Por César Landa, ex Presidente del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional de la PUCP

El poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Desde la formación del Estado Constitucional, se ha sabido que los controles a los poderes públicos son esenciales para el funcionamiento del Estado de Derecho. Por eso, Madison, en los Estados Unidos, señalaría que: “si los hombres fueran ángeles, no necesitarían gobierno; pero, como no lo son, requieren de un poder independiente que controle sus actos en el gobierno” (“El Federalista”, 1788).

La corrupción se anida de diferentes formas en la vida social tanto ayer como hoy, aquí y en los países democráticos y desarrollados. La diferencia es que en estos últimos se persigue y sanciona la corrupción. En el Perú, hay una excepción si nos atenemos al proceso y condena a 20 años de cárcel al expresidente Fujimori, por actos de corrupción y violación de derechos humanos.

El reconocimiento de la empresa brasileña Odebrecht de haber corrompido al gobierno de Alan Garcia y al expresidente Toledo, conocido a través de las delaciones recibidas en el Caso Lava Jato, ha puesto en evidencia dos asuntos; uno político, que los líderes de la transición democrática han fracasado en su discurso ético en contra de la corrupción de los noventa, los cuales son también materia de investigación, incluido Humala, y; otro jurídico, que el sistema judicial no estaría fuertemente posicionado para combatir a la corrupción en los más altos niveles del Poder Ejecutivo, con la excepción del caso mencionado.

La forma de ejercer el poder en el régimen presidencialista constituye un grave problema para la democracia constitucional, debido a que funda su poder y sus relaciones de gobierno en base a la persona del Presidente, antes que en las instituciones políticas y técnicas de nuestro Estado de Derecho. Por eso, algunos grandes inversionistas extranjeros negocian con el Presidente de la República, muchas veces de forma no transparente, como habría sucedido con las concesiones para la construcción del Metro de Lima y la carretera interoceánica otorgadas a la empresa Odebrecht, sobre la base de la instrumentalización del poder presidencial incluso sobre la Constitución y la ley.

La debilidad fiscal y judicial para investigar y sancionar la corrupción de los grandes poderes públicos y empresariales es histórica. Se requiere de medidas a corto y mediano plazo, que coadyuven a remontar ese estado de cosas inconstitucionales. En el corto plazo, hacer de conocimiento general los acuerdos del Ministerio Público con la empresa Odebrecht y los ex funcionarios apristas que se han acogido a la confesión sincera, así como, todo el íter procesal. Esto para que las instituciones especializadas y la prensa se constituyan en observadores cotidianos de los procesos anti corrupción, y los pongan a conocimiento y fiscalización del pueblo, quien es el soberano.

En el mediano plazo, como todo orden constitucional requiere no solo basarse en valores democráticos sino también en principios de gobernabilidad, como la transparencia, la ética púbica y la tolerancia cero a la corrupción; corresponde que las mayorías parlamentarias realicen reformas constitucionales. La incorporación de la imprescriptibilidad de los graves delitos de corrupción contra el Estado, la inhabilitación política perpetua y la aplicación de un derecho sancionador -penal y administrativo- máximo, en contra de las autoridades del Estado -Presidente de la República, Congresistas, Ministros, Vocales y Fiscales Supremos, Magistrados del Tribunal Constitucional, miembros del Jurado Nacional de Elecciones y del Consejo Nacional de la Magistratura; así como a los gobernadores regionales y alcaldes provinciales por la comisión de graves delitos de corrupción en perjuicio del Estado.

No podemos llegar al bicentenario de nuestra independencia en el 2021 sin haber culminado los mega procesos anti corrupción que se están iniciando. Pero, esto debe darse con resultados ejemplificadores para la sociedad civil y política, si es que queremos, con patriotismo constitucional, una reconstrucción moral del Estado peruano al cumplir doscientos años de vida republicana.

Barcelona, 10 de febrero de 2017

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