Tras la clausura de la Conferencia Anual de Ejecutivos – CADE 2015 en Paracas, Ica, el presidente Ollanta Humala declaró el estado de emergencia en la provincia constitucional del Callao, mediante Decreto Supremo N° 083-2015-PCM[1]. ¿Los motivos? El mandatario señaló que las autoridades del Callao lo exhortaron a que disponga esa medida para combatir la delincuencia, el sicariato y el narcotráfico presente en dicha región. Asimismo, Humala precisó que se están especificando las normas que van a regir esta disposición y que las Fuerzas Armadas (FFAA) solo entrarán en caso la Policía Nacional (PNP) lo requiera. Ante esta situación, el presente editorial buscará esclarecer si esta medida es la más idónea para combatir la delincuencia o si resultará una herramienta que podría llevar a más abusos en la zona.

Al respecto, cabe precisar en primer lugar qué es lo que implica un estado de emergencia. Esta figura se encuentra contemplada en el inciso 1 del artículo 137° de la Constitución[2]. En ella se establece que, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación, el presidente de la Nación, con la aprobación del Consejo de Ministros, puede decretar el estado de emergencia. Así también, el mandatario tiene la potestad de ordenar, si lo encuentra necesario, el control interno a las FFAA en sustitución a la PNP, o encomendarle ciertas funciones especiales.

Adicionalmente, el estado de emergencia es un estado de excepción en el que puede suspenderse o restringirse el ejercicio de una serie de derechos constitucionales. Estos son los siguientes: (i) libertad y la seguridad personales, las detenciones pueden ocurrir sin flagrancia o mandato judicial; (ii) inviolabilidad de domicilio, las fuerzas policiales y armadas pueden ingresar al domicilio sin flagrancia o mandato judicial; y (iii) libertad de reunión y de tránsito en el territorio, se suspenden las reuniones pacíficas sin armas y la libertad de circular en ciertos lugares u horarios. Todo ello con la finalidad de restablecer lo antes posible el orden y tranquilidad públicos de una región carente de ello. En efecto, en la región del Callao  se ha registrado el aumento de acciones de sicarios, balaceras y muertes en los últimos meses. Basta mencionar el caso Wilbur Castillo, quien fue disparado veinticinco veces por ocho sicarios en la Avenida Santa Rosa, cerca de un colegio y en pleno horario de ingreso.

Ahora bien, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, precisó que esta medida en el Callao regirá por 45 días, sin perjuicio de que el Ejecutivo pueda ampliar el plazo si lo considera necesario. Asimismo, se realizarán megaoperativos por lo menos cuatro veces a la semana, ello con ayuda de 160 agentes que se enviarán para apoyar en el patrullaje. Por otro lado, Pérez Guadalupe indicó que, por el momento, las FFAA no tendrán participación, pero la PNP sí podrá ingresar sin orden judicial a los domicilios usados como escondite de delincuentes o depósitos de armas. Finalmente, señaló que no se prohibirían las libertades de reunión ni se impondrá un toque de queda.

Cabe preguntarnos si el estado de emergencia, en este caso, resulta idóneo para lidiar con la delincuencia. Hay que precisar que las causas que motivan la restricción de los mencionados derechos deben tener conexión directa con la situación que dio origen al estado de emergencia. De este modo, en este tipo de situaciones se debe aplicar una serie de principios como límites al estado de emergencia: temporalidad, razonabilidad y proporcionalidad. El primero involucra que la medida de excepción debe ser por tiempo limitado; en caso del estado de emergencia, nuestra Carta Magna establece explícitamente el tiempo máximo de sesenta días. El segundo implica que esta responda a criterios de racionalidad y no arbitrariedad. Finalmente, el tercero consiste en que la medida sea idónea y necesaria, en tanto no existirían otras alternativas para encarar el conflicto, y así se aseguraría que esta responda directamente a la gravedad del problema.

Si bien el estado de emergencia es una vía efectiva para realizar los operativos o batidos que serían respuestas acertadas ante la delincuencia en las calles, existen medidas alternativas que podrían haberse tomado antes de declarar el estado de emergencia. El hecho que sea una vía idónea no la convierte en necesaria y mucho menos proporcional. Para empezar, el gobierno central parece no haber identificado los orígenes de la situación actual del Callao, por lo que no están estableciendo las garantías necesarias para que la situación no se vuelva a repetir. Esto último podría haberse logrado mediante un fortalecimiento de la institucionalidad de la PNP en la región, además de reformas legislativas direccionadas a combatir a las cabezas de estos grupos criminales y reducir los niveles de corrupción.

Así como estas y otras alternativas, el estado de emergencia se refleja como una medida innecesaria y pasajera que quizás aparente seguridad pero que no garantiza una respuesta adecuada para combatir directamente a la delincuencia, el sicariato y el narcotráfico. Desde esta tribuna, hacemos un llamado a que el gobierno no se limite a acciones con resultados inciertos, sino a la lucha integral y sistemática contra grandes problemáticas presentes en el Callao y el resto del Perú.


[1] Publicado el 4 de diciembre de 2015 en el diario oficial El Peruano.

[2] Constitución Política del Perú.

Artículo 137.- El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción que en este artículo se contemplan:

  1. Estado de emergencia, en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación.  En esta eventualidad, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo.  En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie.

El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta días. Su prórroga requiere nuevo decreto. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República. (…)

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