Por Samuel Abad,  abogado y Doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

La Ley 30414, publicada el 17 de enero, modificó diversos artículos de la Ley de Partidos Políticos, generando fundados cuestionamientos. Ha introducido cambios sustanciales en un proceso electoral en marcha cuyos resultados los tendremos el próximo 10 de abril. Uno de estos cambios son los nuevos porcentajes que deben superar las alianzas para mantener su inscripción. Se viene discutiendo a partir de cuándo se aplicarán. ¿Será de inmediato o para el próximo proceso electoral? Tal como está redactada la norma deberá aplicarse a este proceso electoral. Las agrupaciones que la aprobaron en el Congreso han conducido a esta situación. Veamos.

La nueva versión del artículo 13 de la Ley dispone que el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, de oficio o a pedido de los personeros legales, cancelará la inscripción de un partido político, entre otros supuestos, cuando no hubiese alcanzado al menos seis representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral o no haya alcanzado al menos el cinco por ciento de los votos válidos a nivel nacional. De existir alianzas entre partidos o entre movimientos, dicho porcentaje se elevará en uno por ciento por cada partido o movimiento adicional. La nueva norma les incrementa el porcentaje para mantener la inscripción.

Otra novedad es disponer la cancelación de aquellas agrupaciones políticas que no han participado en dos elecciones generales sucesivas. Antes de la reforma, si una agrupación política no participaba en una elección perdía su inscripción, pues se entendía que uno de sus fines era participar en los procesos electorales. La nueva norma les permite retirarse cuando se percatan que no superarán la valla electoral: así no perderán su inscripción. La aplicación inmediata de esta norma al actual proceso electoral ha sido ratificada por la Resolución 0106-2016-JNE y no ha despertado mayores cuestionamientos. ¿Cuál será la explicación? Sencillo. La nueva norma en ese aspecto las beneficia. No sucede lo mismo con los nuevos porcentajes para las alianzas electorales: prefieren la norma derogada. Por ello, algunos plantean que se aplique la norma anterior  y no la nueva. ¿Será posible?

Según la Constitución toda ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo expresa disposición en contrario (artículo 109). Desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (artículo 103). La Constitución acoge la tesis de la aplicación inmediata de las normas y no aquella que privilegia los derechos adquiridos. Es decir, se afilia a la teoría de los “hechos cumplidos”. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, al señalar que “nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes” (STC 0606-2004-AA, FJ 2).  

En consecuencia, si el supuesto de hecho de la norma es no haber alcanzado un porcentaje de votos válidos en el último proceso electoral y éste se llevará a cabo con posterioridad a la publicación de la Ley 30414, nos parece indudable que el nuevo porcentaje debe aplicarse al actual proceso electoral. Afirmar que las alianzas se constituyeron con anterioridad a la Ley 30414 y que por ello no puede aplicarse la nueva norma implicaría reconocer un supuesto “derecho adquirido” que la Constitución no admite. Implicaría mantener la vigencia de una norma derogada.

Habrá que estar atentos para ver cómo se aplica. Y, sin duda, el próximo Congreso -que confiamos sea mejor que el actual- debería efectuar una reforma integral que fortalezca a nuestras instituciones electorales y corrija la legislación vigente. No podemos repetir las reformas aisladas e incoherentes que sólo han generado un desorden en estas elecciones. Este proceso electoral nos deja varias lecciones que es imprescindible atender.

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