Editorial: Educación inclusiva y la comunidad LGTBI

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Cuando Sergio Urrego Reyes, estudiante colombiano de 16 años, le dio un beso a su pareja en la escuela bogotana Gimnasio Castillo Campestre, se le acusó de haber vulnerado las normas del Manual de Convivencia Escolar implementado en su colegio, por haber incurrido en “manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares”. Tanto él como su pareja fueron enviados al psicólogo escolar. Los padres del joven fueron citados a la escuela, pero como solamente asistió la madre, el colegio se rehusó a dictar clases al joven hasta que ambos padres asistieran a la reunión. Cuando finalmente lo hicieron, se les informó que los padres de la pareja de Sergio presentarían una denuncia por acoso sexual, respaldados por el colegio, a pesar de que ambos adolescentes aseguraban tener una relación de forma voluntaria. Cuando la madre optó por retirarlo del colegio, la carga discriminatoria ya había generado severos daños, y Sergio Urrego Reyes terminó con su propia vida, dejando prueba escrita de que nunca había ocurrido acoso alguno. Esta situación generó que la madre de Sergio interpusiera una acción de tutela en contra de las autoridades del colegio. Así, hace pocos días, la Corte Constitucional de Colombia emitió sentencia sobre este caso y declaró que el colegio había vulnerado los derechos fundamentales del joven. Ante esta situación, el presente editorial busca analizar dicha resolución y enfatizar la importancia de implementar políticas en los servicios educativos para promover el respeto hacia la diversidad sexual.

Para empezar, es menester explicar los fundamentos de la sentencia. Con respecto a las vulneraciones de derechos, la Corte Constitucional determinó que las medidas tomadas por el colegio violaron el derecho a la educación, la igualdad y no discriminación, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad del menor, entre otros. En razón a ello, ordenó que el representante legal del colegio realice un acto público de desagravio, reconociendo el respeto que se debió prestar a Sergio Urrego. Asimismo, con vistas a los cambios a largo plazo, se encomendó al Ministerio de Educación que ejecute políticas que busquen garantizar la buena convivencia y respeto hacia la diversidad sexual e identidad de género, y la implementación definitiva de un Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Dentro de este, se enfatizó la necesidad de “implementar (…) al  programa de desarrollo de competencias ciudadanas, la educación para el ejercicio de los derechos humanos –en particular el derecho a la identidad sexual- e incorporarlos de manera expresa en los proyectos educativos institucionales de todos los colegios del país”.

Ahora bien, ¿cuál es la importancia de esta sentencia? ¿por qué es tan importante el respeto a la diversidad sexual y la identidad de género en los colegios? En la coyuntura actual, el desarrollo efectivo de estos derechos no se podrá lograr si los cambios legales no están acompañados de la enseñanza y promoción del respeto hacia esta población desde una edad temprana. Actitudes discriminatorias en los colegios, como las acciones tomadas por las autoridades del colegio Gimnasio Castillo Campestre, solamente fortalecen los prejuicios ya existentes en la sociedad latina. Por el contrario, la educación debería apuntar hacía la formación de ciudadanos respetuosos de la diversidad sexual y de género, así como de todos los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, toda vez que estos constituyen elementos y premisas básicas para que toda persona pueda desarrollarse y vivir libremente en sociedad. Permitir la generación de estigmas, concepciones privadas o estereotipos sobre estos temas en espacios de formación pública, implica seguir avalando que la comunidad funcione como camisa de fuerza hacia estas personas, sin justificación alguna, y que ello pueda traer una serie de daños hacia los afectados.

Para lograr esto, será necesaria la implementación de programas que desarrollen esta conciencia en los estudiantes, y pongan a su alcance una formación integral y respetuosa, a la cual no necesariamente pueden acceder fuera de la casa de estudios. De hecho, el marco legal colombiano, desde el 2013, cuenta con una ley que busca un sistema que forme a los estudiantes escolares en el ejercicio de los derechos humanos, fundamentada “en una concepción integral de la persona y la dignidad humana, en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes”. No debe quedar duda que la orientación sexual e identidad de género son elementos fundamentales en el desarrollo integral de los estudiantes, y solo respetando y valorando la diversidad de estos se puede garantizar una educación efectiva para el ejercicio de los derechos humanos.

Desde esta casa editorial, saludamos la sentencia emitida por la Corte Constitucional colombiana. Por todo lo expuesto, consideramos esencial que en la etapa educativa, se enseñe a los niños y adolescentes la importancia de garantizar un ambiente que permita la coexistencia de distintas formas de ser y el libre ejercicio de nuestros derechos. El Estado colombiano, a nivel judicial, legislativo y ejecutivo, muestra un ejemplo a seguir, tomando una actitud abierta hacia la diversidad sexual en el proceso educativo. En las luchas por la igualdad de género y orientación sexual, no es suficiente reconocer los derechos en el sistema legal, si es que no aseguramos que las generaciones futuras estén formadas de tal manera que permitan y aseguren que los derechos reconocidos se puedan ejercer efectiva y libremente. Es una batalla más, que en nuestro país tampoco debemos descuidar.

 

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Director: Marcelo Castilla | Consejo Editorial: Astridt Chuy, Darío Rodríguez, Flavia Martínez, Julio Casma, Kiara Bazán, Natalia Martinez, Roy Irribarren. Las opiniones expresadas en este artículo editorial representan únicamente las del consejo editorial de Enfoque Derecho, y no son emitidas en nombre de la Asociación Civil THĒMIS ni de ningún otro de sus miembros.

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