Por César Landa Arroyo, ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Con la sentencia que el juez Muñoz Carranza, del 7mo. Juzgado Constitucional ha emitido el pasado 21 de diciembre del 2016, reconociendo que el RENIEC ha violado el derecho a la igualdad y no discriminación de Oscar Ugarteche y Fidel Aroche al impedirles registrar en el Perú su matrimonio realizado en México; se establece por vez primera en el Perú el reconocimiento del matrimonio homosexual, sin que exista una ley del Congreso que lo regule, ni una sentencia del Tribunal Constitucional que lo reconozca.

La emisión de esta sentencia sobre el matrimonio homosexual pone a debate la tutela de nuevos derechos, como el de la orientación sexual. Por eso, esta discusión tiene no solo ribetes jurídicos, sino también políticos. Se trata de un tema muy sensible para los valores y principios tradicionales de la sociedad peruana, pero más agraviante para los interesados o afectados directamente.

Desde el punto de vista jurídico, se puede afirmar que se trata de un derecho fundamental, en la medida que es emanación de la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo de su personalidad, y la igualdad y no discriminación; al punto que en el Código Procesal Constitucional (CPC) del 2004 se consagró en el artículo 37, inciso 1, que: “El amparo procede en defensa de los siguientes derechos: 1) De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole”.

El derecho a la orientación sexual, además, encuentra respaldo en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que son vinculantes para el Perú, aun cuando no haya sido parte en el proceso, según el Art. V del Titulo Preliminar del CPC. Por ejemplo, en el Caso Duque vs. Colombia del 2016, se reconoce que las parejas homosexuales están protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, en la medida que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son derechos humanos. Por eso la Corte ha señalado que: “ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”.

Ahora bien, desde el punto de vista político, en una sociedad democrática y constitucional, como la que postula nuestro Estado de Derecho, la democracia se funda en el pluralismo no solo de las ideas, sino también de las distintas formas de vida de las personas y familias, siempre que no afecten la dignidad humana. Si bien pueden existir discrepancias sobre estas, en una democracia la tolerancia es otro de los principios existenciales de la convivencia pacífica en sociedad. Concepto que se origina en el pensamiento humanista y cristiano durante los siglos XVII-XVIII, luego de las guerras de religión.

Muchos países no solo europeos -España, Francia, Portugal, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Noruega, entre otros-, sino también latinoamericanos -Argentina, Brasil, Colombia, Mexico, Uruguay, además de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, entre otros- desde la pasada década, vienen reconociendo mediante sus Parlamentos y/o a través del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, el derecho de las parejas homosexuales a formar uniones reconocidas jurídicamente, en unos casos como matrimonio, en otros como uniones civiles, con ciertos derechos conyugales.

Pero, la falta de representatividad del Congreso peruano frente a la opinión pública para legislar sobre las uniones conyugales igualitarias, no ha sido impedimento para que el Poder Judicial en primera instancia asuma su compromiso, como un poder más del Estado, y supla la deficiencia del legislador cuando se trata de proteger los derechos de las minorías vulnerables. De modo que, la Corte Superior, y, de ser el caso, el Tribunal Constitucional pronto tendrán un encuentro ante la historia, al resolver la apelación o el recurso de agravio constitucional de la sentencia que reconoce el matrimonio igualitario.

Confiamos que el Poder Judicial y/o el Tribunal Constitucional sepan estar a la altura de la historia de los derechos fundamentales y hagan honor al mandato constitucional, según el cual la potestad de administrar justicia emana del pueblo.

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