Editorial: Incertidumbre en el Gabinete

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El pasado 30 de marzo, la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, fue censurada debido a los actos de reglaje y espionaje efectuados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Transcurridos dos días desde su renuncia, el Presidente Ollanta Humala reestructuró el gabinete, nombrando como Primer Ministro a Pedro Cateriano, quien debe presentarse ante el pleno del Congeso en búsqueda del voto de confianza en los próximos 30 días. Sin embargo, su nombramiento no ha sido bien recibido por la oposición que lo ha considerado más bien una provocación. En este contexto, existen altas probabilidades de que se niegue la confianza al nuevo gabinete. Por ello, en el presente editorial abordaremos las implicancias de este indeseado escenario que mantiene en intriga a nuestro país.

Para comenzar, cabe analizar las figuras de censura y voto de confianza, ambas reguladas en el artículo 132 de la Constitución y en el artículo 86 del Reglamento de Congreso. Se tratan de mecanismos de control utilizados por el Poder Legislativo para hacer efectiva la responsabilidad política de un Ministro o del gabinete en general. Si bien ambas figuras tienen un objetivo común, existen diferencias sustanciales entre ellas. Así, la censura nace por iniciativa del Congreso luego de que un ministro sea interpelado, llamado a informar y/o se resista a ello, o luego de un debate en que intervenga por su propia voluntad. Mientras que la cuestión de confianza surge por iniciativa del Ejecutivo ante el nombramiento de un nuevo gabinete, el cual debe presentarse ante el pleno para exhibir su plan y política de gobierno para que que se le otorgue o se le niegue la confianza. Asimismo, difieren en cuanto a la votación requerida, pues la censura necesita mayoría absoluta y el voto de confianza requiere mayoría simple. Por eso, el gabinete de Cateriano solo requerirá de mayoría simple para su aprobación.

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Pasemos entonces al posible escenario alarmante: ¿qué pasa si Cateriano no recibe el voto de confianza? El gabinete entraría en crisis, y tanto el Premier como sus ministros se verían obligados a renunciar. Ahora bien, el artículo 134 de la Constitución otorga al Presidente la facultad de “disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, pues estaría “obstruyendo” su gobiernoDestacados especialistas como Víctor García Toma y Natale Amprimo consideran que la censura y el voto de confianza deben ser interpretados en el mismo sentido. Por ende, teniendo en cuenta la reciente censura de la Primera Ministra Ana Jara y la crisis ministerial que produjo su renuncia, bastaría con la negación del voto de confianza al gabinete de Cateriano para que Humala esté habilitado para disolver el Congreso. Sin embargo, tal como señala Enrique Bernales, debemos prestar atención al hecho de que el Presidente está facultado, mas no obligado a disolver el Congreso. En su lugar, puede simplemente aceptar la decisión del Parlamento y nombrar a un nuevo Gabinete. De igual manera, cabe recalcar que esta facultad no puede darse durante el último año de mandato, de manera tal que Humala solo puede aplicar esta medida hasta antes del próximo 28 de julio.

En caso se cumplan los supuestos y se efectúe la disolución, estaríamos ante la necesidad de gastar presupuesto público y demás recursos para elegir a un nuevo Congreso que duraría menos de un año, más aún si contamos el periodo de inactividad durante el verano. Tal como señala Carlos Blancas, debemos preguntarnos, ¿realmente vale la pena? La respuesta es evidente, pues se generarían más pérdidas que beneficios. Se trata de una situación muy similar a la discutida durante el proceso de revocatoria de Susana Villarán, implicaría que los partidos inviertan en campañas y que el Estado gaste recursos púbicos en la gestión de las elecciones; todo para un Congreso que carecería de un periodo lo suficientemente largo como para valer la pena.  Mientras tanto, la discusión y aprobación de proyectos de ley importantes como el de la despenalización del aborto por violación o la reforma del Código Penal quedarían estancados. Asimismo, las investigaciones de acusaciones constitucionales quedarían retrasadas.

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En conclusión, si se niega el voto de confianza al gabinete de Pedro Cateriano, Humala no se encuentra obligado a disolver el Congreso. Es más, de encontrarnos ante este escenario, lo más sensato de su parte sería aceptar la decisión del Parlamento y convocar a un nuevo gabinete con mayor consenso, pues como vimos en líneas anteriores, la disolución y convocatoria de nuevas elecciones solo genera más gasto y retrasa proyectos de ley necesarios. Es hora de que el gobierno se preocupe por dialogar con la oposición y llegar a acuerdos que eviten si quiera asomarnos a la posibilidad de una disolución.

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