Por Carlos Canevaro M., asistente de redacción de SEMANAeconómica, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho y director de la comisión de Comunicaciones del Equipo de Derecho Ambiental (EDERA).

Entre las propuestas del plan de Gobierno que Keiko Fujimori señaló que “convertiría en ley”, la congresista Yeni Vilcatoma ha presentado el proyecto de reforma constitucional para la creación de una Procuraduría General de la República, que actualmente está adscrita al Ministerio de Justicia. Es muy probable que esta propuesta logre éxito debido a la mayoría fujimorista en nuestro Congreso de la República. La principal crítica es que la elección de los procuradores no puede ser realizada por la CNM. A pesar de ello, sería un paso emblemático para la lucha anticorrupción que la presente propuesta, con las modificaciones necesarias, se apruebe de manera unánime por nuestros congresistas.

El proyecto de reforma constitucional

“Ya presentamos el proyecto de ley para la creación de la Procuraduría autónoma e independiente”, señaló Yeni Vilcatoma en su cuenta de Twitter. La reciente propuesta modifica los artículos 39, 47 y 99 de la Constitución Política del Estado y tiene como objetivo dotar de autonomía e independencia a la Procuraduría. De este modo,  el artículo constitucional 47 —que recibiría las principales modificaciones— quedaría redactado de la siguiente forma:

“La Procuraduría General de la República goza de autonomía e independencia. Su estructura se establece por su Ley Orgánica. Es el Órgano rector del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Los procuradores de la República son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura por el periodo de cinco años. Puede ser removido por dicho consejo por falta grave. Está efecto a las mismas incompatibilidades previstas para los magistrados integrantes del Ministerio Público y Poder Judicial”.

La procuraduría anticorrupción

La función de los procuradores públicos es la defensa jurídica del Estado. Cuando se le otorgó la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (organismo del Poder Ejecutivo) la situación era caótica. No existía base de datos alguna que diera cuenta del número real de procesos de corrupción en los que intervenía la defensa jurídica del Estado, no se sabía la situación jurídica de los procesados ni cuántos de ellos habían pagado las reparaciones civiles, ni cómo debía hacerse la distribución de las causas ante el escaso número de abogados[1].

En la actualidad se han dado avances en esta institución. Sin embargo, aún queda pendiente una tarea fundamental: su autonomía del Poder Ejecutivo. Es menester recordar el caso de la ex procuradora de lavado de activos Julia Príncipe, quien fue destituida por el entonces presidente Ollanta Humala, al haberse pronunciado sobre la investigación a la ex primera dama Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos. Ello solo es un caso emblemático que demuestra que los procuradores no pueden ser trabajadores del Gobierno. Al ser su tarea la defensa del Estado —no del gobierno de turno— se debe buscar que posean independencia para fiscalizar a todas sus autoridades.

No hay duda que existe mucho trabajo en la materia. Conforme a la información presentada en dicho proyecto, los dos últimos casos de corrupción más sonados en los últimos meses del gobierno anterior son el caso de la construcción del metro de Lima e irregularidades en la compra de camionetas para el patrullaje de la ciudad de Lima.

En el primero de ellos, el Contralor General de la República ha encontrado irregularidades en la construcción de la primera etapa de la Línea 2 del metro de Lima. La obra en esta primera etapa cuesta US$ 156 millones adicionales sin sustento técnico que lo justifique, según declaraciones del mismo Contralor; quien además refirió que el subsidio que el estado tenía pensado para esta etapa era US$ 39 millones. No obstante, ahora se prevé que las irregularidades encontradas eleven el subsidio a $63 millones de dólares[2]. El segundo caso se refiere a la compra de dos mil cien camionetas de marca Ssang Yong Rexton 3.2. para el patrullaje de la ciudad del país. Estas unidades le cuestan al país US$ 82 millones. Sin embargo, el año de duración de las unidades está diseñado solo para 3 años, el combustible que usarán es escaso, no se cuenta con el blindaje que se requiere para la labor que se desarrollará.

El CNM en pugna

La principal crítica del presente proyecto es que la elección del procurador esté en manos del CNM. La bancada fujimorista ha sido criticada por elloentre ellos por el presidente de Consejo de Ministros, Fernando Zavala—, ya que se sostiene que demuestra el desconocimiento de la crisis y desligitimidad de dicho organismo.

“Estamos en desacuerdo con el término ‘darle legitimidad’, eso supondría que el CNM es ilegítimo, cosa que no es arreglada a la verdad”, manifestó el Presidente del CNM, Guido Aguila Grados. Este último fue criticado por tener lazos con Rodolfo Orellana y, de igual modo, el consejero Gutiérrez Pebe ha sido cuestionado por sus vínculos con el APRA[3].  Lo cierto es que el Instituto de Defensa Legal (IDL) ha denunciado reiteradamente la falta de garantías de la nueva composición del Consejo[4].

“Estos problemas parecerían no responder tanto a fallas en el actual diseño, sino a irregulares injerencias políticas o redes de corrupción que operan sobre el CNM y a la cuestionable actuación de algunos consejeros (Caso Mateo Castañeda)”, señaló César Landa en su artículo Nuevo Gobierno. Ahora bien, esto solo es el inicio de una reforma que no solo involucre a esta procuraduría, sino a todo nuestro sistema de justicia.

Posibilidades de su aprobación

El presente proyecto propone una reforma constitucional. Para ello, se necesita al menos 87 parlamentarios a favor de ello en dos legislaturas consecutivas.

Previamente a la votación en el pleno, esto debe ser aprobado por la comisión de Constitucion y Reglamento. Esta está presidida por el congresista Miguel Torres, quien es parte del partido Fuerza Popular como invitado. Él mismo se ha mostrado de acuerdo con dicho proyecto

Por su lado, Fuerza Popular como partido político tenía esta propuesta dentro de su plan de gobierno por lo que se cuenta con sus votos para ello; esto es 73 parlamentarios. El solo apoyo del partido de Peruanos Por el Kambio, quien en su plan de gobierno también se mostraron a favor de medidas anticorrupción, lograría sumarle 18 votos a favor. Estos parlamentarios suman 91 votos sin contar a las demás bancadas. Aunque la aprobación por unanimidad de ello sería un mensaje a la sociedad civil sobre la lucha confrontacional del Congreso de la República en contra de la corrupción.


[1] http://www.minjus.gob.pe/anticorrupcion/anticorrupcion-estructura-organizacional/

[2] http://elcomercio.pe/politica/actualidad/tremenda-desconfianza-opinion-ciudadana-sobre-instituciones-noticia-1842421

[3] http://enfoquederecho.com/publico/editorial-recuperemos-el-cnm/

[4] http://www.idl.org.pe/node/482

 

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Miembro del consejo editorial de Enfoque Derecho, asistente de redacción de SEMANAeconómica, y director de la comisión de Comunicaciones del Equipo de Derecho Ambiental (EDERA).

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