I. Contexto explicativo de la relación entre justicia y política

La crítica a la relación de los jueces con el poder se intensifica en épocas de cambios políticos, en particular cuando la justicia se convierte en defensora del orden tradicional establecido, ó cuando asume en sus sentencias el programa del nuevo gobierno o de la oposición; como acontece con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ha anulado la condena al ex Presidente Fujimori por el proceso penal sobre los “diarios chicha”, en el que él mismo había asumido su responsabilidad.

Ante las nuevas exigencias del Estado Constitucional, sobre la responsabilidad de la justicia de controlar los actos de los poderes públicos y privados, surge la necesidad de  reexaminar la falta de independencia de los jueces, a partir del sistema de su elección. Con el propósito que la justicia se constituya en la instancia final de control de los excesos del poder público —legislativo, judicial y ejecutivo- y los poderes privados, no existiendo zonas exentas de su control.

Para evitar pasar del gobierno de los representantes democráticos al gobierno de los jueces se requiere de una cuidadosa selección de los magistrados, siendo ello una forma de reducir las posibilidades de que la judicialización de la política, termine politizando la justicia, donde la justicia tiene todo que perder y la política nada que ganar (Carl Schmitt).

II. Mecanismos y realidad de la selección de jueces                                                                               

  • Nombramiento de jueces y fiscales

La Constitución de 1993 establece que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es el encargado de nombrar, evaluar y sancionar a todos los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, a fin de desterrar la injerencia político-partidaria en la designación de jueces y fiscales. Si bien al inicio se  avanzó  en establecer protocolos y criterios objetivos para la selección y nombramiento de jueces y fiscales, mediante la participación de la sociedad civil, como alternativa para; sin embargo, esta fórmula constitucional no sólo no ha alejado la intromisión partidaria, sino que le ha sumado otra distorsión igual de grave: la influencia de “redes de corrupción”.

A pesar del distanciamiento del modelo político y de los avances, el procedimiento de selección y nombramiento aún adolece de cuestionamientos y falencias. Estos problemas parecerían no responder tanto a fallas en el actual diseño, sino a irregulares injerencias políticas o redes de corrupción que operan sobre el CNM y a la cuestionable actuación de algunos consejeros (Caso Mateo Castañeda).

Asimismo, dado el criterio de la meritocracia para el ingreso y/o ascenso en la judicatura, se ha producido una proliferación de candidatos con publicaciones sin respeto de los derechos de autor, que no han sido apartados por el CNM. De esta manera, algunos candidatos(as) o magistrados(as) han mostrado como suyas algunas publicaciones de dudosa calidad y procedencia, a fin de elevar su calificación curricular (Caso Hinostroza Pariachi).

  • Nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional

Corresponde al Congreso de la República el nombramiento de los siete magistrados del Tribunal Constitucional. Pero ese proceso político debe justificarse a través del requisito de los dos tercios del número de miembros del Congreso, lo que supone mínima y obligatoriamente el diálogo, la negociación y la concertación y, a su vez, sirve como un mecanismo de control de las minorías a fin de evitar que la mayoría pueda excederse.

La práctica de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en algunas oportunidades ha puesto en evidencia un doble déficit para el sistema democrático de control constitucional. Su desarrollo se ha caracterizado por la falta de consenso de las fuerzas parlamentarias, con el consiguiente deterioro del proceso de selección y el maltrato de los candidatos; y por el fortalecimiento del sistema de cuotas y negociación partidaria que finalmente permite transar, entre la mayoría y las minorías parlamentarias,  las nominaciones de los candidatos.

Pero convierten al Tribunal Constitucional en un prisionero de los favores o los intereses políticos parlamentarios del gobierno. Este es el caso de la elección de jueces políticos o en otros casos la anulación de dos procesos de selección de los magistrados constitucionales del año 2007 y 2013, por denuncias ex post de corrupción o falta de independencia, que generaron rechazo popular.   

  • Perfil del magistrado

Nuestros jueces deben mantener independencia frente a los poderes –incluida la prensa-, neutralidad frente a las partes, incorruptibilidad  y claridad en sus opiniones.

Los magistrados deben ser independientes en la toma de sus decisiones judiciales del poder político y de los poderes privados; puesto que determinar el grado de independencia personal que los futuros magistrados deben mostrar es un factor esencial en el procedimiento de selección de los mismos. Una garantía de esto es evaluar su historial profesional, su actuación pública en defensa de la democracia y los derechos humanos, su  nivel de vinculación con la realidad social, antes que con los poderes políticos o grupos de interés privados, su ética, idoneidad psicológica y capacidad de trabajo en equipo.

III. Balance

El sistema de justicia peruano requiere fortalecerse democráticamente a través de los  mecanismos de selección de los magistrados, pero también la reorganización funcional de su labor judicial; debido a la crisis de legitimidad de sus resoluciones judiciales y la altísima desconfianza ciudadana.

En particular, en el Poder Judicial se torna indispensable contar con  jueces supremos con vocación democrática, lo cual implica independencia e imparcialidad en la toma de decisiones, como respetar la supremacía constitucional y la defensa de los derechos fundamentales.

Por otro lado, la legitimidad del Tribunal Constitucional se gana o se pierde en el proceso de  control constitucional de los actos  de los poderes públicos y de la tutela de los derechos fundamentales. En esta tarea, resulta necesario que el Tribunal Constitucional reconstruya legítimamente un espacio propio de competencias como árbitro final, controlando los excesos a su interior y respetando la discrepancia de votos.

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