“En la especulación política se incluye ya la «tiranía de la mayoría» entre los males contra los cuales debe ponerse en guardia la sociedad.”

JOHN STUART MILL, Sobre la Libertad (1859)

El pasado 15 de diciembre, con 78 votos a favor, fue censurado Jaime Saavedra, quien hasta hace unos días era el ministro de Educación del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Previa a la censura, se realizó una interpelación respaldada por las bancadas de Fuerza Popular y el APRA, en la que se le increpó al exministro la supuesta compra irregular de computadoras, bajo un convenio marco, y la demora en la organización de los Juegos Panamericanos, a llevarse a cabo el 2019 en nuestro país. Por otro lado, los opositores a la censura consideran que la interpelación fue un mero formalismo, ya que alegan que la decisión respecto a la permanencia de Saavedra ya estaba definida antes de su defensa ante el Congreso. A parte de ello, afirman que más que un ejercicio constitucional, la censura fue un uso arbitrario y abusivo de poder.

Pese a las protestas de muchos jóvenes, políticos, intelectuales y la ciudadanía en general, Jaime Saavedra fue finalmente censurado. Ello demostró que la fuerza de la mayoría congresal fujimorista es, por decirlo menos, implacable. En vista de esta realidad, ¿qué otras medidas podría tomar el fujimorismo con el poder que posee en el Parlamento?

La Constitución Política del Perú ofrece al Congreso ciertas potestades muy importantes en el acontecer político. Con una suficiente mayoría congresal, un partido o alianza política podría disponer arbitrariamente de estas prerrogativas. El uso inadecuado de este poder sería peligroso en el caso de la capacidad del Congreso para (i) nombrar a los altos funcionarios de los Organismos Constitucionalmente Autónomos, (ii) blindar políticamente a los congresistas o autoridades afines al partido mayoritario e impedir eventuales investigaciones, y (iii) gestionar la vacancia presidencial.

Un primer uso del poder de la mayoría congresal es la elección de las autoridades de los Organismos Constitucionalmente Autónomos. Esto se encuentra sustentado en diversos artículos de la Constitución. En el artículo N°. 201 , por ejemplo, se afirma que es necesario el voto favorable de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Por otro lado, el artículo N°. 161 de la Constitución establece que se requiere la misma cantidad de votos para elegir al Defensor del Pueblo; además. Por último, solo se necesita mayoría absoluta para designar a tres directores del Banco Central de Reserva y ratificar al presidente de la misma institución.

Con respecto a este punto, es importante recalcar que Fuerza Popular tiene la mayoría congresal con 73 escaños y ya ha demostrado que puede designar, según su posición, a las autoridades de algunos de estos organismos. Sin ir tan lejos, aprobaron recientemente la designación del titular de la Defensoría del Pueblo, así como la de Elmer Cuba, José Chlimper y Rafael Rey,  a la dirección del Banco Central de Reserva; a pesar de los graves cuestionamientos en cuanto a la experiencia y capacidad de estas personas para el cargo.

Sobre la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, al igual que en el caso del Defensor del Pueblo, la mayoría fujimorista y sus aliados han demostrado contar con los votos necesarios para hacerlo. Ante ello, es importante recalcar lo peligroso de nombrar personas que solo velen por los intereses de un partido y no por los de toda la población, en una institución tan importante como esta. Un ejemplo de ello es lo que sucedió en las postrimerías del fujimorato, época en la que algunos miembros de este órgano criticaron la Ley de interpretación Auténtica, la cual le permitía a Fujimori ser reelecto por segunda vez. Como reacción a esta crítica, dichos magistrados fueron destituidos.

Otro uso posible de la mayoría es el blindaje de congresistas fuerzapopulistas o de sus aliados frente a una investigación o posterior pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

Para explicar ello es preciso citar al artículo 93 de la Constitución, allí se afirma que los Congresistas podrán ser procesados o ir presos con la autorización previa del Congreso. Esta disposición se detalla en el artículo N°. 16 del Reglamento del Congreso, cuyo texto refiere que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria se hará efectiva al contar con el voto de la mitad más uno del número legal de Congresistas.

A partir de lo mencionado se infiere que la mayoría parlamentaria fujimorista puede, eventualmente, blindar a algún congresista de sus filas ante una acusación penal, al votar en contra o, simplemente, al abstenerse de hacerlo. Esto dejaría impune procesos de investigación que podrían tener un corte gravísimo, como el tráfico ilícito de drogas o lavado de activos, delitos con los que han sido vinculados anteriormente distintos congresistas de la bancada en mención.

Finalmente, la acción más preocupante que podría ejecutar esta mayoría parlamentaria es la aprobación de la vacancia presidencial. En referencia a esto, el artículo 113 de la Constitución detalla que el Presidente de la República, entre otras causales, puede ser vacado por incapacidad moral o física, previa declaración del Congreso.

Esto se lleva a cabo, en primer lugar, con la admisión del pedido de vacancia que requiere de la votación de por lo menos el 40% de Congresistas hábiles (número legal de Congresistas menos los suspendidos y los no incorporados). Finalmente, para su aprobación se requiere el voto de no menos de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Teniendo en cuenta la capacidad de conseguir adherentes de los parlamentarios fujimoristas con respecto a miembros de otras bancadas resultaría claramente posible que la vacancia presidencial prospere.

Con respecto a este último punto, es importante recalcar que el Presidente de la República ha sido incluido en la investigación preliminar, por presuntos actos de corrupción, en el caso Odebrecht, lo cual podría ser considerado por los parlamentarios fujimoristas y sus aliados como una acusación que denota su incapacidad moral. En el mismo sentido, se le podría relacionar, aunque de forma indirecta, con las supuestas compras irregulares de computadoras realizadas por el Ministerio de Educación, cuyo exministro fue censurado.

Ante este panorama es indispensable que la ciudadanía en general y, sobre todo, los medios de comunicación se mantengan atentos al accionar de la bancada fuerzapopulista. El poder que han demostrado detentar en el Congreso pone en grave peligro el equilibrio de poderes y por tanto, podría llevar a situaciones que comprometan la seguridad jurídica y la estabilidad política de nuestro país. El uso abusivo de estas prerrogativas en favor de los intereses de un partido puede llevarnos a una clara tiranía, a una tiranía de la mayoría congresal.

 

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