Enfoque Derecho

Venezuela ha elegido la semana pasada a su nueva Asamblea Nacional Constituyente en medio de múltiples cuestionamientos y el rechazo por parte de la comunidad internacional. A pesar de las evidentes pruebas de irregularidades en proceso, Nicolás Maduro indicó que Venezuela es más democrática que cualquier otra nación latinoamericana, pues según él, tiene el sistema electoral más honesto. La función de la recientemente electa Asamblea Constituyente es de fundamental importancia para el rumbo democrático de un país que vive, desde ya hace algún tiempo, al borde del colapso. En torno a esto, ¿en qué consiste el Poder Constituyente? ¿Cuál es la relevancia de que sea absolutamente transparente y legítimo? ¿Fue realmente representativo y regular el último proceso electoral venezolano?

El Poder Constituyente es el poder originario, extraordinario e ilimitado que tiene la potestad de crear la Constitución. Entonces, es aquel poder que crea la norma fundamental que guía no solo el ordenamiento jurídico, sino que también dicta los derechos constitucionales, así como sus garantías y límites. De acuerdo con Hauriou, es una manifestación de la soberanía nacional, pues es al pueblo a quien corresponde formarlo. Según el artículo 347 de la Constitución Venezolana, ‘‘el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y en ejercicio de ese poder puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de (…) redactar una nueva Constitución’’. Si bien el presidente, de acuerdo a la Constitución Venezolana, puede tener la iniciativa de convocar a una Asamblea Constituyente, esta decisión, en aras de ser legítima, deberá ser consultada previamente al pueblo venezolano, puesto que ellos son la esencia del poder constituyente.

Los ciudadanos son quienes tienen el derecho de decidir si es que quieren una reforma constitucional al considerarla necesaria. En ese sentido, un presidente no puede formar ilegalmente una Asamblea Constituyente para adecuar una nueva Constitución que terminaría respaldando su permanencia en el poder. Es precisamente lo que sucede en el caso venezolano, donde se evidenciaron irregularidades dentro del proceso democrático más relevante. Miles de ciudadanos han denunciado la poca transparencia y arbitrariedad de este, ya que los votantes podían votar en cualquier lugar y el número de electores fue menor a la mitad de ciudadanos de Venezuela. Luisa Ortega, la recientemente destituida fiscal nacional de Venezuela, pidió en representación del Ministerio Público de dicho país que se anule la Asamblea Nacional Constituyente elegida el pasado domingo, ya que son varias las irregularidades graves en el proceso de elección.

  1. Se permitió a los ciudadanos votar en cualquier centro de votación de su municipio correspondiente.  A raíz de ello, no se puede asegurar que un elector representa solo un voto.
  2. No se utilizó intenta indeleble; en su lugar, se utilizaron cuadernillos. Esto no permite verificar la identidad de los votantes mediante sus huellas dactilares, lo cual forma parte del sistema biométrico que se viene utilizando desde hace más de 5 años en Venezuela. Esto facilita la usurpación a la identidad y que un ciudadano vote más de una vez.
  3. De las 19 auditorías que se suelen hacer, solo se realizaron 5. Asimismo, los observadores en estas elecciones no se saben si han sido o no elegidos al azar.
  4. Los constituyentistas no han sido elegidos en representación de sus estados y la cantidad de ciudadanos sino en función al número de municipios. En otras palabras, estados más poblados han tenido menor representatividad que aquellos con más municipios como es el caso de Miranda que es el segundo más poblado.
  5. Una de las contradicciones que se originaron en este proceso es que, según el Consejo Nacional Electoral, el 41,53% de la población participó en las elecciones. Por su parte, Antonio Múgica, quien es consejero delegado de Smartmatic, empresa a cargo de la votación en Venezuela, afirmó que se instalaron 24.000 máquinas de voto electrónico, este número supera la cantidad de ciudadanos que fueron a votar. Sumado a ello, la oposición señala que solo participó el 12,4% del padrón electoral.

En base a todo esto, diversos países de la región han decidido rechazar tajantemente las elecciones del pasado domingo al considerarlas ilegítimas. Además, Nicolás Maduro estaría instaurando una dictadura en Venezuela, pasando por encima del sistema democrático. Por ello, no es de extrañar las sanciones impuestas a Venezuela como su suspensión del Mercosur por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Los procesos democráticos deben ser completamente legítimos, representativos y transparentes, pues no se limitan a la simple existencia de elecciones. Nicolás Maduro ha decidido ignorar la noción de democracia y aprovecha la soberanía de su país para evitar que agentes internacionales garanticen procesos justos y protección de los sumamente dañados derechos humanos de las personas. Es por ello que, en aras del respeto de derechos, legitimidad del sistema estatal y la garantía irrestricta de la democracia como sistema de gobierno, son los gobernantes quienes deben sujetarse al mandato constitucional y no en sentido contrario.

 

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