, se precisa que esta cultura del secreto  se exterioriza en la disposición de los servidores, funcionarios y autoridades de negar la información pública que se les demanda, por cuanto dichos empleados públicos mantienen el concepto errado de que la información producida en determinada dependencia estatal, es de su dominio personal y exclusivo.

Posteriormente, de manera complementaria a la dación de la citada Ley N° 27806, el 24 de abril de 2003 se publica su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, mientras que el 7 de agosto de 2003 se publica el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De esta forma, bajo el impulso del principio de máxima divulgación se delimitan y ratifican las condiciones mínimas del derecho a la información pública, a saber el acceso a la información sin expresión de causa, los sujetos obligados, el régimen de excepciones (información confidencial, reservada y secreta), la posesión de la información como elemento determinante para la atención de la solicitud, etc.

En otro momento, a mediados del año 2010 se publica el Decreto Supremo N° 063-2010-PCM, que dispuso la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la administración pública, siendo a partir de dicha disposición que se incorpora una herramienta consistente en la aplicación de formatos estándares bajo los cuales cada entidad estatal debe registrar y actualizar la información de su gestión. Asimismo, el Portal de Transparencia Estándar se presenta en una versión amigable con definiciones expresadas en un lenguaje simple para un mejor entendimiento de la ciudadanía en general. Para dicho efecto, la Presidencia del Consejo de Ministros además emitió la Directiva “Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública”, a través de la emisión de la Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM.

De los decretos a la creación de una Institución especializada en el derecho a la información.

En otra vía, el Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú aprobado mediante Resolución Ministerial N° 085-2012-PCM estableció compromisos concretos para mejorar los niveles de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los que destaca la evaluación respecto a la creación de una institución autónoma y especializada que garantice la protección del derecho de acceso a la información pública.

De esta manera, como Estado para el año 2012, en el marco de las políticas que impulsan un esquema de Gobierno Abierto para nuestro país, ya se analizaba la posibilidad de constituir una institución que sea la garante del derecho a la información pública. En otro extremo, vale anotar que se creó una Comisión Multisectorial[2] de naturaleza permanente y conformada por representantes del Poder Ejecutivo y de la sociedad civil, en donde la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo participarían en calidad de observadoras, a efectos de  realizar acciones de seguimiento al citado Plan de Acción.

El año 2013 sería un año importante. En la misma sintonía de ponderar la creación de una institución autónoma que garantice el ejercicio del derecho a la información pública, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe Defensorial N° 165, titulado “Balance a diez años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2003 – 2013”, concluyendo que resulta necesario la creación de una Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, habiendo remitido en su oportunidad un anteproyecto de ley a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Luego de este recuento se llega al año electoral 2016. El Presidente electo de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard, ha procurado en lo tocante a la transparencia pública, la materialización de sus propuestas de gobierno[3]. Para esto, se incluyó este tópico en el pedido de facultades legislativas al Congreso de la República. Una vez autorizada la delegación, se emitió, por parte del sector Justicia, la Resolución Ministerial N° 0268-2016-JUS[2], en la que se constituyó un grupo de trabajo encargado de elaborar un informe técnico que contenga una propuesta normativa para la creación de una Autoridad Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, así como crear un sistema de sanciones y la delimitación de las funciones respectivas.

Este impulso en materia de transparencia pública resulta cada vez más apremiante y muestra de ello, es que en mérito a los escándalos de corrupción en el sector salud en el último trimestre del año 2016, se conformó una Comisión Presidencial de Integridad liderada por el ex Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna. Dicha Comisión Presidencial a principios del mes de diciembre de 2016, evacuó su Informe Final, en el que se precisa como una de las medidas para promover la integridad, prevenir y sancionar la corrupción, la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales a cargo de una Autoridad Autónoma con competencia para sancionar el incumplimiento legal, así como establecer criterios orientados en el principio de máxima divulgación y además resolver en la vía administrativa las controversias que se generen entra la administración y los administrados.

Por ello, la conformación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el Decreto Legislativo N° 1353, si bien no recoge en su integridad la propuesta del Grupo de Trabajo designado por el Ministerio de Justicia para estos fines, sí significa un importante avance porque constituye una instancia que supervisará el cumplimiento normativo de transparencia e información pública, disponiendo la aplicación de diversas sanciones, y en otro extremo a través de un Tribunal administrativo determinará en grado de apelación la procedencia de las decisiones adoptadas por las entidades públicas en la atención de las solicitudes de la ciudadanía sobre información pública.

La creación de la Autoridad Nacional importa una mejora en el marco de las políticas públicas, en el propósito de enfrentar la cultura de la opacidad y el secreto, imbuida en esa gran masa burócrata que presenta resistencias históricas que limitan el conocimiento de la cosa pública


[1] RUBIO CORREA, Marcial. “Estudio de la Constitución Política del Perú”. Tomo I, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999, pág. 219.

[2] Decreto Supremo N° 003-2013-PCM publicado el 6 de enero de 2013.

[3] http://ppk.pe/documentos/plandegobierno.pdf

 

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