DesUnión Europea y violencia machista: un reto inalcanzable

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Por Pilar Rodríguez, estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho y Política de la Universidad de Murcia.  

Desde el comienzo de nuestro tiempo, la igualdad de género (concepto diferente al sexo, que no incluye los componentes sociológicos que dotan de la condición de varón/mujer a un individuo por aspectos complementarios a los puramente biológicos) ha sido un asunto de gran controversia. En la Antigua Grecia, la existencia de las mujeres no tenía más sentido que el de satisfacción de las necesidades básicas del hombre (reproductivos, generalmente). En Roma, por su parte, la pertenencia (en el sentido más puro de “usu fructo”) de la mujer se dividía en dos etapas diferentes en su vida: la época en la que pertenecía a su padre y la época en la que dependía de su marido.

Teniendo en cuenta los antecedentes clásicos que inspiraron la cultura liberal occidental, no es de extrañar que en la actualidad este asunto, al igual que tantos otros de la época clásica, siga siendo un debate de rabiosa actualidad.

Como decíamos anteriormente, tras las Guerras Mundiales, Europa volvió a recuperar el espíritu perdido de los clásicos. Dentro de ese avance sociológico, la igualdad de género sufrió una evolución sin parangón: las mujeres comenzaron a tener derechos sociales y políticos, los índices de alfabetización aumentaron y la desigualdad empezó a formar parte de un mal recuerdo del pasado comparable a la esclavitud o el racismo. Sin embargo, dentro de la igualdad de género, la violencia machista supuso un reto cuya consideración jurídica no podía resultar irrelevante.

Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, hoy en día una de cada tres mujeres europeas afirma haber sufrido violencia de género desde cualquiera de sus aspectos: físico o psicológico. Los datos, si bien dramáticos en general, no dejan de ser sorprendentes en el ámbito particular: 52% de mujeres maltratadas en Dinamarca, 47% en Finlandia, 46% en Suecia y 45% en Países Bajos. Con estadísticas tan sorprendentes, el marco jurídico comunitario no podía escapar a una regulación conjunta entre los países miembros de una Unión que aspira a formalizar la unidad jurídica en los asuntos principales que atañen a los Estados. En este sentido, los órganos legislativos comunitarios han diferenciado entre las líneas de acción estructural, destinadas a cambiar las estructuras propias de los países (actos legislativos), y las líneas de acción directa, de apoyo personalizado a las mujeres víctimas de esta lacra.

El germen de estas políticas podemos remontarlo a la propia Constitución de la Comunidad Económica del Carbón y el Acero en 1957 (precursora de la actual Unión Europea), en la que la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres fue incluída en su artículo 119. En desarrollo a esta medida, varias directivas emanadas de los órganos ejecutivos comunitarios obligaban a los países miembros a tomar consideración sobre este asunto, obligándoles a reforzar la protección de la mujer en todo ámbito.

Sin embargo, el propio carácter de la Unión Europea dificulta que exista una realidad legislativa común entre los países miembros, derivada de las grandes diferencias existentes entre los propios sistemas jurídicos de los distintos países en general y la aplicación del Derecho Penal en particular ( por ejemplo, las leyes consuetudinarias en Reino Unido y la rigidez del sistema escrito en los países latinos). De esta forma, las líneas maestras contra la violencia de género se tratan desde un punto de vista más político que jurídico y, además, tratadas subsidiariamente respecto a la igualdad de oportunidades. Lo cierto es que las directivas y distintas comisiones (tales como la desarrollada a raíz del Tratado de Roma para la igualdad de género) han emitido informes de manera constante sin una solución práctica aplicable en conjunto para todos los países miembros.

Entonces, en un conjunto de Estados miembro que aspiran a una unidad económica y legislativa común, la violencia de género sigue siendo un asunto de trato totalmente dispar en los países miembros. Si bien un ciudadano europeo puede transitar y comerciar libremente dentro del territorio común, maltratar física o psicológicamente a su pareja sentimental será castigado con más severidad en países como España con respecto a otros como Alemania, que ni siquiera poseen un marco jurídico específico para este delito.

En este sentido, una de las últimas esperanzas de nuestro tiempo es el desarrollo del “Proyecto Daphne”, celebrado en 2013 en la ciudad francesa de Nimes. En ella, especialistas sobre la materia (abogados, fiscales y víctimas) de los distintos países miembros quisieron llegar a una serie de conclusiones comunes para proponer un proyecto legislativo comunitario. Hoy, casi dos años después, aquellos esfuerzos siguen siendo una ficción que, por ahora, las leyes europeas parecen ser incapaces de realizar.

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