Editorial: ¿Es posible apartarse del precedente Huatuco?

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01 DE JUNIO DEL 2011 EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL CERCADO DE LIMA, CESAR NAKASAKI ABOGADO DE EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI, PRESENTA HABEAS CORPUS PARA SU DEFENDIDO, QUIEN CUMPLE CONDENA EN LA BASE DE LA DIROES

Hace más de dos meses, el Tribunal Constitucional (TC) determinó, a través del polémico precedente Huatuco (STC Exp. N° 05057-2013-PA/TC), que solo podrá exigirse la reposición laboral en la Administración Pública por desnaturalización de un “contrato civil” o “contrato temporal” cuando el trabajador despedido demuestre que su ingreso a este sector se realizo mediante concurso público a una plaza presupuestada y la existencia de una vacante de duración indeterminada. No obstante, en estos últimos días recientes resoluciones judiciales se vienen apartando de dicha regla, argumentando que esta no puede ser aplicada en los casos que han examinado debido a las diferencias que se presentan en cada uno. Por ello, en el presente editorial analizaremos si es válido apartarse de un precedente vinculante y si resulta favorable esta situación para la administración de nuestro sistema de justicia.

Antes del respectivo análisis, es menester desarrollar brevemente lo que implica un precedente vinculante. El objetivo de esta figura es dotar a los jueces de una herramienta que permita, a partir de lo resuelto en un caso en concreto, establecer reglas o parámetros que sean de aplicación obligatoria para casos iguales en el futuro, y de esa forma se garantice el principio de igualdad en la aplicación de la ley. Es por ello que el precedente vinculante se define como una regla general y abstracta que se extrae a partir de un caso concreto para la resolución de futuras controversias similares. En ese sentido, la existencia de un precedente busca generar predictibilidad y seguridad jurídica. No obstante, no se limita únicamente a ordenar criterios de justicia, sino que mediante esta técnica también se busca optimizar la defensa de derechos fundamentales.

En tal sentido, varios ordenamientos de la tradición jurídica romano-germánica han establecido normas expresas que regulan la figura del precedente vinculante. El ordenamiento peruano ha adoptado esta institución, la cual está contemplada en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. En dicho artículo se establece que las sentencias del TC constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo, y que el mismo TC se puede apartar de este precedente si expresa los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones de su alejamiento. De este modo, se brinda de fuerza normativa a estas reglas disponiendo que deberán ser aplicadas por jueces, particulares y la Administración Pública.

Ahora bien, ¿resulta posible entonces que otros jueces se aparten de un precedente? La respuesta es afirmativa. Junto con la figura del precedente vinculante, a nivel doctrinario y jurisprudencial, también se desarrolló la herramienta del “distinguish”. Mediante esta herramienta jurídica, los jueces buscan justificar que el caso que se encuentran analizando no comparte las premisas y hechos que la situación que dio origen a un precedente vinculante, por lo cual no resultara adecuado que se aplique para la resolución de ese proceso. Dicho de otra manera, no resulta exigible aplicar el precedente vinculante instaurado en un caso cuando existan diferencias reales – y no aparentes – con la controversia que el juez intenta resolver. Así, el “distinguish” se basa en la lógica de que si los fundamentos que dieron mérito a la regla general y abstracta no corresponden con un caso bajo análisis, no resulta plausible ni legítimo que se le aplique dicha regla.

Doce-años-de-prisión-para-dos-marcas-y-un-robataxis

Como mencionamos líneas más arriba, existen varias resoluciones judiciales que se han apartado del precedente Huatuco. A nuestro parecer, varias de estas sentencias han realizado una adecuada argumentación y estructura lógica, por lo cual resulta válido que se aparten de la regla establecida por el TC. Por ejemplo, la sentencia emitida por el Juzgado Mixto Permanente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (Exp. 00058-2014-0-1618-JM-LA-01) señaló que el caso que se encontraban analizando difería de la situación examinada al momento de emitir el precedente Huatuco, toda vez que que existía una sentencia previa que declaraba la reposición del trabajador o trabajadora. En razón a estos hechos, era válido el apartamiento del precedente, pues en el caso de la señora Huatuco no se presentó esta situación al momento en que se creó y fundamentó la regla. Asimismo, en la sentencia emitida por la Cuarta Sala Laboral de Lima (Exp. N° 27013-2013-0-1801-JR-LA-03), se justificó el apartamiento del precedente al señalar que la peticionaria tenía el derecho de demostrar la forma cómo había ingresado a la Administración Pública para sustentar su reposición laboral y de esa forma no se encuentre bajo el ámbito de aplicación del precedente. En ese sentido, se puede ver que las sentencias vienen empleando un buena argumentación y estructura lógica, toda vez que vienen identificando: (i) las circunstancias fácticas que rodean y que otorgaron sustento al precedente, (ii) el texto o regla que contiene al mismo, (iii) una comparación o constatación de los hechos fácticos del precedente con los hechos fácticos del nuevo caso.

Por otro lado, cabe acotar que este apartamiento viene propiciado por la contradicción que tiene el precedente Huatuco entre sus dos principales finalidades como herramienta jurídica: garantizar la seguridad jurídica y, además, la protección de los derechos fundamentales. No por nada este precedente ha recibido varias críticas en su contra por especialistas del Derecho como César Landa y Elmer Arce. Si bien el hecho de que los jueces no acaten o busquen cuestionar las premisas que otorgan sustento al precedente puede resultar indeseable al generar cierta incertidumbre jurídica, esta situación es originada por el propio precedente dada la afectación y retroceso en materia de derechos laborales que contiene esta regla.

Por todo lo señalado, queda clara la validez de apartarse del precedente Huatuco en los casos mencionados. Desde esta casa editorial, consideramos que varias de las sentencias que se vienen alejando del mismo se encuentran adecuadamente justificadas y estructuras. Finalmente, solo cabe reiterar que esta situación viene propiciada por las fallas que contiene el precedente y que incentiva a los jueces a evitar su aplicación. Consideramos que, enfocar la razón del problema en los jueces, es dejar de analizar las verdaderas razones y causas que han generado esta situación

8 Comentarios

  1. Si el precedente vinculante es publicado hoy y existe una demanda laboral por la cual se exige la reposición en el puesto de trabajo dentro del sector público que fue presentada semanas antes. ¿Es correcto que el juzgador la declare improcedente argumentando la posición de dicho precedente?

  2. Como se comprobará de la lectura de diversas sentencias emitidas en Vista de Causa por la Tercera, así como por la Cuarta Sala Laboral, el Poder Judicial está aplicando el distinguish, en los casos y ámbitos en donde sus reglas no aplicarían (y al decir aplicarían, es porque formalmente el precedente es inconstitucional), tal es así que se están emitiendo sentencias que establecen claramente situaciones exceptuadas (Empresas del Estado y obreros municipales), en vista que la Constitución del Estado excluye a los trabajadores de las Empresas del Estado de la Carrera Administrativa y la Función Pública de manera explicita, a través de las normas especiales que la rigen, así como mediante las que regulan la actividad empresarial del Estado. Para mayor referencia leer artículo en http://pimentelabogados.com/el-precedente-huatuco-y-las-empresas-del-estado/

  3. Que, el artículo 15 del Decreto Legislativo 276 dispone:

    “La contratación de un servidor para realizar labores administrativas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos. Vencido este plazo, el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la Carrera Administrativa, previa evaluación favorable y siempre que exista la plaza vacante, reconociéndosele el tiempo de servicios prestados como contratado para todos sus efectos. Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a los servicios que por su propia naturaleza sean de carácter accidental o temporal.”.

    La Ley 24041, trasgreden el derecho a la igualdad contenido en el inciso 2) del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, al concederle beneficios a las personas que han ingresado a laborar merced a un contrato por disposición de un funcionario público; con lo cual se estaría vulnerando el derecho de las demás personas que en igual o mejor condición tendrían derecho a acceder a dicho cargo publico y no lo podrían hacer por no haber sido beneficiados con un mero contrato por un año.

    Que, debe aplicarse en esta parte el control difuso de la constitución, debiendo disponerse que lo dicho por la ley en el sentido “el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la Carrera Administrativa”, se tendrá que disponer que se llame a concurso público o proceso de selección dicha plaza o puesto público, para ser cubierto como personal contratado; y, así deberá procederse en similares demandas, garantizando el ingreso a un puesto publico en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.

    Que, se ha dictado la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público en la cual merecen citarse los principio 7 y 8 que dicen:

    “Principio de mérito y capacidad.- El ingreso, la permanencia y las mejoras remunerativas de condiciones de trabajo y ascensos en el empleo público se fundamentan en el mérito y capacidad de los postulantes y del personal de la administración pública. Para los ascensos se considera además el tiempo de servicio.“
    “Principios de Derecho Laboral.- Rigen en las relaciones individuales y colectivas del empleo público, los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución e interpretación más favorable al trabajador en caso de duda. En la colisión entre principios laborales que protegen intereses individuales y los que protegen intereses generales, se debe procurar soluciones de consenso y equilibrio”.

    Que, también, han sido tratados por el Tribunal Constitucional en el Expediente 008-2005-PI-TC diciendo:

    “La igualdad de oportunidades
    22. Hace referencia a la regla de no discriminación en materia laboral. En puridad, plantea la plasmación de la isonomia en el trato previsto implícitamente en el inciso 2) del artículo 2 de la Constitución; el cual específicamente hace referencia a la igualdad ante la ley.
    Referencia a la regla de no discriminación en materia laboral
    23. Esta regla de igualdad asegura, en lo relativo a los derechos laborales, la igualdad de oportunidades de acceso al empleo. Tal como se ha precisado anteriormente, la isonomia entre las personas se manifiesta en dos planos: La igualdad ante la ley y la igualdad de trato (en este caso aplicable al ámbito de las actividades laborales). La igualdad ante la ley obliga a que el Estado asuma una determinada conducta al momento de legislar o de impartir justicia.

    Al respecto, el artículo 103 de la Constitución compromete al Estado a no dictar leyes por razón de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. El artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial exige a dicho ente no apartarse de sus precedentes judiciales, salvo que existan razones justificadas para ello; y el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, prescribe que el Tribunal Constitucional sólo podrá apartarse de sus precedentes vinculantes cuando exprese los fundamentos de hecho y derecho que sustenten la sentencia y las razones del apartamiento del precedente jurisprudencial.

    La igualdad de oportunidades -en estricto, igualdad de trato- obliga a que la conducta ya sea del Estado o los particulares, en relación a las actividades laborales, no genere una diferenciación no razonable y, por ende, arbitraria. En ese sentido, la discriminación en materia laboral aparece cuando se afecta al trabajador en sus características innatas como ser humano (lo propio y privativo de la especie), o cuando se vulnera la claúsula de no discriminación prevista por la Constitución. Miguel Rodríguez Piñeiro y Mejía Fernández López [Igualdad y discriminación. Madrid, Tecnos, 1986, p. 47) exponen que para establecer si una conducta en una empresa es discriminatoria o una diferenciación es razonable, es necesario precisar cuándo dos situaciones reales son equiparables y cuándo sus similitudes predominan sobre sus diferencias.

    los cuales guardan correspondencia con lo expresado antes.

    El ingreso a la administración pública debe ser previo concurso público

    El ingreso a las entidades públicas en general, debe ser realizado mediante concurso público, al que deben someterse los que pretendan laborar en estas, bajo cualquier forma o modalidad, pues la Ley 28175,( Ley Marco del Empleo Público), ha ubicado al merito y capacidad como uno de los principios que rigen el acceso al empleo público (articulo IV.4 Titulo Preliminar), en virtud del cual “el ingreso la permanencia y las mejoras remunerativas de condiciones de trabajo y de ascenso en el empleo público se fundamentan en el merito y capacidad de los postulantes y personal de la administración pública”; conforme se desarrolla en los Artículos 4.2, 5 y 9 de la citada Ley

    Es de aplicación el control difuso de la constitución, debiendo disponerse que se llame a concurso público o proceso de selección dicha plaza o puesto público; y, así deberá procederse en similares demandas, garantizando el ingreso a un puesto publico en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos peruanos.

    Que, la Constitución Política del Estado (inciso 2) del articulo 2), así como en los convenios y tratados internacionales suscritos por el Perú, estatuyen la igualdad y no discriminación, como la base de todo estado democrático; de manera que en la administración pública se dispone, que para ser proveedor de bienes y servicios del Estado, debe accederse en igualdad de oportunidades para todos, a través de una convocatoria pública y abierta.

    Que, también con el concurso o proceso de selección se salvaguarda la óptima utilización de los recursos públicos, pues existiendo gran desempleo de personas incluso con educación superior, cualquier puesto publico desde el más humilde, si es puesto en concurso público, será cubierto por personal con un buen nivel educativo y con ello mejorará la calidad de los servidores públicos. Ello no sucede, cuando se contrata directamente buscando beneficiar a particulares sin importar si ello redunda en mejora del servicio público.

    Que, el artículo 76 de la Constitución Política ordena “La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades”.

    Que, el artículo 16 de la Ley 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, dispone: “El concurso público se convoca para la contratación de servicios de toda naturaleza, de consultoría y arrendamientos, dentro de los márgenes que establece la Ley Anual de Presupuesto”.

    Que, respecto de las contrataciones temporales realizadas bajo el marco del Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, se busca aplicar el articulo 1 de la Ley 24041, para quienes al tener un año de prestación de servicios adquieren estabilidad relativa pues no pueden ser separados sino por las causales establecidas en el Decreto Legislativo N° 276, afectando con ello el derecho de todo ciudadano de acceder al empleo público en igualdad de oportunidades; de modo que las personas y grupos que ostentan el poder en una institución pública hacen ingresar a sus partidarios, amigos y parientes, para que estos después de transcurrido un año de labores, exijan y alcancen la estabilidad relativa que beneficia sus derechos individuales, en detrimento de la colectividad; fenómeno, que a la larga es causante no solamente de la inmoralidad en la gestión pública, sino de la ineptitud de la burocracia.

    Pleno Jurisdiccional que trata sobre aplicación de la Ley 24041

    El Pleno Jurisdiccional Distrital en Materia Civil, Familia , Constitucional y Contencioso Administrativo, del 18, 20, 27, 28 de setiembre, 2, 15 y 25 de octubre del 2007 realizado en Arequipa, acordo:

    6. “EL DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL DEL TRABAJADOR PÚBLICO: EL REQUISITO DEL CONCURSO PÚBLICO PARA GOZARLO”
    EL PROBLEMA: Determinar si el goce del derecho a la estabilidad en el trabajo requiere que el trabajador haya ingresado a laborar al Estado por concurso público; si tenemos en cuenta que existen trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 y Ley N° 24041, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728 y el régimen del Código Civil por servicios no personales.

    CONCLUSIÓN: POR MAYORIA
    Tienen derecho a la estabilidad laboral, sólo los trabajadores que se encuentran en la carrera administrativa; por que han ingresado por concurso público, ya sea como nombrados o previa evaluación al haber transcurrido 3 años de contratados (Constitución: art. 40; D.Leg.276: arts.1, 2 y 15; Ley 24041; Art.1; D.S. 005-90-PCM: art. 28; Ley marco del empleo público: art. IV, 5 y 9 de la Ley 28175).“

    Distinción entre la contratación laboral pública y privada

    En la actividad privada, son los dueños o sus representantes quienes contratan a los trabajadores, teniendo en cuenta que han de obtener provecho de ello; mientras que en la administración pública, los funcionarios muchas veces lo realizan para favorecer a determinada persona con un empleo público, independiente de si el Estado obtenga o no beneficio, por lo cual la norma ha señalado que debe realizarse mediante concurso público para garantizar la idoneidad y moralidad de la contratación pública de personal.
    Por ello, la naturaleza del derecho que ambos deben tener, debe ser distinto; la Ley 24041, es razonable para una relación de carácter privado, donde el dueño de la empresa ha tenido la oportunidad de escoger al trabajador que le era provechoso, no así en el empleo del Estado, si antes no ha habido un concurso público, pues generalmente los funcionarios escogen por intereses personales, politicos etc. independiente del beneficio a la labor pública que se pueda obtener.
    Finalmente, no hay diferencia entre quien ha ingresado a la administración pública mediante concurso público de nombramiento y un contratado que debe permanecer indefinidamente al amparo de la Ley 24041, pues ambos solo pueden ser despedidos previo proceso disciplinario administrativo. La única diferencia será, que mientras unos se llaman “nombrado”, los otros son “contratado”, lo que no es justo.

  4. ESTOY DE ACUERDO CON EL PRECEDENTE HUATUCO, lo que pretenden es desconocer la PRIMACÍA DE LA REALIDAD por el que el ingreso a los cargos públicos sin concurso público sino A DEDO se hace para favorecer a los militantes del partido gobernante, parientes, amigos, la que es la base de la corrupción como la ineptitud de sus acciones. También olvidan el DERECHO A LA IGUALDAD de todo ciudadano de acceder a un empleo público, pues quién no pertenece al partido gobernante, no es pariente o amigo del funcionario que realiza el reclutamiento de personal, simplemente no accede a un puesto en el estado.

    • El tema está en que existen situaciones especificamente no consideradas en el ámbito de aplicación del Precedente Vinculante, puesto que ésta se refiere a los individuos que se encuentran comprendidos en la función pública (carrera administrativa del Estado), y definitivamente quienes no se encuentran dentro de los alcances de la Ley 28175 y la Ley 30057, mucho menos el DL 276, no deben, ni pueden ser arbitrariamente afectados cuando dichas normas los exceptúan y excluyen expresamente, y precisamente ese es el tenor de mi opinión.

  5. Por otro lado, LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD DE LOS HECHOS, significa que ante la desnaturalización de contratos civiles y/o locación de servicios, se tendrá por cierta la situación fáctica (demostrada fehacientemente), mediante la cual se acredita que el trabajador realizó una labor que no le correspondía por la naturaleza de su contrato, llevando a cabo las de un trabajador contratado a plazo indeterminado, lo cual se evidencia mediante indicios que acreditan laboralidad y fraude por parte del empleador, y en consecuencia el contrato civil y/o locación resulta nulo, en vista que SU OBJETO fue “deformado” por el contratante, lo cual da origen a un vínculo de naturaleza laboral.

  6. Buenos días, ingresé a laborar al Gobierno Regional Lambayeque primero por Recibos por Honorarios desde el 18/09/13 al 28/02/14 luego mediante concurso publico de méritos por suplencia temporal desde 01/03/14 al 31/12/14 y luego desde el 02/01/15 al 30/06/15, para una plaza presupuestada, el titular había cesado por límite de edad el mes de septiembre del 2013, realizando labores de administrador.
    Quisiera saber si el caso Huatuco me protege.

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