“Carril derecho cerrado”

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Por Ronnie Farfán Sousa. Profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Haga la prueba. Maneje un auto -o déjese llevar en él- durante un momento, por cualquier distrito de Lima. Recorra un poco las calles y cuando se encuentre detenido, mire su reloj. Comprobará que no han pasado más de diez minutos hasta que tuvo la desgracia de encontrarse con un camión que procesa cemento en medio de la pista, un espacio de la vía cercado o simplemente un vehículo con material de construcción estacionado en medio de un carril, a veces también una grúa. Todo porque alguien con la finalidad, y el legítimo derecho, de construir un edificio, decidió cerrar un espacio de la pista porque es la manera más fácil de llevar a cabo los trabajos de construcción de una edificación. No importa pues, porque en Lima no hay suficiente congestionamiento vehicular, no hay suficientes malos conductores y no hay suficientes policías de tránsito que entorpecen más el tráfico cuando uno menos lo quiere. No, si eso no pasa en Lima, por eso podemos cerrar carriles por doquier para que las empresas inmobiliarias construyan sus edificios.

Por supuesto, al lado del obstáculo habrá siempre una persona con un letrero que diga “Siga” o “Pare” (siempre hay que guardar las formas). Pero el letrero termina siendo una broma de mal gusto luego cuando usted se da cuenta de que está en medio de un atolladero que simplemente no avanza. Luego de sufrir durante diez minutos o más, detenido en un tramo que seguramente usted podría recorrer en apenas segundos si las circunstancias fueran otras, dejará atrás la zona de congestionamiento y a lo mejor intentará correr con el auto en busca del tiempo perdido. Pero, malas noticias. Solo podrá hacerlo por unas cuadras más hasta que nuevamente se encuentre con una de estas bromas urbanas.

¿Exagero? No lo creo. Me pasa todo el tiempo. Y estoy seguro de que a mucha gente. Durante los últimos años, aunque ahora menos, el sector inmobiliario se vio inmerso en una vorágine de desarrollo que todos los limeños conocemos. No paraban, y en realidad no paran pese a la desaceleración, de construirse departamentos en todos los distritos limeños. ¿Hay algo malo en esto? Algunos se quejan de la escasa planificación urbana de la ciudad, de la mala calidad de las construcciones, etc. Pero hay un aspecto más inmediato, igual de importante, que es el abuso del derecho de propiedad en el que incurren quienes construyen cuando llevan a cabo sus proyectos inmobiliarios cerrando veredas, pistas y demás.

El modelo económico regulado en la Constitución peruana reconoce el derecho de propiedad como uno fundamental y, al mismo tiempo, como una garantía institucional. No es para menos, si se toma en consideración que cualquier sistema económico con una base de libre mercado, como nuestro modelo actual, se sustenta en el respeto a la propiedad privada. Pero lo cierto es que como todo derecho, el de propiedad tiene que ejercerse respetando determinados bienes o intereses colectivos (a esto en derecho se llama la función social de la propiedad) y, por supuesto, los derechos de los demás. Las construcciones (el ius edificandi que forma parte del derecho de propiedad) no pueden ejercerse de cualquier manera. Por eso existen –o debieran existir- reglas que lo regulan para compatibilizar su ejercicio con el interés público y los derechos de los otros.

Si un razonamiento en este sentido no bastara, desde la perspectiva del análisis de aquellos que gustan de analizar la eficiencia de determinadas acciones, la pregunta que habría que hacerse sería: ¿Es más eficiente que la empresa constructora asuma el costo de adoptar determinadas medidas (reducción de horarios, uso de tecnología o maquinaria o metodologías más costosas y menos invasivas, etc.) para desarrollar su construcción y con ello perjudique en menor medida los derechos de los demás ciudadanos que transitan por las vías? ¿O es más eficiente que la empresa simplemente llene las pistas con sus máquinas a toda hora y nos imponga a todos los demás el costo de llegar más tarde, consumir más combustible, contaminar más, perder tiempo y, en consecuencia, dinero? Parecería que sería más eficiente que estos costos fueran internalizados por el constructor quien verá cómo hace para trasladar estos costos a sus potenciales compradores o asumirlos por su cuenta. Pero no encuentro razón para que todos los ciudadanos, en las condiciones en las que la ciudad sufre con el congestionamiento vehicular, nos tengamos que ver sometidos a una dificultad adicional para transitar por las calles de nuestra ciudad.

Por supuesto, poco podemos reclamarles a las empresas si es que las municipalidades las autorizan a cerrar vías todos los días. Porque, claro, la mayoría de estas empresas (ojo, no todas) cuentan con permisos municipales que les permiten adueñarse de las pistas durante todo el tiempo que quieren. Seguramente porque, claro, esos permisos significan el pago de tasas que las municipalidades siempre están dispuestas a recibir. Pero qué bueno sería que estas autoridades sean más conscientes de estos hechos y formularan reglamentaciones más razonables para que estas construcciones se lleven a cabo con el respeto que merecen los derechos de los demás, porque cada vez que veo ese letrerito que dice “Carril derecho cerrado” siento que, a lo lejos, en algún lugar, alguien se ríe mientras lee ese listado de derechos que la Constitución nos reconoce a todos los ciudadanos.

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