A comienzos del mes de Abril, la comisión de Constitución del Congreso recomendó al pleno del Congreso derogar el Decreto Legislativo Nº 1323, el cual fortalecía la lucha contra crímenes como el feminicidio, la violencia familiar y de género. El motivo que señaló fue que el Ejecutivo había excedido las facultades legislativas que le habían sido otorgadas a comienzos del año pasado.

A raíz de esto, en la madrugada del último viernes, con 66 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención, el pleno del Congreso decidió derogar este Decreto. El argumento de la bancada mayoritaria para hacerlo fue el mismo: que el Ejecutivo excedió las facultades otorgadas por el Congreso al regular sobre esta materia. Pero, ¿realmente el Ejecutivo se excedió?

La Ley Nº 30506, que delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en ciertas materias, en el plazo de 90 días, estipula, en su artículo 2, inciso 2, lo siguiente: “[…] El poder ejecutivo está facultado para: […] 2) Legislar en materia de seguridad ciudadana a fin de: a) […] modificar la legislación penal y procesal penal y de ejecución penal con el objeto de revisar la regulación vigente del delito de feminicidio y sus agravantes,[…]  para combatir la violencia familiar y la violencia de género”(Énfasis agregado)

Por su parte, el Decreto Legislativo Nº 1323, en su artículo 1º, constituía como agravante “la ejecución de un delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético”, etc. Asimismo, en su artículo 2º,  enfatizaba que “[aquel que realice] actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas, reconocidos en la ley” será reprimido con pena privativa de libertad o prestación de servicios.

A partir de lo citado, podemos afirmar que lo regulado por el Decreto Legislativo Nº 1323 guarda total relación con la facultad para legislar otorgada al Ejecutivo, ya que se pretende combatir la violencia familiar y de género; con lo cual, a toda vista, no habría motivo alguno para derogarlo. Sin embargo, varios congresistas han cuestionado lo que la palabra género significa.

Al respecto, si bien se recomienda que los temas materia de delegación de facultades deben ser taxativos y expresamente determinados con el fin de que el Ejecutivo no regule más allá de estas áreas, siempre se utilizarán términos abiertos, tales como género. Ante ello, debemos recordar que existen diferentes acepciones respecto a este concepto, ya que algunos lo reconocen únicamente como masculino o femenino; otra gran mayoría lo entiende como la construcción sobre la identidad de una persona que no necesariamente está relacionada con el sexo biológico.

El Decreto Legislativo incrementa las sanciones para aquellos que ejecuten delitos bajo móviles de discriminación, incluyendo como factores a la orientación sexual y la identidad de género. A partir de esto, podemos decir que se entiende al género como un término no referido únicamente a lo masculino y femenino, siguiendo la segunda acepción que señalamos en el anterior párrafo que, por cierto, es la que el mundo académico acepta. Con ello, una vez más se demostraría que el Ejecutivo no excedió las facultades otorgadas.

Ahora bien, más allá de la discusión semántica sobre el término, también es importante resaltar la implicancia práctica de esta derogatoria. La derogación de este Decreto supone una gran pérdida para aquellos que buscaba proteger. De acuerdo a cifras presentadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 2015, el 90% de la población LGTBI aseguraba haber sido víctima de algún tipo de violencia. En esta misma línea, en el 2016 se reportaron 8 asesinatos por homofobia. Esto sin mencionar el gran número de suicidios producto de la discriminación y violencia hacia esta población vulnerable. Las agresiones mencionadas se dan tanto en espacios públicos como dentro de los hogares, e incluso en instituciones educativas.

Aparte de ello, la medida demostraba un gran interés de parte del Estado por proteger a este sector vulnerable de la población. El Estado está buscando visibilizar a un sector marginado por años y socialmente rechazado. Derogar este decreto y eliminar este reconocimiento es un gran paso hacia atrás para nuestro gobierno y una nueva decepción para este sector de la población que nuevamente pasa a ser rechazado y olvidado.

Por todo lo expuesto, resulta claro que el Congreso ha actuado de una forma desproporcional y autoritaria al derogar este Decreto basándose en una formalidad, que además sí se cumplió. Afirmamos esto, ya que sus argumentos no son claros y demuestran que la decisión se tomó a partir de creencias personales y no por argumentos jurídicos sólidos.

El mensaje que le da el Legislativo a la ciudadanía es claro: cuando una medida no le gusta a la bancada mayoritaria siempre encontrarán argumentos para derogarla, incluso, el significado de una palabra; aun cuando ello implique abrir las puertas a más crímenes y  desproteger a un grupo de ciudadanos que son tan peruanos como todos.

No hay comentarios

Dejar respuesta